El expresidente del BBVA Francisco González afirmó ante el juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón que el exvicepresidente y ministro de Economía socialista Pedro Solbes le llamó por teléfono para avisarle de que la constructora Sacyr, "que apoya el Gobierno, quería hacerse" con el banco.

Según el audio de su declaración como investigado, a la que ha tenido acceso Europa Press, González explicó el pasado 18 de noviembre ante el titular del Juzgado Central de Instrucción que a finales de 2004, "un lunes que estaba en México", el entonces consejero delegado del banco le llamó para contarle que el Grupo Sacyr, "con apoyo del Gobierno", tenía un tres por ciento de las acciones y quería conseguir un "ocho por ciento más en los próximos días". "Me pareció una cosa increíble que se quisiera atacar así al banco", subrayó.

El expresidente del BBVA está investigado por presuntos delitos de cohecho y revelación de secretos en el contexto de la pieza separada número 9 de la causa Tándem, centrada en los contratos entre la entidad bancaria y el comisario jubilado José Manuel Villarejo durante 13 años y por importe superior a 10 millones de euros.

Detalló que "el jueves de esa semana por la noche" le llamó Solbes para hablar de este asunto. "Me dice 'supongo que lo sabes, que hay un grupo industrial, que apoya el Gobierno, que quiere quedarse con el banco'", ha recordado.

Según González, agradeció la llamada del exvicepresidente del Gobierno porque por "el tono" se dio cuenta de que éste "estaba haciendo algo que no quería hacer, porque esa operación era ilegítima e ilegal".

REUNIÓN FALLIDA CON EL EXPRESIDENTE DE SACYR

Tras ello, le preguntó qué tenía que hacer, a lo que le contestó que se pondría en contacto con él expresidente de Sacyr Luis del Rivero, algo que ocurrió al día siguiente, señaló González. Ha contado que pese a que habían fijado una reunión para la semana siguiente, Del Rivero "media hora antes" le comunicó que no iba a acudir y le confesó que su grupo se había "equivocado" por no hablar antes con él.

Todo ello lo relató a raíz de una de las primeras preguntas del juez sobre si se encargó a alguna empresa la búsqueda de información de los "competidores", en alusión a la constructora. Así, Francisco González concluyó la respuesta explicando que en diciembre de 2004 aunque "sabía que la operación estaba abortada", se reunieron "un conjunto de personas porque había muchísima información en la prensa".

En esa reunión estaba presente el entonces jefe de seguridad del BBVA, Julio Corrochano, quien propuso contratar a "una compañía de detectives" para "obtener esa información", algo para lo que se le dio permiso.

'DOCTRINA FG'

González apuntó que desde que llegó a la Presidencia del banco en 1997 trabajó con "un código de conducta personal que es muy conocido como la 'doctrina FG', que consiste en que todo lo que hace el banco tiene que ser "legal", es decir, "no buscar agujeros legales"; "publicable" y "moral. "Cualquier decisión que se tomaba en el banco y que yo conociera, rápidamente lo filtraba por mi código de conducta" y entre ellas la propuesta de Corrochano.

Asimismo, destacó que "tres o cuatro semanas" más tarde de esa reunión recibió un informe sobre Sacyr que no tenía "membrete, firma ni nada", y que creía que era elaborado por el exjefe de seguridad de BBVA, y que "hablaba de cosas totalmente comunes y sin relevancia de ningún tipo".

Por ello, dio por "muerta" la operación de desembarco de la constructora en el banco y decidió desentenderse porque se convirtió en un "tema menor". "Para mí lo importante era tener la seguridad de que el banco no se iba a quedar en manos de una compañía constructora como Sacyr y una serie de personajes ya conocidos por todos", apostilló a preguntas del juez de la Audiencia Nacional.

González recordó que hubo una segunda ocasión en la que Corrochano propuso la contratación de detectives para averiguar dónde estaban los "bienes" de unos promotores que habían dejado deudas en el banco, por lo que se sentían "estafados".

Con todo ello, recalcó que en ningún momento preguntó por el nombre de la empresa, ya que, según ha alegado, nunca ha preguntado por los "proveedores" para que no se diera a entender que le interesaba alguno en concreto.

AL PRESIDENTE NO LE LLEGA "NADA DE

CONTRATACIÓN"

En este sentido, preguntado por si Corrochano tenía capacidad para contratar un servicio como el de la empresa de Villarejo por el importe superior a 10 millones de euros, González señaló a Ángel Cano como responsable directo de Corrochano y subrayó que entendía que todos los contratos cumplían los procedimientos.

