Uno de los últimos recados que nos dejó el nefasto ZP, antes de que le desalojáramos de La Moncloa, fue la reforma del marco laboral y de Seguridad Social de las empleadas del hogar. En virtud de la nueva normativa, las familias que contamos con la ayuda de una empleada doméstica nos convertimos en empresas, en PYMES. A partir de ahora tiene que constar un contrato laboral por escrito, hay que emitir nóminas, al tiempo que se establecen todo tipo de restricciones a la libre voluntad de las partes, con intromisiones inaceptables de corte socialista: salarios mínimos, horarios máximos, tiempos de descanso, prohibición del autoempleo, etc. Las relaciones entre la familia y la empleada pasan a equipararse a las existentes entre un empresario y un empleado cualquiera. Mismas formalidades, mismas obligaciones para el empleador, mismos privilegios para el asalariado y más costes y encarecimiento del empleo doméstico. Consecuencia: más paro, menos empleo doméstico y más pobreza.     

 Y es que la izquierda (y gran parte de la derecha) no puede evitarlo, se han empeñado en solucionarnos la vida, en hacernos felices. No pueden evitar imponernos lo que tenemos que hacer, en legislar, legislar y legislar. Es decir, en prohibir, prohibir y prohibir.

    El anterior sistema para las empleadas domésticas era un sistema bastante abierto y flexible, que dejaba enormes dosis de libertad de pactos a las partes, quienes acordaban personalmente las condiciones de la relación: cometidos, horarios, retribución, descansos, etc. Era una relación sin apenas formalidades ni rigideces, en el que las “chicas” cobraban bastante por encima del salario mínimo, en algunos casos hasta 14 o 15 euros la hora, lo que para un trabajo no cualificado estaba francamente bien, muy por encima de los sueldos como los de, por ejemplo, una cajera de supermercado, una peluquera e incluso una auxiliar administrativo. Una chica espabilada y trabajadora podía ganar perfectamente 1.600 € al mes trabajando en varias casas y una interna, incluyendo la valoración del alojamiento y manutención, del orden de los 1.200 € mensuales. Ahora, gracias a la nueva regulación, mucho más intervencionista, las empleadas del hogar ganarán menos dinero, a las familias les aumentarán los costes de contratación y habrá menos empleo doméstico. Nadie saldrá ganando, salvo los políticos, quienes verán satisfechas sus ansias de control sobre la población.  

   En el empleo doméstico no había paro. Las buenas empleadas se hacían valer pidiendo aumentos de sueldo y, de acuerdo con el natural funcionamiento de la ley de la oferta y la demanda, cambiaban de empleo si no veían colmadas sus pretensiones salariales o si no se sentían a gusto con la familia. De igual manera, las familias, caso de perder la confianza en la empleada o no estar satisfechas con su desempeño, podían -de manera sencilla y natural- prescindir de sus servicios sin demasiadas formalidades, generándose un flujo constante y armónico sin necesidad de mayores regulaciones y cortapisas.  

  Ahora se prohíbe a la empleada trabajar todo lo que ella quiera para una familia y por lo tanto, ganar tanto como considere. Se la prohíbe canjear las vacaciones por sueldo extra y pactar el horario y los tiempos de descanso con la familia, por que para eso, ya está el político, que realmente sabe lo que la interesa. Que quiere trabajar más para cobrar más, pues no señora, Vd. se aguanta, como los médicos que trabajan en la sanidad pública: prohibido trabajar de más, que para eso Vd. vive en España. España debe ser uno de los pocos países del mundo en el que los políticos te ponen límites a lo que puedes o no puedes trabajar o incluso te pagan un plus para que no trabajes de más, algo realmente inaudito. Todo un ejemplo para la juventud, que obviamente acoge con entusiasmo esa cultura de la holgazanería y el mínimo esfuerzo.    

 Una familia no es una empresa, ni una empleada doméstica es una obrera. Al final, tanto intervencionismo y regulación tienen un precio: la disminución del empleo doméstico y la pérdida por parte de decenas de miles de mujeres de su medio de vida y sustento. En el fondo, creo que la izquierda piensa que tener chica es una secuela del franquismo, de ricos, de fachas y de pijos, una humillación para la clase obrera, un símbolo de opresión y algo de lo que sentirse avergonzado (así lo demostraron con el famoso vídeo de las últimas elecciones). En definitiva, una práctica burguesa a extirpar. No entienden que la empleada del hogar cumple una finalidad encomiable, valiosísima para la sociedad española y un empleo dignísimo. A ellas encomendamos el cuidado de nuestros niños y nuestros mayores, de nuestros hogares, por lo que es una actividad que merece nuestro reconocimiento, no su erradicación.  

   Para la izquierda el empleo doméstico es una peculiaridad española que nos aleja de Europa, donde tener una empleada en casa es un artículo de híper lujo que sólo los millonarios y la élite progresista se pueden permitir. Pero ¡qué se han creído esas clases medias! ¿Que pueden vivir como nosotros? España debe converger con Europa y si para ello hay que cargarse el empleo doméstico, pues nos lo cargamos y fuera y, si de paso nos sirve para maquillar las cifras de afiliados a la Seguridad Social, pues entonces perfecto.    

 Para los socialistas –ya sean de izquierdas o de derechas- lo importante es controlar, regular y prohibir. Han de salvar a las “chicas” de la humillación de servir en una casa, eso es de señoritos y un vestigio del pasado. Hay que dignificarlas convirtiéndolas en obreras y a las familias en empresas ¡a las barricadas! Sustituyamos la hoz y el martillo por la sartén y el plumero.

   Sólo me queda una duda –más retórica que otra cosa- ¿qué pensará Don Mariano al respecto? ¿Derogará esta legislación intervencionista y liberticida? Hagan sus apuestas.