Por el momento, están siendo apoyados por los gobiernos de la OCDE, y no por amor a España, sino porque la implicación del sistema financiero internacional en nuestra gran economía es de tal magnitud, que su caída desencadenaría una catástrofe bancaria y monetaria sin precedentes en la historia de la humanidad.

  El caso es que el apuntalamiento del actual régimen político-económico sirve de poco ante un panorama español que, 3 años después del comienzo del estallido de la burbuja inmobiliaria, es una tragedia griega: cinco millones de parados, bastante más de un 50% de paro juvenil, desplome de la recaudación impositiva, bancos y cajas con unos asombrosos índices de morosidad y unos grados catastróficos de insolvencia e iliquidez que se ocultan con la complicidad del Banco de España, el Banco Central Europeo y la “mirada hacia otro lado” de la banca internacional, ya que entre la deuda pública y privada España debe al exterior el 170% de su PIB. Esto último no es dramático “per se”, ya que por ejemplo países similares como Gran Bretaña, Francia o Alemania tienen un 395%, 175% y 185% respectivamente, sino que es preocupante por cuanto no se sabe cómo demonios va a devolver España toda esa deuda, dado el calamitoso estado de su economía.

  Y es que nuestro país está especializado no sólo en turismo, sino en manufacturas de baja y media tecnología, es decir, igual que muchos países en desarrollo. Este es el motivo por el que minimizar los costes laborales es de crucial importancia para conservar la competitividad internacional de nuestras empresas. Sin embargo ésta es una batalla perdida: cualquier español sabe que las condiciones laborales nacionales se han tornado terribles en los últimos 15 años (contratos inestables, salarios irrisorios y jornadas interminables) y sin embargo ello no ha mejorado nuestra competitividad respecto a países que, como China, compiten de forma desleal, (fijando precios de la mano de obra, permitiendo jornadas esclavistas, prohibiendo sindicatos y manipulando el tipo de cambio de su divisa). De hecho nuestra tasa de paro alcanza hoy un 20% oficial.

  Otro talón de Aquiles español es la política energética, que pretende ofrecer energía a bajo precio a la vez que desarrollar -como hacen EEUU, China, Alemania, Francia o Japón- una industria puntera de energías renovables. Sin embargo, por un lado es imposible ofrecer energía barata sin recurrir a la energía nuclear, rechazada por la moratoria nuclear que impulsó el PSOE en 1984 y consagró el PP tras llegar al poder. También fue el PP el responsable del “déficit de tarifa” (desfase entre el -supuesto- coste de producción de la energía eléctrica en España y el precio al que el gobierno deseaba vender la energía) asumido por las eléctricas hasta 2010. Durante los últimos años el importe del déficit de tarifa acumulado ha crecido explosivamente debido a los costes del “régimen especial” o, en cristiano, subvenciones a las energías renovables y la cogeneración. Hoy son casi 20.000 millones de euros que el Gobierno ha aceptado convertir en deuda pública.

  Para que se vea el tamaño del problema, sólo para 2010 se estima que el déficit en energías convencionales llega a los 4.000 millones de €, mientras que las primas al régimen especial rondarán los 5.800 millones. Y para que se sepa qué clase de incompetentes diseñan las políticas energéticas españolas, es preciso señalar que alrededor de un 37 % de las primas corresponden a la energía fotovoltaica que sólo genera el 4 % de la producción del régimen especial; mientras que el 35% de las primas van a la eólica que proporciona el 52%. Como beneficiarios de todo este embrollo, las empresas constructoras diversificadas en las eléctricas clásicas y las energías renovables, así como los bancos nacionales y extranjeros que financian tan elefantiásica deuda pública.

