La iniciativa original fue presentada por la diputada del BNG, Olaia Fernández Davila, pero finalmente los nacionalistas han consensuado un texto con el PSOE,  en el que, entre otros aspectos, solicitaban que el Ejecutivo iniciase dichas conversaciones con los representantes de la Iglesia Católica.    Más concretamente, pedían que en esa revisión se procediera en los aspectos legales, educativos, culturales, económicos y respecto a la presencia religiosa en las Fuerzas Armadas, que contemplan dichos acuerdos.  

  Se trata de la primera vez que el PSOE ha presentado en el Congreso de forma expresa una iniciativa pidiendo la revisión de los acuerdos de 1979 entre el Estado y la Santa Sede, en la que justifica el objetivo de asegurar y defender la laicidad del Estado español.

   PSOE y BNG solicitaban a su vez el establecimiento de un tratamiento fiscal de las distintas confesiones religiosas, igual que el del resto de instituciones que aseguren el pago de impuestos en igualdad de condiciones.

   Además, pedían la elaboración de una Ley de Libertad de conciencia y religiosa que evite privilegios y discriminaciones por razón de convicciones y creencias y que garantice la laicidad en los espacios públicos y actos públicos, para que no exista confusión entre lo público y lo religioso.

 CARACTER ACONFESIONAL

   En concreto, la Constitución de 1978 declara que "ninguna confesión tendrá carácter estatal", un hecho que supuso la superación del estatus confesional que el Estado español mantenía hasta esa fecha, en virtud del Concordato de 1953 con la Iglesia católica, y por el cual el Estado se identificaba con dicha religión.

   En 1976 se realizó un acuerdo entre el Estado español y la Santa Sede que fue desarrollado por tres instrumentos más: el acuerdo sobre la enseñanza y asuntos culturales, el de asuntos económicos, y el de asuntos jurídicos. Todos ellos fueron firmados y entraron en vigor en 1979.

   Así las cosas, Fernández Davila ha insistido en que esta revisión es necesaria "no sólo en el ámbito educativo y en el cultural" sino también a nivel económico y jurídico. En este sentido, argumenta entre otros aspectos que estos acuerdos se firmaron justo cuando la Constitución se acordó y empezó a desarrollar, en una situación histórica "incierta" y sin un marco constitucional "de referencia". "La realidad social es distinta a la de hace veinte años", ha puntualizado.

    Al mismo tiempo, ha criticado que la Iglesia está exenta del pago de impuestos y de bienes inmuebles y en un momento de crisis como el actual considera que "vendría muy bien" la recaudación de este impuesto.  

  Por su parte, el portavoz del PSOE en dicha comisión parlamentaria, Juan Moscoso, ha coincidido en el "fondo" de la iniciativa presentada por el BNG porque, según ha afirmado, la realidad social es hoy "muy diferente" a la de 1976 y 1979, cuando se firmaron dichos acuerdos entre el Estado y la Iglesia.

   "En el PSOE queremos garantizar la laicidad constitucional, especialmente en las instituciones públicas. Creemos que es la vía más adecuada o la única para garantizar la convivencia de creencias. Es preciso construir una idea de ciudadanía común en Europa evitando derivaciones que den pie al integrismo. Es la idea de diversidad y conveniencia", ha añadido.

   De igual forma, ha defendido la "separación total" entre el Estado y las confesiones religiosas, por lo que cree que hay suprimir también "privilegios claros" que existen con algunas confesiones religiosas en España.

 APOYO DE IU-ICV-CHA

   El acuerdo contó con el respaldo de la Izquierda Plural (IU-ICV-CHA), cuyo portavoz, Joan Josep Nuet considera que el concordato es preconstitucional y representa el "papel jugado por la jerarquía católica" en el país. "España no es un país confesional y cualquier aspecto que pueda evidenciarlo puede ser revocado y en último lugar porque la Iglesia católica es privada", ha advertido.  

  Por su parte, la diputada de UPyD, Irene Lozano, que también había presentado una enmienda aunque finalmente ha sido rechazada, ha defendido igualmente el laicismo del Estado porque considera que el Estado no debe cooperar con la religión y tiene que mantener una "escrupulosa neutralidad".

   Por el contrario, el PP, por boca del diputado Daniel Serrano, ha denunciado el hecho de que algunos grupos parlamentarios estén "obsesionados con enturbiar las relaciones del Estado español con la Santa Sede". Eso sí, su voto en contra a esta petición de PSOE y BNG pretende apelar a "criterios jurídicos y a la Constitución española", un modelo que, en su opinión, está basado en la "tolerancia y el respeto"  

  "Ese exceso jurídico responde más a una izquierda que tiene aversión a lo católico. En definitiva, quieren poner patas arriba todo el marco del acuerdo entre el Estado y la Santa Sede que no encajaría en nuestro marco institucional", ha argumentado, al mismo tiempo que ha precisado que España no es el único país con acuerdos con la Santa Sede.  

  Desde CiU, Toni Picó ha especificado que España es un país aconfesional y su posición al respecto es de respeto al marco constitucional, a pesar de que deba respetarse el hecho de que existan personas religiosas