En un auto dictado este viernes, el magistrado reafirma la competencia de la Audiencia Nacional para asumir este procedimiento por el "vínculo de conexión relevante con España" de las víctimas y por la "falta absoluta de respuesta" en las dos comisiones rogatorias que cursó a las autoridades de Estados Unidos y Reino Unido preguntándoles si estaba persiguiendo estos hechos.

   En la causa se investiga el trato que habrían sufrido los presos Lahcen Ikassrien, de nacionalidad marroquí aunque con situación de arraigo y residencia en España y Hamed Abderraman Ahmed, conocido con los alias de "Hamido" y el "talibán español".

También se querellaron por las supuestas torturas el palestino Jamil Adullatif El Banna y el libio Omar Deghayes.  

  Además de Bush, la querella que motivó la apertura de este procedimiento se dirigía contra Dick Chenney, ex vicepresidente de Estados Unidos; Donald Rumsfeld, ex secretario de Defensa y segundo mando del Ejército norteamericano; y los generelaes Michael Lehner, jefe de la base militar de Guantánamo, y Geoffrey Miller, responsable de las operaciones conjuntas de detención e inteligencia. Las acusaciones, además, pidieron que se ampliara a otros mandos militares, entre ellos el ex director de la CIA George Tenet.   

 Ruz explica en su auto que en el "presente estadio" no procede "la notificación de las querellas" contra los responsables de la Administración estadounidense aunque se dirige a la Fiscalía para que le detalle la relación de "personas contra quienes entienda pertinente dirigir la acción penal como presuntos responsables de los hechos objeto de investigación".

 INFORMES FORENSES   

 Además, acuerda que Ahmed e Ikassrien sean sometidos a sendos exámenes médicos forenses para dictaminar "la existencia de lesiones o secuelas" derivadas de los hechos investigados y que les hayan supuesto "sufrimientos físicos o mentales, la supresión o disminución de sus facultades de conocimiento, discernimiento o decisión, o cualquier otra lesión contra su integridad moral".

   También pide al diario "El País" que explique si tiene en su poder documentación relativa al trato que tuvieron los cuatro presos en Guantánamo y, en caso afirmativo, explicite "la procedencia de tal documentación, así como la constancia que exista sobre su carácter oficial, autenticidad y origen".  

  El objetivo de esta diligencia es tomar declaración a los brigadieres generales del Ejército norteamericano Jay W. Hood, Mitchel R. Leclaire y James T. Payne III, que comparecerían en calidad de testigos y no de imputados, como reclamó la Asociación Por Dignidad de los Presos y Presas de España, que ejerce la acusación popular.  

  Además, el juez reitera las comisiones rogatorias cursadas a Estados Unidos y Reino Unido y pregunta a la Fiscalía si debe aceptar la personación como acusaciones populares solicitadas por el Centro Europeo para los Derechos Humanos y Constitucionales (ECCHR) y el Centro para los Derechos Constitucionales de Nueva York (CCR) y si considera procedente unir a la causa un informe elaborado por la organización Human Rights Watch.

INVESTIGACIÓN DE GARZÓN  

  El 25 de febrero de 2001 el Pleno de la Sala de lo Penal avaló, en contra del criterio de la Fiscal, un auto dictado en octubre de 2009 por el juez Baltasar Garzón en el que admitía a trámite la querella presentada por la defensa de Ikassrien para que se investigaran las torturas que habría sufrido en Guantánamo.

   El fiscal Vicente González Mota recurrió la apertura del procedimiento al entender que los hechos no se ajustaban a los supuestos contemplados en el artículo 23.4 de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ).  

  Además, en enero de 2010 Garzón admitió a trámite otra querella presentada por la Asociación Pro Dignidad de los Presos y Presas de España, la Asociación Libre de Abogados (ALA), Izquierda Unida (IU) y la Asociación Pro Derechos Humanos de España (APDHE) contra seis miembros de la Administración del ex presidente estadounidense George W. Bush que pusieron las bases legales para la creación de Guantánamo.

   En este caso la acción penal se dirigía contra el consejero general del vicepresidente Dick Cheney, David Addington; el asistente del fiscal general Jay S. Bybee; el subsecretario de Defensa para Asuntos Legales, Douglas Feith, el consejero general de la Oficina del secretariado de Defensa William J. Haynes; el segundo asistente del fiscal general John Yoo y el consejero de Bush Alberto R. Gonzáles.