"A mí no me llega nada de contratación, nada de una facturas, de un contrato. A mí me llegan temas más o menos que son 50 millones de euros para arriba, desde el punto de vista económico, y temas estratégicos y de representación. Esos son los temas que le llegan a un presidente", recalcó.

Sobre Corrochano, además, el expresidente del BBVA subrayó que nunca hubo "ningún motivo para pensar que había hecho algo incorrecto" durante todo su periodo como jefe de seguridad, pues era "una persona de la policía judicial muy importante", según los informes solicitados al Ministerio del Interior para su contratación.

EL "AGENTE ENCUBIERTO" VILLAREJO: UN SEÑOR

"RARO"

Al principio de la declaración, que duró más de dos horas y media, el expresidente de la entidad bancaria aseguró que la primera información que tuvo sobre el comisario jubilado y su empresa Cenyt fue en mayo de 2018 por una noticia que "aparece en un periódico online", que decía que "BBVA había pagado a Villarejo una serie de cantidades, una de ellas cuando ya habían entrado en la cárcel".

Así, a preguntas del juez García Castellón ha asegurado que ni conoce al excomisario ni ha hablado nunca con él. La primera vez que supo de él fue por el programa de televisión 'Salvados', en el que, en 2017, "apareció un señor extraño, raro, a mi juicio.

"Y ahí empecé a saber un poco quien era este personaje", afirmó. Posteriormente, tras ver que la gente hablaba de Villarejo, preguntó a Corrochano para conocer más de él y éste le dijo "un agente encubierto, punto", remachó.

Anticorrupción señala a Francisco González

por ordenar la contratación de Villarejo "a

sabiendas de su ilicitud"

La Fiscalía Anticorrupción sostiene en un informe de noviembre de 2019 que Francisco González fue la persona que, en virtud a su cargo como presidente ejecutivo del BBVA, ordenó la contratación de los servicios del comisario jubilado y en prisión José Manuel Villarejo, todo ello "a sabiendas de su ilicitud y al margen de las políticas de la entidad sobre contratación de proveedores".

Así consta en un documento, al que ha tenido acceso Europa Press, fechado el 11 de noviembre de 2019 en el que los fiscales del 'caso Villarejo', Ignacio Stampa y Miguel Serrano, detallan la relación contractual entre el BBVA y CENYT, la empresa que dirigía Villarejo hasta su detención en noviembre de 2017.

Los fiscales pidieron en este informe la citación de González al considerar que el que fuera presidente del BBVA encargó a los directores generales de los Servicios Jurídicos y de Riesgos la contratación de Villarejo, utilizando como mediador a Julio Corrochano, director de seguridad del BBVA y, con anterioridad, también destacado mando de la Policía.

Los investigadores realizan esta afirmación en base al conjunto de las diligencias judiciales practicadas, "especialmente la documental incorporada, los informes forensic preliminares y las declaraciones judiciales prestadas por el investigado Antonio Béjar González", directivo del BBVA.

Se refieren en concreto a la utilización por parte de Villarejo de "medios ilícitos para la obtención y acceso a información reservada de particulares con vulneración de sus derechos fundamentales", sosteniendo que la decisión se adoptó por el "órgano ejecutivo" del BBVA "ya que habría sido ordenada dicha contratación, y de forma opaca, por la propia Presidencia del banco".

"La preponderante participación de Julio Corrochano Peña vendría determinada por haber recibido directamente del entonces Presidente de BBVA Francisco González Rodríguez el encargo de gestionar las contrataciones con CENYT por sus vínculos personales con José Manuel Villarejo Pérez", añade el informe de Anticorrupción, que apunta a la relación con otros policías, "especialmente el Jefe de la Unidad Central de Apoyo Operativo de la Comisaría General de Información, Enrique García Castaño", conocido como 'El Gordo'.

Los fiscales aluden a las declaraciones judiciales de imputados para subrayar la implicación de González en la relación contractual con Villarejo, entre otras cuestiones porque el BBVA es una "entidad muy jerarquizada en la que únicamente pudieron efectuarse tales contrataciones durante todos esos años bajo la superior dirección y supervisión del Presidente Francisco González".

