El vicepresidente del Govern cesado, Oriol Junqueras, y otros tres exconsellers del Govern han pedido a la Audiencia Nacional que valore también para su puesta en libertad que "son candidatos potenciales a las elecciones y que si estuvieran privados de libertad tendrían una participación muy activa en la campaña electoral" de los comicios catalanes del 21 de diciembre.

"El hecho de que se encuentren en prisión preventiva lesiona irremediablemente su derecho a la participación política y el del conjunto de la ciudadanía a la representación política", sostienen los recursos, recogidos por Europa Press, que la defensa de Junqueras y los exconsellers Raül Romeva, Carles Mundó y Dolors Bassa han presentado para reclamar su excarcelación.

El abogado sostiene que la prisión preventiva de los exmandos de la Generalitat es profundamente desproporcionada y ha pedido a la magistrada Carmen Lamela tener en cuenta "el daño reputacional" que supone estar en prisión para un representante político en una situación preelectoral.

La defensa argumenta también que no hay riesgo de reiteración delictiva si se les deja en prisión porque cree evidente que, pese a que los encausados ostentan democráticamente la condición de miembros del Govern, "acudieron a la Audiencia Nacional ya como exconsejeros y exmiembros del Gobierno".

Los recursos de las defensa de Junqueras y estos tres exconsellers añaden que otras medidas cautelares como retirada de pasaporte, prohibición de abandonar España o una fianza "serían medidas menos gravosas para el investigado y más acordes con las finalidades que orientan el proceso penal".

"Resulta evidente que los investigados no ostentan actualmente cargo ejecutivo alguno", sostiene la defensa, que recuerda que en aplicación del artículo 155 de la Constitución se disolvió el Parlament y que se convocaron elecciones autonómicas para el 21 de diciembre.

Desde entonces --alega el abogado-- el Govern no se ha reunido, no se han adoptado acuerdos ni se han efectuado publicaciones en el boletín oficial que demuestren actos ejectivos tras la sesión parlamentaria del 27 de octubre, cuando se declaró la independencia, con "un valor estrictamente político", según el abogado.

En cuanto a un supuesto riesgo de fuga, el abogado dice que éste no existe aludiendo al arraigo familiar de los investigados, que han comparecido voluntariamente ante la Audiencia Nacional "a pesar del altísimo riesgo de detención e incluso de prisión provisional que por el momento político y la precipitación de los acontecimientos se corría".

"INTERPRETACIÓN NOVELADA" DE FISCALÍA

El letrado carga en su escrito contra la querella de la Fiscalía, que considera "una curiosa interpretación novelada de lo que ha sucedido en Catalunya durante los dos últimos años" y niega que exista elementos de alzamiento violento o tumultario para acusarles de rebelión o sedición.

"La mayoría de las conductas o hechos que se describen resultan claros ejercicios de derechos cívicos (reunión, manifestación, expresión) contaminados de ilicitud por una sesgada visión de los sucedido", según la defensa de Junqueras.

"SITUACIÓN DE INDEFENSIÓN"

Además de estos recursos contra la prisión, el abogado ha presentado otro en nombre de estos cuatro investigados contra la admisión de la querella de Fiscalía con la que arrancó la investigación judicial en el que lamenta que sufren "una situación de indefensión evidente".

El abogado está plenamente convencido de la inexistencia de responsabilidad penal: "Ni existe delito de rebelión, ni de sedición, ni malversación de caudales públicos, ni prevaricación ni desobediencia", sostiene en este escrito.

El PSC sondea a representantes de la extinta

CIU para integrar en sus listas a catalanistas

moderados

El PSC ha sondeado a representantes de la extinta CIU para integrarlos en las listas electorales que presentará a los comicios al Parlament del próximo 21 de diciembre, han revelado a Europa Press fuentes socialistas.

El objetivo que persigue la formación que lidera Miquel Iceta es confeccionar unas listas "transversales", capaces de atraer al votante catalanista moderado, que se siente "huérfano" tras la deriva soberanista del PDeCat, la formación que sucedió a CiU después de que Unió abandonase la federación, explican las mismas fuentes.

Las conversaciones, que siguen en curso, aún no se han concretado en ningún acuerdo, precisan. El PSC tiene previsto cerrar sus listas entre este miércoles y jueves para ratificarlas el viernes en un Consell Nacional, antes de que termine el plazo oficial de presentación de listas el 17 de noviembre.

Las encuestas de estimación de voto que manejan los socialistas reflejan una subida del PSC que procede en parte del votante tradicionalmente abstencionista, pero también del entorno de Unió, el partido que lideraba Josep Antoni Duran i Lleida, según las fuentes consultadas.

De ahí el interés del PSC de integrar en sus listas algún nombre con el que se pueda identificar buena parte de los votantes que en el pasado apostaron por esta formación democristiana ya desaparecida.

ATRAER A 'COMUNES' DECEPCIONADOS

Pero los esfuerzos por elaborar unas listas transversales no miran sólo al entorno de Unió. El PSC quiere atraer asimismo a sectores de los 'comunes' de Ada Colau que se sienten decepcionados con la deriva soberanista de la formación, así como a representantes del mundo sindical y empresarial.

Los socialistas catalanes presentarán en los próximos días un manifiesto que resumirá el contenido principal del extenso programa electoral que están elaborando, y que contiene más de 100 páginas.

Parte de sus propuestas se basan en la Declaración de Barcelona que el PSOE pactó con el PSC en verano pasado y que apuesta por recuperar algunos de los elementos que el Tribunal Constitucional anuló en su sentencia sobre el Estatut, como la creación del Consejo de Justicia de Cataluña, un órgano propio de gobierno de los jueces en esa comunidad.