Desde el año pasado, el país latinoamericano ha intentado en varias ocasiones retirar el oro que tiene en la institución británica por el temor a sanciones internacionales y posibles embargos económicos, en un momento en el que la nación petrolera atraviesa una crisis de liquidez tras la caída de su producción de crudo.

Guaidó, reconocido como presidente interino por más de una docena de países encabezados por Estados Unidos, ha pedido en una carta enviada a May, fechada el pasado 26 de enero, detener "esa transacción ilegítima (...) si el dinero se transifere será usado por el régimen de Maduro para reprimir al pueblo".

La misiva también fue entregada al gobernador del Banco de Inglaterra, Mark Carney. El Banco y la oficina de May no han respondido a la solicitud de comentarios por parte de la agencia Reuters, así como tampoco lo ha hecho el Gobierno venezolano.

Venezuela realizó el pasado mes octubre la petición, cuando tenía 14 toneladas de oro en el banco británico. Pero en el proceso de gestión para intentar movilizar los lingotes, el emisor venezolano duplicó su cantidad de oro depositada en esa institución a 31 toneladas, equivalentes a 1.200 millones de dólares.

Esa acumulación de lingotes se debió al pago que el Gobierno de Nicolás Maduro habría hecho a finales de año al Deutsche Bank para conseguir recuperar unas 17 toneladas de oro que había colocado en garantía de un préstamo de hace tres años.

Las autoridades británicas han sido reacias a movilizar los lingotes solicitados por Maduro pese a las gestiones del presidente del Banco Central, Calixto Ortega, para repatriar el oro, cuyo transporte es increíblemente costoso.

La Administración de Maduro no ha detallado el motivo por el que quiere ahora recupera el oro, aunque desde el pasado año ha optado por exportarlo a países como Turquía, que se ha convertido en su más reciente aliado.

Guaidó, por su parte, ha afirmado en las cartas enviadas a May y Carney que la repatriación era ilegal porque la designación de Ortega como presidente del Banco Central no fue aprobada por la Asamblea Nacional y ha añadido que esos activos deben ser guardados "para apoyar la recuperación de Venezuela".

El Parlamento venezolano trabaja en un acuerdo de recuperación de activos en el exterior. El país petrolero ya lleva cinco años en recesión con hiperinflación, lo que ha llevado a la migración de unas tres millones de personas desde 2015, según Naciones Unidas.

Maduro culpa de la crisis a la "guerra económica" lanzada desde Estados Unidos y el sector privado, pero economistas y críticos al Gobierno dicen que la contracción de la economía se debe sistema de intervencción estatal.