Las titular del Juzgado de Instrucción número 51 de Madrid, Carmen Rodríguez Medel, ha ordenado reagrupar la multitud de peticiones que quieren ser parte como acusación popular en la causa en la que investiga al delegado del Gobierno en Madrid, José Manuel Franco, por una presunta prevaricación administrativa al permitir la manifestación del 8-M.

Todas ellas, entre las que se encuentran Vox y Manos Limpias, entre otras, deberán prestar 1.000 euros de fianza e ir bajo la misma dirección letrada que cualquiera de las dos organizaciones que han formalizado su personación en primer lugar, que son la Asociación de Consumidores y Usuarios José María Mena y la Unión de Oficiales de la Guardia Civil Profesional, pudiendo elegir entre cualquiera de ellas. Manos Limpias ya ha anunciado que recurrirá la decisión.

En su auto, que tiene fecha de este jueves y al que ha tenido acceso Europa Press, la magistrada destaca además que el abogado Víctor Valladares, que fue el que interpuso la querella que dio lugar a estas actuaciones, y que se presenta en su propio nombre y en representación de Afectados por la Gestión del Coronavirus, ha prestado fianza pero todavía no ha designado letrado que defienda sus intereses (él no puede hacerlo al no estar colegiado). Y ello, según la juez, "a pesar de haber sido requerido en varias ocasiones para que se persone con los requisitos exigidos legalmente".

Los trámites para la personación se aceleran de cara a la semana que viene, puesto que la juez ha citado a Franco para interrogarle en calidad de investigado el próximo miércoles día 10, a lo que seguirá una jornada especialmente intensa el día 11 con la comparecencia de hasta 15 testigos.

Se trata de trabajadores de la Delegación y convocantes de manifestaciones en los días posteriores a la marcha feminista que habrían sido llamados desde la Delegación para que desistieran de reunirse debido al riesgo por covid-19, según se defiende en dos informes remitidos al juzgado por la Guardia Civil.

Hasta el momento, la juez ha denegado varias personaciones, como la del letrado Javier Fernández Torres, al no cumplir su escrito con los requisitos exigidos en la Ley de Enjuiciamiento Crimal (LeCrim); y de la asociación Derecho a Decidir, por no cumplir tampoco con las cuestiones formales y por dirigir su acusación contra Fernando Simón Soria, "que no ostenta la condición de denunciado en este procedimiento", según ha venido insistiendo en sus últimas resoluciones.

La Unión de Oficiales censura el uso

generalizado de expresiones como policía

política y las alusiones al golpismo

Unión de Oficiales, asociación profesional con representación en el Consejo de la Guardia Civil, ha pedido este viernes que los políticos se centren en la gestión de la crisis sanitaria por el coronavirus y dejen de usar expresiones genéricas como policía política y las alusiones al golpismo.

"Afirmar desde una tribuna que la Guardia Civil es una policía patriótica o que un grupo de agentes busca desestabilizar al Gobierno, definiéndolos de elementos reaccionarios e incluso expresiones en términos como golpe de Estado seguramente no sea la mejor imagen", señala la asociación sin mencionar ningún político en concreto.

En un comunicado, menciona el cese del coronel Diego Pérez de los Cobos como jefe de la Comandancia de Madrid y pide que sea la titular del Juzgado de instrucción 51, Carmen Rodríguez-Medel, quien determine si ha habido "injerencias".

La Unión de Oficiales se dirigen a los "señores políticos" para pedirles que "gestiones y planifiquen la mejor manera de abordar la crisis sanitaria y económica", y concluye: "Dejen de echar cortinas de humo con el único afán de difuminar sus propias miserias".