El ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, ha asegurado esta tarde en el pleno del Senado que "jamás" se podrá abortar por razón de discapacidad, pero no ha descartado la existencia de un supuesto por grave malformación del feto, al responder a la interpelación planteada por la senadora de Entesa Mónica Almiñana.

   "Un discapacitado no tiene peor derecho que una persona que no tiene discapacidad y si eso afecta a una persona, también a un concebido, que no puede tener peor derecho y, por lo tanto, si hay una interrupción de embarazo será por motivo distinto, pero jamás podrá ser por razón de discapacidad, porque eso supone crear personas de primera y de segunda", ha señalado.

   Pero el ministro, en su respuesta a la senadora socialista no ha descartado, sin embargo, otro tipo de supuestos. Concretamente, Almiñana ha planteado al ministro desde un punto de vista "médico y sanitario" las "consecuencias que tendría impedir abortar a las madres con fetos afectados de graves malformaciones", así como que tanto Kazajistán como Turquía amparan estos casos, estando así, en su opinión, "más avanzados" que España.

   "No le voy a dar datos sobre estas enfermedades porque todas ellas generan gran sufrimiento tanto para el nacido como para los padres, pero me atrevo a preguntarle quién es usted, ni yo, ni nadie para obligar a convivir a miles de personas con la enfermedad y el sufrimiento o con la muerte prematura de los hijos", ha dicho a Gallardón.

   En su réplica, el ministro le ha pedido seriedad. "No magnifique, no haga caricatura y no lleve un tema tan sensible como este a supuestos que, naturalmente, nada tienen que ver con aquellos a los que se refiere la Convención de Naciones Unidas (sobre derechos de las personas con discapacidad) y que naturalmente, la legislación contemplará como ha contemplado siempre", ha dicho desde la tribuna.

   En relación a la discapacidad, Almiñana también ha defendido que la citada Convención de la ONU no es aplicable a la legislación española en materia de aborto porque "se refiere al compromiso del Estado con la eliminación de los obstáculos que impiden el libre desarrollo de las personas discapacitadas".

   "No hace referencia en ningún punto ni al aborto ni a la interrupción voluntaria del embarazo porque habla de personas, personas con discapacidad, y los fetos inferiores a 14 semanas (de gestación), le aseguro yo que no son personas. Se es persona cuando se nace, tal y como dicta la legislación vigente", ha afirmado la senadora.

   Por el contrario, el ministro ha negado que no afecte a España, como afirmaba la senadora. "Dice que habla de personas y que como el nasciturus no lo es, no nos afecta en absoluto. Si esto es así, explíqueme por qué el Comité de Seguimiento de este Convenio se dirigió a España consultándonos expresamente si considerábamos que esta ampliación, la que se introduce en la ley de 2010, es conforme al artículo de la Convención referido a los derechos de las personas con discapacidad", ha planteado.

   Asimismo, ha instado a la senadora a explicar por qué si la Convención no afecta a España, el Gobierno socialista envió a Ginebra el 20 de septiembre una delegación "para defender la ley de 2010" y por qué después de esa defensa "lo que dijo literalmente" el Comité de Seguimiento fue pedir "la supresión de la distinción hecha en cuanto al plazo dentro del cual la ley permite que se interrumpa el embarazo por motivos de discapacidad exclusivamente".

   Durante el debate se han abordado además otros asuntos, como el conflicto entre el derecho de la madre y el no nacido que Gallardón quiere resolver con la reforma recuperando la doctrina del Tribunal Constitucional ya que, conforme ha dicho, en la legislación actual lejos de resolver el problema, "se ignora" primando a la mujer durante las 14 primeras semanas.

   Almiñana, además, le ha acusado de querer eliminar "el derecho de las mujeres a decidir" sobre su maternidad y ha advertido de que éstas no pararán hasta consolidarlo de nuevo y "acabarán ganando, como siempre a lo largo de la Historia", cuando ganaron el derecho a estudiar o "el derecho a voto".

   Este punto ha suscitado cierto revuelo en el hemiciclo pues Gallardón ha contestado que la izquierda en la Segunda República no fue precisamente defensora del voto femenino "porque creía que había más votos para la derecha" entre las mujeres. "Algún día tendremos una izquierda que volverá al auténtico progreso y que igual que hoy no celebra no haberle dado el voto a la mujer, no celebrará no haber defendido el derecho a la vida", ha sentenciado.