En un auto, al que ha tenido acceso Europa Press, la Sección Séptima de la Audiencia Provincial rechaza el recurso interpuesto por el imputado y confirma dicha fianza civil para el aseguramiento de las eventuales responsabilidades pecuniarias a las que tuviera que hacer frente en el caso de ser finalmente condenado.

   El tribunal dice en primer lugar que "sorprende" que el recurso "se limite a discutir la existencia de indicios racionales de criminalidad" contra el encausado frente el auto de Alaya, "que se ciñe a determinar la medida cautelar real para el aseguramiento de eventuales responsabilidades pecuniarias".  

  No obstante, la Audiencia considera que, "desde la perspectiva del momento procesal en que nos hallamos, de lo instruido se desprenden indicios racionales de criminalidad que implican" al recurrente en la comisión de delitos de prevaricación, malversación de caudales públicos y obtención indebida de ayudas de la Administración.  

  Añade que "no a otra conclusión cabe llegar cuando se constata indiciariamente que, por parte de la empresa, se solicitó a la Junta, solicitud en la que participó" como director de Recursos Humanos y abogado de Acyco, una ayuda sociolaboral de carácter excepcional para mantener 144 puestos de trabajo "pese a ser inferior la plantilla de la empresa", de lo que el imputado "era seguro conocedor".  

  Igualmente, "consta su participación" en la tramitación del ERE de Acyco, "al parecer innecesario", en el que "espuriamente se incluyó" a Encarnación Poto, "con el correlativo cobro por ésta de indemnización por despido y prestaciones por prejubilación pese a que iba a continuar como presidenta del consejo de administración, lo que era sobradamente conocido por el imputado, cobrando además las oportunas dietas".

 "ACTIVA" PARTICIPACIÓN DEL IMPUTADO

    Todo ello, "con un coste para el erario público de unos 261.048,09 euros", agrega la Sala, que llama la atención sobre la "activa" participación del imputado, que junto a Poto asistió a reuniones con el entonces director general de Trabajo Francisco Javier Guerrero y el exdelegado provincial de Empleo Antonio Rivas.

   "Tan es así que en la autorización del ERE" por parte de Rivas "aparece mencionado el imputado en su encabezamiento como solicitante en calidad de representante legal de la empresa", a lo que se suma que "fue el imputado quien, en nombre de Acyco, firmó el acta de acuerdo en el proceso negociador con los representantes de los trabajadores".  

  Asimismo, "y a mayor abundamiento", el auto de la juez "reitera los indicios apreciados" por Alaya, "igualmente suficientes para adoptar una medida cautelar real como la recurrida, que no exige petición de parte, si bien en el presente caso la hubo".

"SEVEROS" INDICIOS DE CRIMINALIDAD  

  De este modo, y "mantenida la realidad de tales indicios se revela como necesaria la adopción" de la fianza civil impuesta, una medida "razonable" una vez "confirmada la concurrencia de severos indicios de criminalidad.

    "Así las cosas, es ajustado acudir como criterio para determinar el importe de la fianza al importe del dinero público bien obtenido fraudulentamente -el coste de la inclusión de Poto en el ERE- bien aplicado en desviación de la finalidad para la que se concedió", concluye la Audiencia.  

  En su declaración ante Alaya, el imputado dijo que Poto "tenía relaciones políticas e institucionales con cargos del PSOE y de la Junta", así como con el alcalde de Dos Hermanas, Francisco Toscano, de manera que "todos tenían en Acyco la convicción de que la Junta iba a sufragar íntegramente las prejubilaciones y los gastos de asesoramiento del ERE".

    El imputado reconoció que el ERE, "posiblemente, no era necesario para el funcionamiento de Acyco, aunque era conveniente el reciclado de la plantilla".