El anunciado relevo en el Banco de España, habida cuenta de que el actual gobernador, Miguel Ángel Fernández Ordóñez, abandona el cargo el día 10 de junio, puede abrir un nuevo conflicto jurídico entre dos leyes sobre si el candidato debe o no comparecer previamente ante el Congreso para ser examinado.  

  Esta situación deriva de la Ley de 2006 de Conflicto de Intereses de los Altos Cargos, que dejó establecido que los candidatos a los órganos constitucionales y reguladores debe ser sometidos a un examen en el Congreso "con carácter previo al nombramiento" para certificar su idoneidad para el puesto y la ausencia de incompatibilidades.  

  El conflicto jurídico ya se produjo con el presidente del Consejo de Estado, José Manuel Romay Beccaría, que no se sometió a examen previo porque el Gobierno, cuando le nombró, optó por seguir la ley específica de la institución, más antigua que la de 2006 pero de mayor rango por su carácter orgánico.

    Ante las protestas del PSOE, al final el Gobierno congeló el nombramiento hasta que Romay Beccaría compareció en el Congreso, donde pasó el examen sin problemas, y fue después cuando ya tomó posesión.

¿DE GUINDOS O EL CANDIDATO?   

 Con el Banco de España puede suceder ahora lo mismo, según aseguran a Europa Press fuentes parlamentarias. La ley del organismo regulador, de 1994, establece que el gobernador será nombrado por el Rey, a propuesta del presidente del Gobierno, y que, "con carácter previo", el ministro de Economía y Hacienda habrá de informar al Congreso sobre el candidato.  

  En cambio la citada ley de 2006 da a entender que quien debe ser examinado con carácter previo es el propio candidato a gobernador, pues habla de que el examen de idoneidad es exigible al "presidente y los miembros de los órganos rectores de cualquier organismo regulador y de supervisión".   

 La cuestión es que no hay mucho tiempo para decidir el procedimiento, habida cuenta de que Fernández Ordóñez ha anunciado su marcha para el día 10 y se espera que su sustituto esté ya en su despacho al día siguiente, lunes 11 de junio, cuando recibirá los resultados de las auditorías independientes sobre el sector financiero encargadas a dos empresas extranjeras.  

  Los ajustados plazos harían por tanto necesario que socialistas y "populares" negociaran esta decisión a lo largo de esta próxima semana, especialmente si es necesario que el candidato comparezca en la Cámara baja, si bien la presidenta de la Comisión de Economía, Elvira Rodríguez, ha confirmado a Europa Press que este órgano no tiene prevista ninguna sesión hasta la semana siguiente.

NOMBRES SOBRE LA MESA  

  En todo caso, se espera que esta vez el relevo en la cúpula del Banco de España se haga con consenso entre los dos grandes partidos, con opción a que el PSOE pueda aportar nombres para el puesto de subgobernador.  

  Hasta ahora despuntan tres nombres para suceder a Fernández Ordóñez: Luis María Linde, que acaba de ser nombrado consejero y cuya edad no le permitiría completar su mandato (todo gobernador debe dejar el cargo al cumplir 70 años); Fernando Bécquer, consejero autonómico y alto cargo del PP en los noventa y actualmente directivo de Iberdrola pero también de la nacionalizada Bankia; y José Luis González Páramo, que acaba ahora mandato en el Banco Central Europeo (BCE).   

 Como subgobernador y a sugerencia del PSOE se ha mencionado a Vicente Salas, el consejero del Banco de España que ha sido relevado hace sólo una semana.  

  Los socialistas se fían de la palabra del ministro Luis De Guindos de que elegirán a alguien con un "perfil profesional y adecuado" y esperan que no haya motivo para que tener que protestar. Por el mismo motivo, también confían en que el PP no les ponga trabas al nombre que propongan como subgobernador.

   Lo que sí han acordado los dos grandes partidos es negociar los nombramientos lo más cerca posible a la sucesión para evitar filtraciones y situaciones de interinidad. Ahí se decidirá quién presenta la propuesta al Parlamento, si es el ministro Luis De Guindos, como parece más probable, o se habilita una comparecencia del candidato a gobernador.