Al presentar los resultados preliminares después de una visita de una semana a Brasil, la primera desde 1995, un equipo de la CIDH ha apuntado a las débiles protecciones en Brasil de los derechos a la tierra y de género, y a una cultura de impunidad.

"Expresamos una profunda preocupación por el estado actual de los Derechos Humanos en Brasil, y su futuro", han señalado los integrantes del equipo en un comunicado. "A pesar de algunos avances, encontramos un país que no ha logrado abordar y de resolver sus principales deudas históricas con la ciudadanía", han aseverado.

"La exclusión social, la falta de acceso a la justicia, la fragilidad de los servicios públicos son todos limitantes de las condiciones de desarrollo del país y de la situación crítica de acceso a los derechos humanos para la mayoría de la población", han indicado en el documento.

El comunicado no ha mencionado a Bolsonaro, que fue elegido presidente en octubre en medio de una ola de enfado por la corrupción y el aumento de la violencia que él y muchos votantes atribuyeron al largo reinado en el poder del izquierdista Partido de los Trabajadores (PT).

Bolsonaro quiere rebajar las leyes sobre la posesión de armas de fuego, brindar a policías y soldados protección legal para atacar a pandilleros, reducir la educación sexual y de género, y tratar a los usurpadores de tierras como "terroristas".

La CIDH, el brazo de Derechos Humanos de la Organización de Estados Americanos (OEA), ha criticado el uso de esa calificación para aquellos que protestan por los derechos a la tierra.

"La CIDH ha afirmado para distintos países de la región que las leyes antiterroristas no deben ser utilizadas para la criminalización del derecho a la manifestación y de asociación", ha señalado en el comunicado.

El equipo ha asegurado que se había reunido con funcionarios federales y locales, grupos de la sociedad civil, comunidades indígenas y LGBT, habitantes de favelas y diplomáticos con el objetivo de elaborar un informe que se presentará en el futuro.

Sus hallazgos preliminares ponen en relieve las amenazas a los derechos de las personas que viven en favelas, que se han convertido en áreas de intenso delito y batallas con la Policía, y de las mujeres negras.

"Ellas y ellos son asesinados por decenas de miles, sin investigación, juicios, sanción ni reparación adecuadas", ha añadido el informe.

La protección de los Derechos Humanos en Brasil ha ido creciendo de forma constante en las últimas décadas, pero los problemas presupuestarios han provocado reveses, según el comunicado.

El grupo ha pedido asimismo resultados en la investigación sobre el asesinato de la legisladora de Río de Janeiro y activista de Derechos Humanos Marielle Franco en marzo, y una mayor protección para los inmigrantes venezolanos en el norte de Brasi