La letrada, que ha hecho uso de la palabra tras las cerca de cuatro horas de intervención del fiscal anticorrupción Pedro Horrach, ha ceñido su discurso a los delitos fiscales en los que habrían incurrido ambos exsocios, toda vez que ha desvinculado a la Infanta Cristina de la presunta defraudación que habría cometido su marido a través de Aizoon, empresa de la que el matrimonio es propietario.

De hecho, Ripoll se ha referido en este sentido al perito aportado a la causa por el sindicato Manos Limpias -y a cuyo interrogatorio finalmente renunció en el acto del juicio-, sobre quien ha aseverado que "no se puede considerar perito" y, si su informe en instrucción ha sido admitido, lo que ha sido aceptado "es una simple opinión personal de alguien que no se identifica".

"No se conoce su curriculum y además incurre en contradicciones", ha recriminado la abogada del Estado. Durante su intervención, la abogada ha incidido en que la condición de socio no convierte, por sí sola, al socio en responsable de los delitos cometidos por el administrador de la entidad, como en este caso Urdangarin.

En su comparecencia ante el juez José Castro, este perito, quien se definió en su día como un "mercenario tanto tributario-mercantil como económico", manifestó, en alusión al papel de la Infanta en Aizoon, que la exduquesa no era "un socio que posee el 0,00001 por ciento del capital y que no pinta nada" y que, como propietaria a medias de esta empresa junto a su marido, podría haber pedido que se regularizase la situación tributaria de la misma puesto que tenía "la capacidad de decir eso".

En relación con las sociedades de Urdangarin y Torres, Ripoll ha recordado las palabras del que fuera asesor de Nóos, Luis Tejeiro, señalando que la finalidad de la facturación cruzada en la que incurrieron las empresas del entramado dirigidas por los dos exsocios pasaba por "sacar el dinero de Nóos" que previamente éste había obtenido de las Administraciones públicas.

También ha apuntado a la "intercambiabilidad" de los trabajadores de cada una de esas entidades, que "pensaban que trabajaban para Nóos y que, al ver la nómina, veían que trabajaban para una u otra sociedad".

El fiscal Horrach resume la tesis de quienes

han llevado a la Infanta al banquillo: "Todo

crimen"

"Todo crimen". Así ha resumido el fiscal anticorrupción Pedro Horrach el papel de la Infanta Cristina visto por quienes la han llevado al banquillo de los acusados en el marco del caso Nóos. Unas acusaciones "saturadas" además de "elementos ornamentales que provocan tal asombro" que han llevado al representante del Ministerio Público a acudir a Émile Zola y a una de las proclamaciones de su 'Yo acuso': "¡Cuanta vaciedad!".

"Es Infanta de España, crimen; es licenciada en Ciencias Políticas y trabajadora en La Caixa, crimen; en una ocasión visitó la sede del Instituto Nóos para recoger a su marido, crimen; tiene una sociedad junto a su cónyuge: crimen; no se turba ante las preguntas del instructor: crimen; ni un solo testigo le ha incriminado, crimen. Todo crimen. Siempre crimen", ha espetado Horrach al término de la exposición de su informe final en el juicio del caso Nóos, que se ha prolongado durante casi cuatro horas.

A juicio del fiscal, la instrucción de la causa ha supuesto varios años "perdidos en arrabales de lo que fue una sospecha desquiciada por algún medio de comunicación".

El fiscal ha manifestado que la conducta de la exduquesa, para quien Manos Limpias reclama ocho años de cárcel al considerarla cooperadora necesaria de dos delitos fiscales, no constituye ninguna infracción administrativa tributaria, de modo que un hecho que no es ilícito en este ámbito "no puede serlo a nivel penal cuando a éste se traslada".

Horrach, cuyos alegatos arrancaron a las 9.20 horas y finalizaron pasadas las 13.05, ha hecho asimismo alusión a dos sentencias de la Audiencia Provincial de Baleares por sendas causas de corrupción política, los denominados casos Maquillaje y Scala.

Al respecto, ha recordado la absolución de Elisabeth Diéguez a pesar de ser administradora junto a su marido de la productora Studio Media, que fue beneficiada con fondos públicos con el objetivo aparente de difundir por radio unos programas sobre patrimonio que ya habían sido emitidos y remunerados.

En cuanto al caso Scala, Horrach ha manifestado cómo las esposas de tres de los procesados en la causa administraban junto a sus maridos varias de las sociedades que recibieron fondos públicos de la trama de desvío de fondos desde el Consorcio de Desarrollo Económico de Baleares (CDEIB), por el que el exconseller del PP Josep Juan Cardona fue condenado a la mayor pena de prisión impuesta a un político en España: 17 años de cárcel.

De hecho, ya en el informe que expuso en el juicio del caso Scala, en mayo de 2013, Horrach se defendió, de forma velada e irónica, de las críticas recibidas por no apoyar la imputación de la Infanta, comparando la situación de ésta con la de las mujeres de los empresarios acusados en este procedimiento.

"Reflexiono esto porque, quizás, y pensando en otros casos, sí deberían haber sido imputadas por el principio de igualdad", llegó a espetar.