"El periodismo tiene como una de sus principales obligaciones la búsqueda de la verdad y la defensa de la libertad para difundirla. En este sentido, cualquier propuesta para luchar contra la desinformación es bienvenida y la APM se muestra totalmente de acuerdo con cualquier iniciativa en este sentido", ha explicado la asociación.

En este sentido, la APM pone "serios reparos" a las herramientas anunciadas para esa lucha porque "deja en manos del Gobierno de la Nación una función que debería gozar de independencia frente a los poderes públicos". A su juicio, "el riesgo obvio es que un organismo del tipo que se propone funcione más como censor que como garante de la verdad".

"Los derechos fundamentales de la libertad de expresión y la libertad de información pueden quedar coartados y sometidos a un control de los poderes públicos", ha manifestado, para después añadir que la libertad de prensa, consagrada en la Constitución española, es "una condición inexcusable para la supervivencia de cualquier sistema democrático".

Igualmente, ha recordado que "siempre" ha defendido que "la mejor ley de prensa es la que no existe, es decir, que la excesiva regulación supone una merma de libertad, por lo que abogamos por la autorregulación". "La legislación ya tiene establecidos los cauces adecuados para ejercer el derecho de rectificación ante los medios cuando sea necesario", ha concluido.

El Gobierno ha aprobado un procedimiento de actuación contra las conocidas como 'fake news' mediante el cual monitorizará la información y podrá solicitar colaboración a los medios de comunicación para perseguir la "difusión deliberada, a gran escala y sistemática de desinformación, que persiguen influir en la sociedad con fines interesados y espurios".

La orden, publicada este jueves en el Boletín Oficial del Estado y firmada por el Ministerio de Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática que dirige Carmen Calvo, justifica esta decisión en que "uno de los pilares que sustentan a las sociedades democráticas" es el acceso a la información veraz.

Así, para dar cumplimiento a este plan nacional, el Ejecutivo ha elaborado una estructura compuesta por el Consejo de Seguridad Nacional, el Comité de Situación, la Secretaría de Estado de Comunicación, la Comisión Permanente contra la desinformación, las autoridades públicas competentes y, por último, el sector privado y la sociedad civil.

Con este último, el Gobierno ha señalado que podrá solicitar la colaboración de los medios cuya contribución se considere "oportuna y relevante" para combatir las 'fake news'. En la orden se argumenta que el sector de la comunicación puede contribuir a este objetivo "con acciones como la identificación y no contribución a su difusión".

Además, en este marco para luchar contra la desinformación quedarán también integrados el Centro Nacional de Inteligencia (CNI), la Presidencia del Gobierno y los gabinetes de comunicación de todos los Ministerios.

Desde el Partido Popular, el vicesecretario de Comunicación, Pablo Montesinos, ha acusado al Gobierno de coalición de PSOE y Unidas Podemos de "arrogarse la potestad de decidir" qué es 'fake news' y le ha emplazado a retirar su orden ministerial. Además, ha solicitado la comparecencia urgente en el Congreso de la vicepresidenta Carmen Calvo y de Iván Redondo, jefe de gabinete de Pedro Sánchez, para que ofrezcan explicaciones sobre este plan.

Por su parte, el portavoz adjunto de Ciudadanos en el Congreso de los Diputados, Edmundo Bal, ha recordado que es el Código Penal el que establece los límites a la libertad de expresión y de prensa, mientras que Vox ha bautizado el plan como "Ministerio de la Verdad" y cree que tiene el objetivo de "controlar" las opiniones de los ciudadanos y "censurar" a aquellos medios de comunicación que no le son afines.