Además, cita ese mismo día a las 10.30 horas al extesorero Andreu Viloca en calidad de testigo --por lo que al estar investigado en la causa del Juzgado de Instrucción 1 de El Vendrell (Tarragona) deberá comparecer con abogado-- porque considera que por su cargo puede tener conocimiento directo de los hechos atribuidos a Gordó, en una providencia recogida por Europa Press.

La Sala Civil y Penal del TSJC se declaró competente para investigar a Gordó --dada su condición de aforado al ser diputado-- y abrió diligencias contra él por los supuestos delitos de tráfico de influencias, prevaricación y malversación de fondos públicos.

El TSJC abrió investigación al exconseller después de la petición de apertura de diligencias por parte del juez de El Vendrell que investiga el caso 3%, y que sigue con la causa sobre el resto de investigados.

Gordó ha defendido en varias ocasiones que no ha cometido ilegalidades en la financiación de CDC, y en una comparecencia en el Parlament, sostuvo que siempre había actuado de acuerdo con el ordenamiento jurídico y negó que las reuniones que mantuvo con empresarios siendo secretario del Govern estuviesen relacionadas con la supuesta financiación ilegal de CDC.

"Claro que me he reunido con empresarios. Sólo faltaría. Y con sindicatos, entidades culturales, colegios profesionales,... Con todos los que me lo pedían", explicó sobre las relaciones con supuestos casos de corrupción que afectan a CDC.

Según el TSJC, Gordó supuestamente medió para requerir "cuantiosas donaciones" a determinadas empresas que aspiraban a conseguir adjudicaciones de obras públicas, para dos fundaciones vinculadas a CDC: Catdem y Fòrum Barcelona.

NEGOCIOS CON EMPRESARIO

Consiguió presuntamente que Copisa donase 100.000 euros en 2012 a estas fundaciones afines a CDC a cambio de que el Consorci d'Educació de Barcelona --integrado por la Generalitat y el Ayuntamiento-- adjudicase a esta empresa el mantenimiento de diversos edificios escolares por 4,7 millones de euros.

El ahora diputado también medió supuestamente para que la Autoridad Portuaria de Barcelona adjudicase a una unión temporal de empresas, de la que formaba parte Copisa, las obras en un dique de la infraestructura portuaria por 39 millones de euros.

En ambos casos, Gordó presuntamente "negoció personalmente los importes de las licitaciones y de las donaciones y las fechas de las adjudicaciones y las entregas correspondientes" con el que era consejero delegado de Copisa, Francesc Xavier Tauler, también investigado.

Gordó supuestamente también logró que la constructora Pasquina donase a Catdem y Fòrum Barcelona 147.000 euros entre 2014 y 2015 a cambio de que la empresa pública Infraestructures de la Generalitat de Catalunya (Gisa) le adjudicase obras de mejora en la carretera C-55, por 2 millones de euros, y otros trabajos de conservación en carreteras en Berga (Barcelona), en este caso por 7,2 millones.

El TSJC destaca que Gordó obtuvo "diversos regalos personales" de la empresa Oproler, aprovechando sus relaciones personales y políticas con el responsable de la firma Josep Maria Bassols, y pudo mediar para que Gisa les adjudicara unas obras en el instituto Lluís de Peguera de Manresa (Barcelona) por 2,6 millones de euros en octubre de 2012.

LA EXPOSICIÓN RAZONADA

El juez de El Vendrell remitió al TSJC una exposición razonada con todos estos indicios delictivos que detectó durante la investigación, especialmente en las diversas entradas y registros practicadas en la sede de CDC, fundaciones afines, empresas y domicilios particulares.

Especialmente, el escrito del juez aludía a la aparición del nombre del exconseller en agentes y en libretas con anotaciones manuscritas y demás documentos, además de las declaraciones judiciales de varios de los investigados y testigos.