De acuerdo a este informe, el primer contrato con CENYT se firmó el 2 de diciembre de 2004 y fue el propio Julio Corrochano quien firmó el documento de resolución de la relación contractual el 14 de noviembre de 2017. Villarejo y su socio Rafael Redondo fueron detenidos días antes, el 3 de noviembre de 2017.

DECLARACIÓN EXCULPATORIA ANTE EL JUEZ

En su declaración ante el juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón, celebrada el 18 de noviembre del pasado año y a cuya grabación ha tenido acceso Europa Press, González reconoció que autorizó la contratación de una agencia de detectives, a propuesta de Corrochano, para investigar quiénes eran los responsables de Sacyr que querían hacerse con la entidad y cuánto representaban en acciones.

Sin embargo, el expresidente de BBVA asegura desconocer que se trataba de la empresa Cenyt, del excomisario Villarejo, como tampoco sabía si dicha empresa entendió que debía tomar acciones agresivas y desestabilizadoras. "Cómo voy a saber yo eso, si no sabía ni qué compañía de detectives era. Dijo (Corrochano) que era una agencia de detectives y nunca más se habló de esa agencia o de qué hacía", ha declarado González.

Preguntado por si tenía constancia de que el banco contrató a una agencia de detectives para el cobro de morosos en el ámbito promotor, González ha reconocido que primero se contrató a una agencia, pero al no funcionar como se esperaba, se contrató a otra, si bien en todo momento ha asegurado desconocer de qué firma se trataba.

Además, negó que se le informara de los nombres de los promotores deudores del banco (Luis Portillo, Fernando Martín, etc.) que iban a ser objeto de seguimiento para la recuperación de la deuda, y explicó que sólo se le informaba de los bienes que se detectaban, como unos que se localizaron en Dubai, lo que se puso en conocimiento del juzgado.

Según González, quien le informaba de estos pormenores era Eduardo Arbizu, exresponsable de Regulación y Control Interno de BBVA, no el responsable de Seguridad, Julio Corrochano.

Preguntado también si el responsable de Riesgos en España, Antonio Béjar, le informó en algún momento de estos asuntos, González contestó que despachaba con él unas cuatro veces al año, junto con otro centenar de directivos de la entidad, pero no recordaba que le informara de algo sobre este particular. "Yo empiezo a saber sobre la contratación de Cenyt en mayo de 2018. Todavía no me sigo creyendo ni la mitad de lo que ha salido en la investigación", afirmó en su declaración.

El expresidente de BBVA también negó haber contratado a ninguna otra entidad para contrarrestar los ataques de Ausbanc y de su presidente Luis Pineda. Pineda reclamaba publicidad a las entidades y BBVA pagó 200.000 euros hasta 2007, frente al millón de euros que afirma que pagaban otras entidades.

En 2007 consideró que se le estaba sometiendo a un "chantaje", por lo que dejó de pagar, a lo que Pineda respondió con una acción "brutal" contra el banco. En 2014 nació la idea de presentar una denuncia, pero nadie le planteó contratar a una empresa externa ni para gestionar la denuncia ni para investigar a Pineda o a Ausbanc.

González también relató en su declaración judicial que Arbizu contrató a Garrigues, que averiguó que se había contratado a Cenyt y se le habían pagado "diez u once millones de euros", representando BBVA "el 80% de la facturación de esa compañía", momento en que se encargó a auditoría del banco una investigación interna. No se informó de ello al consejo de administración, pues, aunque González era "partidario de informar", Arbizu pidió "esperar un poco" a tener información veraz.

Asimismo, Francisco González también fue interrogado sobre servicios personales, como el muro de su casa de Guadalmina, que requería de un permiso al Ministerio del Interior. "¿Qué necesidad tiene el banco de pedirle a Redondo o a quién sea una gestión para tramitar un permiso?", cuestionó González.

Respecto a otros asuntos investigados en este procedimiento, González afirmó que sobre el avión corporativo adquirido por el banco en torno al año 2005, él decidió no utilizarlo "para ningún tipo de uso privado".

Finalmente, sobre su salida de la presidencia ejecutiva dijo que no tenía "nada que ver" con el asunto, pero la salida de la presidencia de honor lo achaca a "una campaña mediática enorme" que se hace contra el banco y contra él por intereses "muy poderosos". Por ello, defiende que decidió dar un paso atrás temporalmente para "quitar presión". "Era el paso más correcto", añadió.