El viceministro principal de Gibraltar, Joseph Garcia, ha advertido este viernes que su Ejecutivo podría rescindir los derechos que tienen los españoles y el resto de ciudadanos comunitarios si España ejerce su derecho al veto para excluir al Peñón del acuerdo del Brexit, según ha informado el diario británico 'The Guardian'.

"Hemos recibido asesoramiento de los más destacados abogados de Reino Unido y nuestro consejo es que la cláusula es ilegal y nuestra posición es que si España ejerce un veto en virtud de esa cláusula, lo recurriremos en un tribunal, independientemente de lo que pueda pasar a todo el proceso del Brexit", ha afirmado el 'número dos' del Gobierno gibraltareño.

Según las directrices de negociación de la Unión Europea publicadas en abril de 2017, Gibraltar se quedará fuera de cualquier acuerdo comercial de Reino Unido salvo que haya un acuerdo previo con España sobre su status, lo que supone conceder a España un derecho al veto.

Garcia ha dicho que la aplicación de este veto podría llevar a su Gobierno a revisar el status de los ciudadanos comunitarios en su territorio y también a analizar el acuerdo que garantiza el pago de las pensiones a los españoles que trabajan en Gibraltar, que data de 1969.

Garcia ha afirmado que España está intentando hacer una distinción entre una retirada y una transición, a pesar de que el Gobierno de Gibraltar insiste en que la transición forma parte del proceso de retirada de la Unión Europea.

En este sentido, ha asegurado que si Gibraltar fuera excluida de un futuro acuerdo, el Gobierno del Peñón se vería obligado a revisar los derechos de los ciudadanos comunitarios que viven y trabajan en su territorio y de los 13.000 trabajadores que cruzan cada día desde España.

"Nuestra visión es que ya no estaríamos obligados a permitir o proporcionar los derechos a los ciudadanos que se conceden en un proceso de transición o de retirada porque ya no se nos aplicaría ese proceso", ha afirmado García. "En términos de trabajadores, no es algo que nosotros queramos hacer, eso lo subrayo, pero es una opción", ha indicado.

El viceministro principal de Gibraltar ha contado que hay "unos 2.000 ciudadanos de la UE" viviendo en el Peñón, además de los trabajadores. "Algunos de ellos, obviamente, también trabajan aquí. 800 de ellos son españoles y han elegido hacer de Gibraltar su casa", ha explicado.

"Les damos la bienvenida en Gibraltar pero si la transición o la retirada no se nos va a aplicar --y eso incluye capítulos específicos sobre los derechos de los ciudadanos y los trabajadores y los trabajadores fronterizos--, entonces nos veremos libres para hacer lo que queramos con esos elementos", ha afirmado.

Garcia ha hecho hincapié en que Gibraltar no quiere que las negociaciones se centren en "vetos, exclusiones o amenazas" ni tampoco en "negar derechos legítimos" y ha señalado que la continua amenaza del veto ha llevado al proceso "un elemento de incertidumbre". "Dijimos muy al principio, antes de que Reino Unido hubiera hablado de garantizar los derechos de los ciudadanos, que nosotros ya cumplimos los derechos de los ciudadanos y los derechos adquiridos", ha indicado.

El viceministro principal de Gibraltar también se ha referido al tema de las pensiones de españoles y ha dicho que esta cuestión se resolvió en 2006 gracias a un acuerdo en las conversaciones a tres bandas.

"Reino Unido continúa pagando las pensiones de estos trabajadores", ha afirmado. "Esto son derechos de la UE adquiridos. Ahora hay otros que han trabajado aquí desde entonces y que han adquirido estos derechos también. España no puede en serio ponernos en una posición en la que nos veamos obligados a revisar estas áreas, lo subrayo una vez más, que es algo que no queremos hacer", ha concluido.

Gibraltar aboga por evitar "efectos adversos"

sobre los ciudadanos en el marco del Brexit

El viceministro principal de Gibraltar, Joseph Garcia, ha abogado este viernes por evitar los "efectos adversos" sobre los ciudadanos durante el Brexit, al tiempo que ha pedido que se deje de hablar de vetos.

"Siento un verdadero optimismo respecto a que la actitud de todas las partes relevantes es la de asegurar que, en lugar de hablar de vetos, todos deseamos hablar de cooperación y asegurar que los ciudadanos no se vean adversamente afectados de ninguna manera por el Brexit", ha indicado.

