Jokin Unamuno, Ohian Arnanz, Adur Ramírez, Julen Goicoechea, Jon Ander Cob, Iñaki Abad, Aratz Urrizola y Ainara Urquijo fueron condenados a entre 2 y 13 años de prisión el pasado mes de junio al ser considerados culpables de la paliza que recibieron un teniente y un sargento de la Guardia Civil y las novias de ambos.

Los magistrados les atribuyen los delitos de atentado a agentes de la autoridad, lesiones, desórdenes públicos y amenazas y les impusieron las penas más altas contempladas, si bien descartaron condenas por delitos terroristas que pedían tanto la Fiscalía como las acusaciones populares y particulares.

Ni el Ministerio Público ni las defensas, por tanto, quedaron conformes con la sentencia, así que presentaron sendos recursos ante la Sala de Apelación de la Audiencia Nacional, que está integrada por los magistrados José Ramón Navarro, Enrique López y Eloy Velasco.

EL FISCAL INSISTE EN CONDENAR POR TERRORISMO

Este trámite permite a las partes solicitar la presentación en vista pública de nuevas pruebas, lo que tendrá lugar el miércoles. La Fiscalía opta por insistir en su acusación por terrorismo, por lo que considera suficiente el escrito que ya presentó a la Sala recurriendo la sentencia.

En caso de que los magistrados sí vean delito terrorista en los hechos ocurridos en Alsasua, las condenas podrían aumentar hasta los 50 años de prisión, como así solicita el fiscal José Perals en su recurso. Y es que, en su opinión, los ocho acusados son "herederos" de las ideas y la estrategia que dictó la banda terrorista ETA y que llevó a las "peores atrocidades" cometidas durante medio siglo.

Entre las pruebas solicitadas por las defensas, el tribunal ha optado por aceptar sólo algunas de ellas, en su mayoría testificales de jóvenes que estuvieron la noche de la agresión en el bar Koxka de Alsasua y habrían presenciado los hechos. Uno de los testigos es una antigua amiga de María José N.C., la novia del teniente, según han informado a Europa Press fuentes jurídicas.

Las defensas de todos los condenados solicitaron diversas pruebas para la vista de apelación, si bien la Sala presidida por José Ramón Navarro sólo ha aceptado las planteadas por tres de ellos: Ohian Arnanz --condenado a 13 años de prisión--, Julen Goicoechea y Jon Ander Cob --ambos con sentencia de 9 años de cárcel--.

En lo que respecta a Arnanz, la Sala de Apelación ha admitido que su defensa pueda aportar una relación de facturas de los teléfonos a los que el joven realizó las llamadas que se señalan como borradas por éste, pero al no aparecer aportadas estas pruebas el tribunal dio cinco días para que todas las partes pudieran tener acceso a ellas.

Por su parte, los magistrados han aceptado seis testificales propuestas por los letrados de Julen Goicoechea y Jon Ander Cob, concretamente cuatro chicas y dos chicos, todos ellos vecinos de Alsasua que estuvieron la noche del 15 de octubre de 2016 en el Koxka.

RESPUESTA DEL GOBIERNO SOBRE LA MEDALLA A ESPEJEL

Pero además, la Sala ha admitido la petición de la defensa de Jon Ander Cob de considerar una respuesta escrita del Gobierno al senador de Bildu Jon Iñarritu sobre la medalla de la Guardia Civil que fue concedida a la magistrada Concepción Espejel, presidenta de la Sala de lo Penal que estuvo al frente del tribunal que condenó a los jóvenes de Alsasua.

En concreto, Iñarritu preguntó "por qué motivo el Ministerio del Interior condecoró a la magistrada de la Audiencia Nacional con la Orden del Mérito de la Guardia Civil con distintivo blanco", a lo que el Ejecutivo contestó el pasado 23 de mayo que la concesión fue en 2007, cuando Espejel era presidenta de la Audiencia Provincial de Guadalajara, y que el objetivo de este tipo de condecoraciones es "premiar la conducta de aquellas personas que, sin pertenecer a esta institución, colaboran espontánea y generosamente al mejor y más completo logro de las misiones que a la Guardia Civil le han sido confiadas".

Las defensas de los acusados ya intentaron, antes del juicio celebrado el año pasado, recusar a Espejel precisamente por la concesión de esta medalla y por el hecho de que su marido es coronel de la Guardia Civil, si bien la magistrada rechazó apartarse y la Sala de lo Penal la avaló como presidenta del tribunal enjuiciador dado que la recusación se presentó fuera de plazo.

Los ocho jóvenes acusados, de los que únicamente Ainara Urquijo se encuentra en libertad al haber sido condenada sólo a dos años de cárcel y no tener antecedentes penales, no estarán presentes en la sala de vistas de la Audiencia Nacional en su sede de San Fernando de Henares (Madrid), sino que seguirán la jornada por videoconferencia.