Así lo han trasladado la ministra de Agricultura Rosa Aguilar  y la consejera del ramo de la Junta de Andalucía, Clara Aguilera, tras mantener una reunión en Almería con representantes de las organizaciones agrarias, a quienes han garantizado que el Ejecutivo va a "pelear" por que se pague "hasta el último kilo perdido" antes del próximo 15 de octubre.  

  La cuantía verificada por los inspectores de la Unión Europea (UE) está limitada a los cinco productos estipulados por el reglamento aprobado por la comisión, por lo que no incluye los "daños colaterales" ocasionados por las falsas acusaciones sobre el pepino español en sandía, melón y frutos de hueso. Aguilar ha anunciado que el Gobierno "seguirá trabajando" para que estos también sean compensados y, de este modo, se resarzan las pérdidas "en toda su realidad y dimensión".   

 Por su parte, Aguilera ha detallado que, en el caso de Andalucía como "comunidad más afectada" por la crisis sanitaria, las pérdidas de producto por la "no cosecha o cosecha en verde" afectan a un total de 2.421 hectáreas cuyo cultivo tuvo que ser "arrancado", lo que se traduce en un coste económico de 48,6 millones de euros para los productores.  

  A esta cuantificación hay que sumar, ha añadido, otros 6,67 millones de euros para poder compensar económicamente al sector por los 18,5 millones de kilos de tomates, lechugas, escarolas de hoja rizada y de hoja lisa, pepinos, pimientos y calabacines destinados al consumo en fresco que se tuvieron que retirar de la comercialización por falta de demanda y que fueron a parar a vertederos de residuos agrícolas.

   La ministra ha avanzado que, al margen de la cuantificación de daños económicos que ha sido verificada por los inspectores europeos en 71 millones de euros y que ha considerado "sólo un primer paso", el Ejecutivo continuará trabajando en dos vías para dar "respuesta" a las demandas de los agricultores en el ámbito de la UE. Por un lado, ha subrayado, se va a solicitar que se "reconozca" la retirada de producto entre el 26 de mayo y el 10 de junio que ha sido justificada mediante facturas que demuestran que "son pérdidas reales que deben ser respondidas por parte de la UE".  

  Por otra parte, ha anunciado que el España seguirá planteando la necesidad de que las indemnizaciones se amplíen e incorporen más productos como el melón, la sandía y el fruto de hueso "que se han visto afectadas en los precios de sus exportaciones debido a la crisis alimentaria".  

  "Cuando este martes conozcamos la cifra de daños económicos que se ha sido verificada en cada uno de los países miembros y, por tanto, que cuantía se va a consumir de los 210 millones de euros puestos encima de la mesa por la comisión, pediremos que se amplíe el ámbito para que resarzan los daños en toda su dimensión e intensidad", ha apuntillado.

CAMPAÑAS DE PROMOCIÓN.   

 Durante la reunión con las organizaciones agrarias, Aguilar ha trasladado, asimismo, que el Ejecutivo español se opone a que, tal y como ha marcado la CE, el sector se vea obligado a sufragar el 20 por ciento de presupuestos de las campañas de promoción de las frutas y hortalizas españolas. "No estamos de acuerdo en absoluto con que tengan que poner ni un solo euro. No es razonable, ni justo por lo que la CE debe responder al cien por ciento", ha asegurado tajante.

   Entre las primeras acciones que se van a adoptar en esta materia, ha detallado que se utilizarán durante el verano como soportes para publicidad "trenes, aviones y paradores nacionales de turismo" a través de los que se pretende incentivar "tanto el consumo interno como el de los visitantes" dando a conocer que los productos españoles "son de calidad, excelentes y seguros".  

  Ha trasladado, asimismo, que en septiembre volverá a haber un encuentro con la patronal agraria para abordar la realización de campañas de promoción "en Alemania y con Alemania" y concretar también "otro tipo de acciones comerciales".   

 La titular del MARM ha recalcado que el Gobierno español va a apostar con "rotundidad y claridad" por una reforma de la red de alertas sanitarias en el marco de la Unión Europea y por la articulación de "mecanismos suficientes para que se pueda responder de manera rápida y eficaz" ante crisis como la derivada de la bacteria "E.coli", así como por un sistema de trazabilidad a lo largo de todo el proceso "que pueda ser verificado por el consumidor".