La admisión, dada a conocer casi tres horas después de reunirse el Pleno, conlleva la suspensión durante al menos cinco meses de la convocatoria y la de sus actos de preparación con fecha del pasado viernes, que fue cuando se presentó el recurso, en cumplimiento del artículo 161.2 de la Constitución.

La providencia no incluye advertencia expresa al Govern sobre la obligación del cumplimiento de dicha suspensión vía el artículo 87.1 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional (LOTC), a pesar de haberlo solicitado la Abogacía del Estado en el texto de la impugnación. Este artículo establece que "todos los poderes públicos están obligados al cumplimiento de lo que el Tribunal Constitucional resuelva".

El Ejecutivo aportaba como pruebas de incumplimiento de la Constitución la web 'participa2014.cat', las comunicaciones de la Ejecutivo autonómico, la orden a los medios de incluir publicidad gratuita e incluso vídeos con intervenciones públicas del presidente catalán, Artur Más, su vicepresidenta, Joana Ortega, y el portavoz de la Generalitat, Francesc Homs.

Tras la admisión a trámite, y como consecuencia de la aplicación del citado artículo 161.2, el tribunal de garantías establece que debe entenderse que quedan en suspenso "los actos impugnados (*) así como las restantes actuaciones de preparación de dicha consulta o vinculadas a ella".

20 DÍAS PARA ALEGAR

El tribunal acuerda también dar traslado de la demanda al Gobierno de la Generalitat, que dispone de un plazo de 20 días para formular las alegaciones que considere convenientes.

Se ordena igualmente publicar la incoación de la impugnación en el Boletín Oficial del Estado y en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, lo que supone la suspensión de los actos previstos de cara a terceros.

Esta admisión, según ha informado el TC, no supone pronunciamiento alguno sobre el fondo del recurso, que se resolverá en próximas fechas.

Además del recurso de la Abogacía del Estado, los doce magistrados del Tribunal Constitucional tenían sobre la mesa un escrito del Gobierno catalán que pide que la iniciativa del Ejecutivo no se admita a trámite por entender que supone un "uso desproporcionado y abusivo" del derecho. Se ha limitado a incorporarlo a las actuaciones.

Los Servicios Jurídicos del Estado alegan en su impugnación que la nueva convocatoria vulnera los artículos 1.2 y 2, 23, 81, 92, 149.1.32º y 168" de la Constitución. El Ejecutivo solicitaba al alto tribunal que suspendiera la convocatoria y anule todos los actos "tendentes a preparar la consulta", así como cualquier actuación "aún no formalizada jurídicamente".

A diferencia de lo ocurrido con este recurso, el presentado contra el decreto de convocatoria de la consulta inicial y contra la Ley aprobada para darle cobertura legal tuvo que resolverse en una semana en la que inicialmente el TC no tenía previsto Pleno ordinario, por lo que convocó uno de urgencia apenas siete horas después de presentarse las impugnaciones.

De hecho, y de forma inédita, el Pleno emitió un comunicado en el que explicaba que su premura en reunirse y resolver el asunto obedecía a que era consciente de "la trascendencia constitucional y política de las cuestiones planteadas". Añadía que esta trascendencia en resolver debía entenderse "para la sociedad española en su conjunto y, en particular, para la catalana". Estas explicaciones no se han dado en esta ocasión.

El Govern mantiene el 9N y demandará al

Gobierno en el TS por la libertad de

expresión

El portavoz de la Generalitat, Francesc Homs, ha afirmado este martes que el Govern mantiene el 9N aunque el Tribunal Constitucional (TC) haya aprobado por unanimidad suspender el proceso participativo y sus actos de preparación, y ha anunciado que demandará al Ejecutivo central ante el Tribunal Supremo (TS).

En rueda de prensa tras el Consell Executiu del Govern, ha explicado que la demanda contra el Gobierno central será por "atentar contra el derecho de participación, contra el derecho de la libertad de expresión y contra el derecho de libertad ideológica".

También ha dicho que "todo está a punto para el 9N y el Govern mantiene el proceso participativo, que es una forma de garantizar la libertad de expresión".

Además, la Generalitat se defenderá ante la decisión del TC de este mismo martes: "Presentaremos alegaciones para hacer entender que lo que el Gobierno español quiere prohibir no lo hacemos desde octubre".

El presidente Artur Mas ha pedido reunir el Pacte Nacional pel Dret a Decidir, porque "hay que estar unidos para defender todos juntos y con rotundidad la libertad de expresión".