I. En primer lugar el reconocimiento legal de la exención. La exención de la que disfrutan, efectivamente, los bienes inmuebles de la Iglesia no procede de la Ley reguladora de las Haciendas Locales, sino de los Acuerdos firmados por el Estado español y la Santa Sede en 1979. En efecto, en enero de dicho año se suscribieron 4 Acuerdos en desarrollo de un Acuerdo base que se había firmado en 1976, y que derogó el Concordato de 1953. De estos cuatro Acuerdos, el IV es el Acuerdo sobre asuntos económicos, y es el que recoge las exenciones reconocidas a la Iglesia,  entre las que se encuentra la que afecta al IBI, aunque en el momento de su firma este impuesto se denominaba Contribución Territorial Urbana. Cabe señalar que el punto 2 del Protocolo Adicional de este Acuerdo señala que ambas partes concretarán los beneficios fiscales siempre que se modifique sustancialmente el ordenamiento jurídico-tributario.

¿Qué significado hay que darle a la naturaleza jurídica de estos Acuerdos? Pues sencillamente la que tienen, es decir, la propia de los tratados internacionales, elaborados conforme a las exigencias del Derecho Internacional. En este caso, al haber sido firmados con posterioridad a la Constitución de 1978, se atienen estrictamente a lo dispuesto en los artículos 63.2, 94 y 96 de la misma. Esta es la razón por la que cuando el artículo 62.1,c) de la Ley de Haciendas Locales declara exentos determinados inmuebles, al referirse a los de la Iglesia Católica se remite a "los términos previstos en el Acuerdo entre el Estado Español y la Santa Sede sobre Asuntos Económico de 3 de enero de 1979", para referirse después a los mismo bienes de otras confesiones no católicas legalmente reconocidas. Esto significa lisa y llanamente que la supresión de esta exención no es algo tan sencillo como modificar una Ley aprobando en las Cortes otra posterior. Esto puede servir para el resto de exenciones que no viene recogidas en un Tratado Internacional, pero no para las exenciones de la Iglesia que derivan del Acuerdo Económico. Luego el mecanismo legal para la modificación es otro muy distinto.

Ahora bien ¿todos los bienes de la Iglesia se benefician de la exención? La respuesta clara y taxativa es NO. Solo se benefician los que se recogen en dicho Acuerdo que son, resumidamente, los siguientes: los templos y capillas destinados al culto y sus dependencias anejas destinadas a la actividad pastoral; la residencia de Obispos, canónigos y sacerdotes con cura de almas; los destinados a oficinas de la curia y parroquiales; los seminarios y las Universidades eclesiásticas en cuanto impartan sus enseñanzas propias y, por último los conventos e Institutos de vida consagrada.  

II. En segundo lugar hay que preguntarse qué otros propietarios de bienes inmuebles se benefician de la exención del IBI. Se trata ahora de ver las exenciones de carácter subjetivo, o sea, las que se conceden en razón de quién sea su propietario. Pues bien, la Ley de Haciendas Locales dispone la exención para los inmuebles del Estado, las CCAA o las entidades locales, siempre que estén afectos a determinados servicios públicos, tales como la seguridad ciudadana, los servicios educativos, penitenciarios y los afectos a la defensa nacional para los del Estado. Igualmente están exentos los de la Cruz Roja Española. Pero además de en esta Ley, la Ley 49/2002 del Mecenazgo dispone en su artículo 15 la exención del IBI para los inmuebles de las entidades sin fines lucrativos. Estas entidades se definen en el artículo 2 y son: Fundaciones; Asociaciones declaradas de utilidad pública; ONGs; Delegaciones de fundaciones extranjeras inscritas en el Registro de fundaciones; Federaciones Deportivas Españolas y Autonómicas integradas en aquellas; el Comité Olímpico Español y el Paralímpico Español, y por último, las Federaciones y Asociaciones de las entidades anteriores. En el artículo siguiente el conjunto de entidades citadas se incrementa con todas aquellas dedicadas a fines de interés general que se detallan en la norma y que cumplan determinados requisitos económicos. 

