Los españoles de bien llevamos décadas soportando el acoso que la izquierda y los partidos antiespañoles vienen cometiendo con total impunidad. Actos de coacción y amedrentamiento de los que no solamente salen de rositas por la pasividad del Ministerio del Interior y la Fiscalía, sino que quedan amparados por la corrección política, hasta el punto de que sus coacciones y agresiones son catalogadas por los medios de comunicación, los partidos de izquierda y los secesionistas, como manifestaciones democráticas de libertad de expresión.

Pero no ya solo eso, dichos actos -de indudable naturaleza delictiva- son protegidos por los jueces izquierdistas y secesionistas, quienes tienen por costumbre absolver a los delincuentes y justificar los numeritos cometidos por sus conmilitones ideológicos.

No hace falta irse uno muy lejos en el tiempo para recordar los asaltos a supermercados por parte de los comunistas andaluces –con Sánchez Gordillo a la cabeza- y cómo fueron absueltos por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía al considerar que los mismos se enmarcan dentro de la "presión ambiental típica de un piquete" y "sin más arma que la palabra, el ruido o la presencia física".

Tampoco podemos olvidarnos de los escraches a los políticos del PP por los comandos izquierdistas de Stop Desahucios o de los sindicalistas como, por ejemplo, el que sufrió el coordinador de Presidencia de Canarias, D. Claudio Rivero, a manos del –ni más ni menos que- presidente del Comité de Empresa del Ayuntamiento de las Palmas de Gran Canaria. En esta ocasión el juez de instrucción absolvió a los agresores sobre la base de que las agresiones entran en su sueldo de los cargos públicos, ya que "el nivel de crítica admisible es muy superior al que tuviera que soportar un particular (y) Lo que para otros ciudadanos sin responsabilidades públicas hubiera podido constituir un cuadro de humillación es al menos dudoso que lo sea para un cargo público".

El propio presidente del Tribunal Supremo, Gonzalo Moliner, defendió que los escraches son un ejemplo de la libertad de manifestación, eso sí, parece que siempre que los mismos sean protagonizados por izquierdistas y separatistas, porque cuando son ejercidos contra la izquierda o los separatistas, entonces se desencadena una feroz caza de brujas.

Esta misma semana también pudimos ver en los telediarios cómo un grupo de supuestos estudiantes irrumpían en la Universidad de Murcia y saboteaban un acto académico, sin que se haya escuchado a ningún partido político criticarlo, ni proponer una condena expresa por parte del Congreso de los Diputados.

La lista de agravios y asaltos sería interminable de relatar, pero a todos nos vienen a la cabeza una serie de deleznables episodios tales como el patético asalto en turbopáquet (y con el carné de diputado del Congreso de los Diputados del Reino de España entre los dientes) de los imperialistas catalanistas al chalé de PJ en Mallorca; la reiterada quema de banderas españolas y retratos del Rey en los akelarres separatistas; las coacciones en los plenos de ayuntamientos en Vascongadas y Cataluña o el actual sabotaje de los profesores baleares (lacayos del imperialismo catalanista) al derecho de los niños a la educación y a la escolarización.

Los enemigos de España están acostumbrados a que sus actos les salgan gratis, amparados por los poderes del Estado y la pasividad ovejuna del pueblo español, que no reacciona ante los ataques de sus enemigos más feroces: los interiores.

Así que por fin, el pasado 11 de septiembre, un grupo de alegres muchachos ha pasado a la acción y, en un ejercicio impecable de libertad de expresión irrumpieron (al igual que Sánchez Gordillo), "sin más arma que la palabra, el ruido o la presencia física", en una de las sedes del gobierno antiespañol de la Generalidad de Cataluña al grito de "no nos engañan, Cataluña es España". Un acto de democrática rebeldía en el que sólo ha de lamentarse el empujoncito que recibió el diputado anticatalán del Congreso de los Diputados del Reino de España (Sr. Sánchez Llibre), al tratar de impedir la democrática manifestación de libertad de expresión de tan entusiastas jóvenes. Actitud antidemocrática del diputado secesionista que debiera ser duramente censurada por totalitaria e inquisitorial, al pretender cercenar el derecho a expresarse de la jovial y bullanguera pandilla de muchachos.

Lo más triste de todo el incidente fue la unánime actitud papanatas de los medios de comunicación, tertulianos y partidos políticos. Lamentable la moción de declaración de condena del Congreso Español de los Diputados y la actitud genuflexa del Partido Popular consolando a los ahora nerviosos secesionistas ¿Dónde están las condenas del Congreso a los escraches de la izquierda y los separatistas? ¿Cómo puede aprobarse una declaración de condena sobre unos actos que, según la jurisprudencia y el Presidente del Tribunal Supremo, son totalmente legales? ¿Desde cuándo el ejercicio de un derecho fundamental puede ser objeto de condena por parte del Congreso de los Diputados? o ¿es que sólo los escraches de los separatistas y la izquierda son legales? Por fin los enemigos de España son pagados con su misma medicina.

Lo extraño es que hayamos tenido que esperar 30 años para que alguien reaccione ¡Desperta ferro!