  Otra daga en el corazón de España es AENA, empresa pública responsable de la gestión aeroportuaria, que gestiona 47 aeropuertos de los cuales 30 son deficitarios. Muy rentable hasta 2004, hoy soporta una deuda de más de 12.000 millones de euros. El motivo son los gastos de construcción de nuevos aeropuertos (uno en Ciudad Real y otro en Huesca que sólo tuvo 8 viajeros en todo noviembre) así como de lujosas ampliaciones de otros (1ª y 2ª de El Prat y la T-4 de Barajas). Tal dispendio benefició a constructoras vinculadas a los partidos políticos, a los bancos que financiaron la deuda (9.000 millones bancos nacionales y 3.000 millones bancos extranjeros) y a los políticos regionales que pudieron hacerse una valiosa foto.

  Otro agujero negro es RENFE, cuya deuda histórica de 5.500 millones de euros fue asumida por el gobierno a partir del 2004 y que sólo desde entonces acumula otros 4.000 millones de euros de deuda. Ya no hablamos del caso de RTVE, cuya gestión es un cachondeo aún más descarado, ya que se eliminó la publicidad en TVE para poder justificar su existencia como “servicio público” y repartir este pedazo de tarta publicitaria a medios amigos, motivo por el que sólo en 2010 supuso un gasto (radio incluida) de casi 720 millones de euros.

  Sumémosle el “despiporre” financiero autonómico, la diarrea legislativa de sus parlamentos, el incierto importe de las subvenciones a sindicatos, empresarios, partidos políticos y empresas amigas y tendremos el escenario de un capitalismo un tanto peculiar, consistente en que el libre mercado es para los débiles y el intervencionismo para los poderosos.

  Visto el panorama, los inversores tienen sobradas razones para dudar de la solvencia de la deuda pública y privada española, y quien duda no compra nueva deuda, y si no se compra nueva deuda, no se pueden pagar los gastos del día a día. De hecho nadie nos la compraría si no se hubiese constituido a toda prisa un fondo de rescate pagado fundamentalmente por Alemania; tampoco funcionaría nuestra banca privada -paria internacional a quien ningún otro banco presta dinero- sin las jugosas inyecciones de dinero procedentes del Banco Central Europeo.

  El caos consecuente forzó a Zapatero a reunirse el 22 de septiembre con los tiburones de Wall Street, entre los cuales estaba Laurence Fink, mandamás de Blackrock (la mayor gestora mundial de fondos de inversión). Conociendo al presidente español, no extraña la insólita audiencia que el 27 de octubre debió conceder el rey Juan Carlos a Laurence Fink, a resultas de la cual el rey supuestamente “sugirió” a la Fundación Everis (presidida por Eduardo Serra) que el 15 de noviembre de 2010 le dirigiera una carta en la que destacadísimos empresarios españoles solicitaban al monarca “reformas económicas y del modelo de Estado”.

  El reciente repunte de la prima de riesgo de la deuda española fue un nuevo aviso de los grandes inversores internacionales para lanzar un nuevo paquete de medidas de ahorro, profundamente inhumano. Acto seguido el gobierno cubre con una cortina de humo el escándalo social, incitando una huelga salvaje de los controladores que deja a España colapsada. Lo más inquietante es que la solución consiste en la declaración, el 4 de diciembre de 2010, del “Estado de alarma”, contemplado en el artículo 116.2 de la Constitución, el cual impone graves restricciones de los derechos ciudadanos.

  Por el momento ya hay un antecedente que muchos justifican por el comportamiento miserable y estúpido del gremio de los controladores. Nuevas declaraciones del Estado de alarma o de un Estado de sitio no sólo no representarán ya una novedad sustancial, sino que serán presentadas por los medios afines al poder como una forma de mantener la “paz social” y la “democracia”.

  No hace falta ser muy listo para entender que, o el sistema político y económico se reforma a fondo, inteligente e inmediatamente, cueste lo que cueste y caiga quien caiga, o la situación económica lo hará colapsar desastrosamente. Huelga decir que muchos millones de “garrapatas” se van a resistir con uñas y dientes a perder la mamandurria (incluida la amiga-asesora de Pajín), pasando a alargar las kilométricas listas del paro. Antes preferirán llevar al régimen al límite de sus fuerzas.

  Los católicos podemos rezar a Dios, los ateos no sé.