El juez prohíbe a ACAI la reiteración futura de dicha publicidad y la condena a incluir en su página web, durante seis meses ininterrumpidos, una referencia a la sentencia con una breve reseña de los mensajes y un enlace desde el que pueda accederse al texto íntegro.

Con este auto, la Audiencia Provincial de Oviedo da la razón a la Asociación de Abogados Cristianos, que había demandado a ACAI por considerar que hacía "publicidad engañosa" en su página web, al decir que "la interrupción del embarazo es una operación que no deja secuelas".

En concreto, en respuesta a una de las preguntas frecuentes de su web, ACAI señalaba: "La interrupción del embarazo es una operación que no deja secuelas, por eso cuando te quedes embarazada será como si no hubieses tenido un aborto anterior. Tampoco hay ningún riesgo de esterilidad por someterse a uno o más abortos. El aborto es la intervención quirúrgica más frecuente en España que no deja secuelas y la incidencia de complicaciones es bajísima".

Según Abogados Cristianos, "la práctica de un aborto entraña riesgos de una entidad considerable que afectan tanto a la salud física como psíquica de la mujer". Por ello, presentó una demanda contra ACAI que fue desestimada en primera instancia por "falta de legitimación activa de la demandante" y "al estar la acción prescrita por el transcurso del plazo de un año".

Si bien, la Audiencia Provincial de Oviedo entiende que la acción no se encontraba prescrita en el momento de presentar la demanda puesto que considera que la publicidad engañosa en Internet tiene "unos efectos persistentes en tanto se mantenga su contenido expuesto en la página web" y "el plazo de prescripción se renueva, sin solución de continuidad, mientras perdure la situación antijurídica de ese ilícito continuado".

Además, el juez entiende que ACAI "omite una información sustancial", la relativa a "los posibles riesgos del servicio que presta, riesgos que se traducen en la posibilidad de aparición de secuelas fundamentalmente psíquicas producidas por la intervención abortiva".

Esto contribuye, según añade el magistrado, a que el "consumidor medio" pueda tomar una decisión "que de otro modo no hubiera tomado" y esto, a su juicio, "justifica" que alguno de los testigos que han declarado en el juicio hayan hablado de "efecto llamada" en esta publicidad.

"EL ABORTO ES UN NEGOCIO"

La presidenta de la Asociación Abogados Cristianos, Polonia Castellanos, ha manifestado que están "muy contentos" por esta sentencia. "Todos sabemos que el aborto es un negocio y ahora la Justicia así lo ha admitido también", ha subrayado en declaraciones a Europa Press.

A su juicio, el aborto es "un negocio sucio" porque "los magnates del aborto están dispuestos a lo que sea, incluso a poner en riesgo la salud de las mujeres" con "el único fin de ganar más dinero".

"El aborto no es feminismo, el aborto simplemente es un negocio, no ayuda a las mujeres, simplemente se sirve de las mujeres para ganar más dinero", ha insistido Polonia Castellanos, al tiempo que ha pedido que "todo el dinero público que llega a estos centros de abortos que pertenecen a ACAI sea retirado y se dé a las mujeres".

ACAI recurrirá ante el TS el fallo

La Asociación de Clínicas Acreditadas para la Interrupción del Embarazo (ACAI) ha informado de que va a recurrir ante el Tribunal Supremo (TS) el fallo de la Audiencia Provincial de Oviedo que le ha condenado, tras una denuncia de Abogados Cristianos, por mentir a las mujeres sobre los riesgos del aborto.

Asimismo, la organización ha comentado de que, por el contrario, el Tribunal Superior de Justicia de Asturias ha dado la razón a las Clínicas Belladona y Buenavista del Principado, a quienes Abogados Cristianos
había acusado, de manera particular, por hechos similares a los de ACAI.

En este sentido, ACAI ha recordado que no desarrollan ninguna actividad empresarial, sino que es una asociación sin ánimo de lucro integrada por profesionales del aborto y la contracepción, cuyos objetivos pasan por la mejora continuada de la prestación sanitaria de aborto provocado y la atención integral a la mujer en todos y cada uno de los aspectos de su salud sexual y reproductiva. "En consecuencia, y dado que no realizamos actividades mercantiles ni empresariales, no podemos enmarcar nuestras acciones ni la difusión de la información que producimos, en el ámbito de la competencia leal o desleal", ha dicho.

De igual forma, y tal como reconoció en Primera Instancia el Juzgado de lo Mercantil de Gijón, ACAI ha señalado que la Asociación de Abogados Cristianos "tampoco tiene entidad jurídica empresarial" y, en consecuencia, "no debería estar legitimada para emprender acciones de este tipo", entroncando las motivaciones que mueven sus acciones, con razones de carácter ideológico, religioso, moral y político.

"Para los profesionales de los centros acreditados para la IVE resulta ciertamente sorprendente que la Justicia de validez al testimonio de una mujer, supuestamente afectada por la información que difundió ACAI en su página web, cuando dicha mujer ni siquiera llegó a presentarse en los juzgados el día en que tuvo lugar el juicio, no siendo capaz su letrado de informar sobre su paradero y ateniéndonos a los hechos juzgados, tampoco pudo la acusación explicar en qué centro había sido atendida la demandante, ni de cuántas semanas de gestación estaba la mujer supuestamente intervenida", ha detallado.

Además, prosigue, para los profesionales de los centros acreditados resulta "muy difícil" comprender que se venga a requerir la divulgación en las páginas web de los centros de IVE de los consentimientos informados que dan a las pacientes cuando van a ser intervenidas. Un hecho "difícil de comprender" porque tales exigencias no se solicitan a ningún otro centro médico o sanitario de este país, y "más aún" cuando el ámbito en el que se está produciendo esta exigencia "no es ni tan siquiera el de estos centros, sino el de la página web de una asociación profesional".

Finalmente, ha hecho un llamamiento a la sociedad civil, a las asociaciones de mujeres y a las administraciones para que se posicionen y defiendan la prestación sanitaria de aborto provocado, "frente a los intentos de aquellos que buscan el desmantelamiento de este recurso médico". "De conseguir su objetivo, las mujeres no solo perderán un derecho que debería estar consolidado, sino que se generará un grave problema de salud pública, volviendo a ser el aborto la práctica insegura y clandestina que estos grupos buscan que vuelva a ser", ha zanjado.