Así, ha señalado que el ministro de Exteriores y Cooperación de España, Alfonso Dastis, "ha sido explícito a la hora de manifestar que desea evitar cualquier perjuicio para aquellas personas que viven y trabajan en esta región".

"Este es un aspecto de profundo interés común entre nosotros y, efectivamente, una responsabilidad común", ha remachado Garcia, según un comunicado publicado por el Gobierno gibraltareño.

El propio Garcia ha advertido durante la jornada que su Ejecutivo podría rescindir los derechos que tienen los españoles y el resto de ciudadanos comunitarios si España ejerce su derecho al veto para excluir al Peñón del acuerdo del Brexit, según ha informado el diario británico 'The Guardian'.

En este sentido, el Gobierno gibraltareño ha subrayado en su comunicado que esta situación "podría ser un potencial efecto secundario no deseado de la exclusión de Gibraltar de los periodos de retirada y transición".

"La postura del Gobierno de Gibraltar es que Gibraltar debería ser incluido en los acuerdos de retirada, transición y relaciones futuras. Esto obviaría cualquier pérdida potencial que pudiese surgir para los ciudadanos de la UE que trabajan en Gibraltar", ha apuntado.

Según las directrices de negociación de la Unión Europea publicadas en abril de 2017, Gibraltar se quedará fuera de cualquier acuerdo comercial de Reino Unido salvo que haya un acuerdo previo con España sobre su status, lo que supone conceder a España un derecho al veto.

Garcia ha dicho que la aplicación de este veto podría llevar a su Gobierno a revisar el status de los ciudadanos comunitarios en su territorio y también a analizar el acuerdo que garantiza el pago de las pensiones a los españoles que trabajan en Gibraltar, que data de 1969.

Garcia ha afirmado que España está intentando hacer una distinción entre una retirada y una transición, a pesar de que el Gobierno de Gibraltar insiste en que la transición forma parte del proceso de retirada de la Unión Europea, según 'The Guardian'.

En este sentido, ha asegurado que si Gibraltar fuera excluida de un futuro acuerdo, el Gobierno del Peñón se vería obligado a revisar los derechos de los ciudadanos comunitarios que viven y trabajan en su territorio y de los 13.000 trabajadores que cruzan cada día desde España.

"Nuestra visión es que ya no estaríamos obligados a permitir o proporcionar los derechos a los ciudadanos que se conceden en un proceso de transición o de retirada porque ya no se nos aplicaría ese proceso", ha afirmado García. "En términos de trabajadores, no es algo que nosotros queramos hacer, eso lo subrayo, pero es una opción", ha indicado.

El viceministro principal de Gibraltar ha contado que hay "unos 2.000 ciudadanos de la UE" viviendo en el Peñón, además de los trabajadores. "Algunos de ellos, obviamente, también trabajan aquí. 800 de ellos son españoles y han elegido hacer de Gibraltar su casa", ha explicado.

"Les damos la bienvenida en Gibraltar pero si la transición o la retirada no se nos va a aplicar --y eso incluye capítulos específicos sobre los derechos de los ciudadanos y los trabajadores y los trabajadores fronterizos--, entonces nos veremos libres para hacer lo que queramos con esos elementos", ha afirmado.

Garcia ha hecho hincapié en que Gibraltar no quiere que las negociaciones se centren en "vetos, exclusiones o amenazas" ni tampoco en "negar derechos legítimos" y ha señalado que la continua amenaza del veto ha llevado al proceso "un elemento de incertidumbre". "Dijimos muy al principio, antes de que Reino Unido hubiera hablado de garantizar los derechos de los ciudadanos, que nosotros ya cumplimos los derechos de los ciudadanos y los derechos adquiridos", ha indicado.

El viceministro principal de Gibraltar también se ha referido al tema de las pensiones de españoles y ha dicho que esta cuestión se resolvió en 2006 gracias a un acuerdo en las conversaciones a tres bandas.

"Reino Unido continúa pagando las pensiones de estos trabajadores", ha afirmado. "Esto son derechos de la UE adquiridos. Ahora hay otros que han trabajado aquí desde entonces y que han adquirido estos derechos también. España no puede en serio ponernos en una posición en la que nos veamos obligados a revisar estas áreas, lo subrayo una vez más, que es algo que no queremos hacer", ha concluido.