La agencia de calificación crediticia Fitch Ratings ha revisado la perspectiva del rating AA+ de la deuda española de estable a negativa ante los riesgos que existen acerca de la fortaleza y sostenibilidad de la recuperación económica y el coste fiscal que tendrá la reestructuración de las cajas de ahorros, que estima será de 38.000 millones de euros.  

  Fitch explica que su decisión de revisar la perspectiva refleja también sus dudas sobre el cumplimiento de los objetivos presupuestarios, especialmente por parte de los gobiernos regionales, así como una posible intensificación de la volatilidad y la tensión en los mercados financieros europeos si no se articula una respuesta creíble y global ante la crisis de la eurozona por parte de los líderes europeos en la cumbre del 24 y el 25 de marzo.  

  El director del grupo de deuda soberana de Fitch, Douglas Renwick, afirmó que, en muchos aspectos, España ha superado las expectativas en términos de consolidación fiscal y de reformas estructurales, especialmente en lo referente al sistema de pensiones y al mercado laboral.  

  Sin embargo, la perspectiva negativa refleja los riesgos para el perfil de crédito soberano de España que suponen la debilidad de la recuperación económica, la reestructuración del sector bancario y la consolidación fiscal, especialmente en los gobiernos regionales, explica.   

 En esta línea, la agencia añade que, a pesar de la sólida flexibilidad financiera demostrada por el Gobierno durante los episodios de volatilidad del mercado asociados con la crisis de Grecia e Irlanda, su relativamente alto nivel de endeudamiento externo hace que la economía sea más vulnerable a un shock en el crédito si la crisis de la eurozona se intensifica.  

  La agencia de calificación crediticia subraya que la confirmación del rating AA+ de España refleja sus sólidos fundamentos, especialmente el hecho de que sea una economía diversificada y de un alto valor añadido, su estabilidad política y social, su relativamente desarrollado mercado nacional de capitales y su elevado ahorro interno.  

  En este sentido, destaca que el reequilibro de la economía está correctamente en marcha, con un ajuste déficit por cuenta corriente, un desapalancamiento en empresas y familias, y un esfuerzo a la hora de poner en marcha reformas estructurales que se espera mejoren las perspectivas de crecimiento y la flexibilidad a medio plazo. 

   Asimismo, considera que la respuesta política a la crisis ha sido agresiva y de gran alcance, como cabría de espera de un país soberano con alta calificación. En su opinión, las medidas presentadas para incrementar la transparencia en el sector bancario, acelerar el reconocimiento de las pérdidas y lograr elevar los ratios de capital ayudarán a fortalecer la confianza en el sistema.  

  Sin embargo, advierte de que, pese a que el núcleo del sector bancario español, dominado por el Banco Santander y el BBVA, es relativamente fuerte, las preocupaciones sobre los posibles costes fiscales de recapitalizar y reestructurar las cajas pesen en su calificación.   

 Así, cree que, aunque aún no se conoce la cantidad exacta, es probable que supere la previsión que realizó en 2010 y que, según sus estimaciones iniciales, el coste fiscal ascenderá a 38.000 millones de euros en un escenario base. Además, advierte de que también existen riesgos negativos en torno a la rentabilidad y a la liquidez del sistema.  

  Respecto a la reforma de las pensiones, cree que mejorará la sostenibilidad fiscal en el medio y largo plazo, al igual que las reformas iniciadas tanto para modificar la negociación colectiva y reducir la dualidad del mercado laboral.  

  Por último, señala que, pese al demostrado compromiso político con la consolidación fiscal, existen riesgos materiales de que puede verse perjudicada por el incumplimiento de los objetivos de reducción del déficit para 2011 y 2012 por parte de los gobiernos regionales y locales.