Por tanto, la relación de entidades exentas de este impuesto es amplia y no se limita a la Iglesia católica. Por ello conviene preguntarse por lo que tienen en común las entidades exentas. Evidentemente que todas ellas realizan actividades que cumplen fines espirituales, sociales, humanitarios, culturales, benéficos, deportivos, etc. sin ánimo de lucro, ya que cuando el inmueble se utiliza para actividades económicas no hay lugar a la exención, ni para la Iglesia católica ni para ninguna otra entidad. Este punto debe destacarse, por cuanto las exenciones tributarias y las condiciones exigidas para su disfrute, dispuestas en esta Ley y que afectan tanto al IBI como al resto de los impuestos por las actividades económicas realizadas, la Iglesia las disfruta en absoluto pie de igualdad que el resto de las entidades. Más bien se podría uno interesar si bajo el amparo de la citada norma no se encuentran otras entidades que, en modo alguno, se contemplan en la misma.

Ahora bien, la Ley de Haciendas Locales también recoge exenciones objetivas, es decir exenciones que afectan a inmuebles con independencia de quien sea su titular y que tiene la particularidad, respecto de la anterior, de que tiene que ser solicitada previamente. Pero una vez solicitada debe de concederse si se cumplen las condiciones. Se trata en este caso, por una parte, de los bienes integrantes del Patrimonio Histórico Español, inscritos en el Registro correspondiente. De ahí que por esta segunda vía quedaría igualmente reconocida la exención de un importantísimo número de inmuebles pertenecientes a la Iglesia Católica. Y, por otra, de los destinados a la enseñanza por centros docentes acogidos, total o parcialmente a la enseñanza concertada y por la superficie destinada a la misma. Luego cuando tales centros sean propiedad de la Iglesia se beneficiará de esta exención exactamente igual que cualquier otra entidad dedicada a la enseñanza concertada.  

III. Queda por tratar un último apartado en el que se trataría de cuestionar aspectos que, si bien tienen un matiz jurídico, pueden resultar más opinables. Se trata en este caso de discernir no sólo qué diferencias existen entre la función que cumple la Iglesia Católica y la que cumple cualquiera de las entidades sin fines lucrativos recogidas en el artículo 2 de la Ley del Mecenazgo y si es mejor o más justa una que otra. Y viene esta pregunta a cuento porque la única exención del IBI que se cuestiona últimamente es la relativa a la Iglesia.  Mejor es evitar ejemplos desde aquí, pero cualquiera puede utilizar el que le resulte más llamativo. ¿Alguien se atrevería a afirmar que es más justo que la Iglesia pague el IBI y no lo haga cualquiera de las entidades recogidas en el artículo 2 de la Ley del Mecenazgo? Para facilitar la labor baste recordar que la Iglesia católica atiende las necesidades espirituales de millones de españoles, necesidades que en muchas ocasiones son más importantes que las materiales. Pero también las necesidades materiales que atiende la Iglesia se muestran ahora en toda su crudeza. Sería suficiente con responder a la pregunta de quién da de comer diariamente a miles de ciudadanos en España. Baste decir que los comedores de la Iglesia han triplicado su presupuesto en el último año. Aunque quizás en este punto convenga aclarar previamente qué es y quién forma la Iglesia católica, porque desafortunadamente la ignorancia, a veces cierta y otras engañosa, pretende desconocer, por ejemplo, que Caritas es la confederación de las entidades de acción caritativa y social de la Iglesia católica instituida por la Conferencia Episcopal. Es decir, Caritas no una ONG más, sino también Iglesia. Por ello, no es preciso volver a recordar el ahorro que la labor social de la Iglesia, en su más amplio concepto, supone para las arcas públicas. Las cifras ya se han publicado en repetidas ocasiones. ¿Sería mejor suprimir las exenciones de este impuesto para todos los que las disfrutan? En tal caso y por lo que respecta a la Iglesia, es seguro que si la Iglesia pagase el IBI de todos sus inmuebles, el presupuesto para su obra social se vería reducido en la misma cantidad. Será cuestión de hacer números que a veces son la forma más clara de entender la justicia.