A los dos años de la publicación en el Boletín Oficial del Estado de la Ley de Tasas Judiciales, la Abogacía ha reiterado el acuerdo que ya adoptó en noviembre de 2012 cuando exigió la "inmediata retirada" de la norma por "consagrar una justicia para ricos y otra para pobres, impidiendo el acceso a la justicia de un gran número de ciudadanos".

   Desde el inicio, el Consejo General de la Abogacía Española ha liderado las protestas de los colectivos jurídicos para exigir la retirada de las tasas judiciales al considerarlas "inconstitucionales, injustas y desproporcionadas".

   Tras recordar el rechazo que la norma ha recibido de todos los sectores, la Abogacía ha hecho balance de su aplicación y ha advertido de que se han cumplido los "peores" augurios al constituir una "barrera" para el acceso a la Justicia y una "brecha" en el Estado de Derecho.

DESTINO DE LOS 512 MILLONES RECAUDADOS

   La Abogacía ha denunciado que se desconoce el destino de los 512 millones de euros recaudados hasta julio de 2014. Esta institución forma parte de la Plataforma Justicia para Todos junto al Consejo de Consumidores y Usuarios, los sindicados CCOO, UGT, CSI-F, USO y STAJ, asociaciones de jueces, fiscales y secretarios judiciales.

   "La Abogacía expresó su oposición a la reforma ahora vigente porque no modificó la cuantía fija de las tasas (hasta 1.200 euros), ni la aplicación de la cuantía variable en relación a la capacidad económica real de los ciudadanos, que tienen que abonar hasta 2.800 euros por un recurso de apelación civil o hasta 3.200 euros por una casación ante el Tribunal Supremo, además de mantener la inclusión de las personas físicas en este tributo", ha remarcado.

   El Tribunal Constitucional tiene encima de la mesa cinco recursos de inconstitucionalidad interpuestos por el Gobierno Andaluz, la Generalitat de Cataluña, el Grupo Parlamentario Socialista, el Gobierno de Canarias y la Diputación General Aragón (DGA), y cuestiones de inconstitucionalidad planteadas por Juzgados de lo Social, de Primera Instancia y de la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Audiencia Nacional, que consideran que las tasas son un impedimento innecesario e injustificado para obtener el derecho a la tutela judicial efectiva.

    Además, la Sala Cuarta del Tribunal Supremo adoptó un acuerdo no jurisdiccional que establece la no exigencia de tasas judiciales al trabajador, sindicatos, beneficiario de la Seguridad Social, funcionario o personal estatuario en recursos de suplicación y casación.

   La oposición a las tasas judiciales también ha contado con el rechazo de la Federación de Colegios de Abogados de Europa (FBE), que durante su Congreso Anual en Frankfurt en 2013, aprobó una resolución calificando las tasas como "totalmente desproporcionadas" y expresando su "total rechazo a la normativa aprobada por el Gobierno español".