Así, un 30 por ciento de los españoles dicen tener una imagen "buena" o "razonablemente buena" de la Justicia en su país, un dato que sólo mejora los de Eslovaquia (20% de su población) y de Bulgaria (cerca del 25%). Los datos, en el caso de España, se mantienen en la misma línea que la del año anterior.

En el ámbito empresarial, los resultados son similares y el estudio de Bruselas sobre los sistemas judiciales de sus Estados miembro muestra que en España el 30 por ciento aproximadamente de sus empresas tiene una imagen positiva de la independencia judicial, frente a cerca de un 60 por ciento con una percepción contraria.

En este caso, España se coloca en quinta posición a la cola, por detrás de Eslovaquia, Eslovenia, Bulgaria y Croacia.

Preguntados por las razones que les hacen dudar de la independencia del sistema, los españoles apuntan en su mayoría (cerca del 50%) a "interferencias o presiones del Gobierno y políticos", al igual que la mayoría de europeos.

Las presiones económicas y las vinculaciones de los jueces son otras de las principales causas de sospecha por parte de la opinión pública.

El informe aúna indicadores que miden la eficiencia, la calidad y la independencia de los sistemas judiciales de los Estados miembros, teniendo en cuenta desde la duración de los procesos y tasa de resolución, hasta las salvaguardas para preservar la independencia de los jueces o los recursos que se dedican al sistema y los medios que ofrece a los ciudadanos.

PREOCUPA ESTADO DE DERECHO EN POLONIA Y

HUNGRÍA

En el plano global, la Unión Europea cuenta cada vez con sistemas más eficaces, aunque persisten dificultades que resolver, según ha expuesto la comisaria de Justicia, Vera Jourova, en una rueda de prensa.

Jourova ha confirmado que el análisis se ha llevado a cabo "con pocos o ningún dato" de Polonia, cuyo Gobierno ultraconservador no ha colaborado con este proyecto, en medio de las fuertes tensiones con Bruselas por las dudas sobre el respeto del Estado de derecho en este país.

La comisaria ha admitido en su comparecencia ante los medios la "preocupación" del Ejecutivo comunitario por la tendencia que están tomando tanto el Gobierno polaco como el de Hungría, en donde el Gobierno de Viktor Orbán ha reformado una ley educativa que condena al cierre a la Universidad Centroeuropea (ECU) del estadounidense George Soros.

"Animo a los Estados miembros a velar por que cualquier reforma de la Justicia respete el Estado de derecho y la independencia judicial", ha dicho.

"Ya es hora de discutir la situación de Hungría en la Comisión", ha apuntado la comisaria, en referencia al debate que tendrá sobre este caso el Colegio de Comisarios el miércoles, a la luz de las "señales preocupantes" sobre medidas para reducir el poder de los ciudadanos y el pluralismo.