El Gobierno de Nicaragua, encabezado por Daniel Ortega, ha despedido al menos a diez trabajadores sanitarios por cuestionar la gestión oficial frente a la pandemia de coronavirus, según Human Rights Watch (HRW), que ha alertado de que la cifra real de casos de COVID-19 podría ser superior al balance oficial reconocido por las autoridades.

Según los datos del Ministerio de Salud nicaragüense, actualizados el martes pasado, Nicaragua ha registrado 1.823 positivos y 64 víctimas mortales por la pandemia, aunque observadores médicos han puesto en duda durante semanas el discurso oficial asegurando que la cifra real es superior incluso en varios miles.

Las autoridades no han impuesto medidas de confinamiento ni ordenado el cierre de centros educativos. Ortega, desaparecido durante un mes en plena pandemia, llegó a calificar a finales de abril de "radicales" y "extremistas" a quienes defendían la necesidad de quedarse en casa y evitar aglomeraciones.

A mediados de mayo, más de 700 trabajadores médicos pidieron por carta al Gobierno que reconociese la emergencia y adoptase los protocolos de la Organización Mundial de la Salud (OMS) para evitar el colapso del sistema. El 6 y el 9 de junio, las autoridades ordenaron el cese de varios de los firmantes con sendas cartas en las que no se reflejaban motivos, sin respetar los procedimientos.

El director para las Américas de HRW, José Miguel Vivanco, ha acusado al Gobierno de "intimidar y castigar a profesionales de la salud por intentar proteger la salud de los nicaragüenses y por ejercer su derecho fundamental a la libertad de expresión". El Ejecutivo habría pasado de "negar la pandemia" a "intentar ocultar de manera deliberada las consecuencias de su vergonzosa falta de respuesta".

Varios médicos han contado a HRW que el Ministerio de Salud controla cualquier información relativa a la pandemia, así como la realización de las pruebas, ya que están centralizadas en el Centro Nacional de Diagnóstico y Referencia, única institución autorizada. Además, estarían aumentando los entierros "exprés" por parte de funcionarios del Ministerio de Salud y bajo supervisión policial.

MÉDICOS CONVERTIDOS EN "ENEMIGOS"

Adolfo Díaz Ruiz, cirujano del Hospital Lenín Fonseca de Managua durante 25 años, dimitió el 9 de junio en solidaridad con sus compañeros despedidos y sostiene que "el Gobierno no ha desarrollado ninguna política que reconozca la gravedad de la pandemia". Su mujer, radióloga del mismo hospital, fue despedida apenas unas horas después.

En el hospital donde trabajaba, "al menos el 20 por ciento de los trabajadores sanitarios se han contagiado en algún momento". El Observatorio Ciudadano calcula que más de 500 trabajadores sanitarios han presentado síntomas "asociados o presuntivos" con COVID-19 y al menos 60 han perdido la vida.

A María Nela Escoto, al igual que al resto de sus compañeros, nadie le explicó por qué debía dejar su puesto de trabajo, tan solo que las órdenes venían de "arriba", ha contado esta anestesióloga a HRW.

Carlos Quant, también despedido tras 25 años en el Hospital Manolo Morales, reconoce que "expresar críticas en Nicaragua puede ser peligroso". "Es inaceptable (para el gobierno) que haya una voz independiente. Se me considera un enemigo político por contradecir el discurso del Gobierno", lamenta

"Despedir arbitrariamente a profesionales de la salud en un contexto de pandemia sólo incrementa la posibilidad de que ocurra un desastre", ha señalado Vivancos, quien ha lamentado que "el régimen de Ortega demuestra que le importa más silenciar la crítica de estos profesionales que proteger la vida y la salud de los nicaragüenses".

HRW ha recordado que no es la primera vez que Ortega actúa contra profesionales de la salud, ya que durante la represión de las protestas de 2018 despidió al menos a 400 trabajadores, supuestamente como represalia por haber atendido a víctimas de la represión.

La ONG ha incidido en la fragilidad del sistema de salud pública nicaragüense, que precede a la actual emergencia. La Organización Mundial de la Salud (OMS) estimó en 2018 que en el país centroamericano había 6.320 médicos, lo que implica una media de 9,7 profesionales por cada 10.000 habitantes. Esta tasa es considerablemente inferior a la media regional, situada en 23,3 médicos por cada 10.000 habitantes.