El presidente de la Comisión de Venecia, Gianni Buquicchio, ha respondido la carta que el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, envió el lunes al órgano consultivo del Consejo de Europa y ha recordado al Govern que tanto el referéndum como cualquier participación de este organismo en su celebración debe hacerse "de acuerdo con las autoridades españolas".

La misiva, publicada este sábado por varios medios y recogida por Europa Press, dice recibir con interés la carta en que Puigdemont informaba de su voluntad de consultar a los catalanes sobre la independencia, pero remarca que tal referéndum debe "desarrollarse en pleno cumplimiento de la Constitución y de la legislación aplicable".

"Informaré a la Comisión sobre el contenido de esta resolución y he tomado nota de la intención de cooperar con la Comisión de Venecia" para la celebración del referéndum, expone Buquicchio en la carta, fechada el viernes, que añade en copia al representante permanente de España en la Comisión de Venecia, Luis Javier Gil.

Puigdemont explicó en su primera comunicación que el Parlament aprobó una moción apelando a la Comisión considerando que la trayectoria y la experiencia del organismo son una "garantía" para afrontar el referéndum, y destacó que la prioridad de la Generalitat es una consulta pactada con el Ejecutivo de España.

Asimismo, planteó que el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy contestó de forma negativa a la celebración acordada de tal votación y concluyó que, pese a este 'no', el Govern mantiene "permanentemente abierta la posibilidad de negociar y pactar el referéndum".

Un miembro de la Comisión de Venecia

señala el riesgo de ir "contra o por encima"

de la ley

El jurista y miembro de la Comisión de Venecia Josep Maria Castellà ha defendido en relación al proceso soberanista catalán que "no se puede apelar a la legitimidad democrática contra o por encima del Estado de Derecho".

Lo ha explicado al preguntársele en una entrevista de Europa Press por el debate instalado sobre el conflicto que se plantea en Cataluña entre la legitimidad democrática y la legalidad del ordenamiento jurídico.

La Comisión de Venecia, cuyo nombre formal es Comisión Europea para la Democracia a través del Derecho, es el órgano consultivo del Consejo de Europa en derecho constitucional, está formado por juristas de los Estados y entre sus funciones está pronunciarse sobre la idoneidad de procesos refrendarios.

Este lunes, el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, envió una carta a la Comisión informando de la voluntad del Govern de celebrar el referéndum, lo que ha puesto a este órgano en el centro del debate político.

El conflicto entre legitimidad y legalidad se plantea en el proceso soberanista catalán porque la Generalitat apela a la posibilidad de celebrar un referéndum porque así lo han avalado los ciudadanos en las últimas elecciones --legitimidad--, mientras que el Gobierno muestra su rechazo apelando a la ordenamiento jurídico --legalidad--.

Castellà ha argumentado que la legitimidad va ligada a la legalidad en los Estados democráticos de derecho del entorno cultural europeo, por lo que, sin respeto al Estado de Derecho, "la democracia es revolucionaria y por lo tanto no tiene límites al poder".

"En cambio, la democracia constitucional compagina la legitimación democrática con el control del poder, las garantías de los derechos fundamentales y el sometimiento al derecho de autoridades y ciudadanos", reflexiona el jurista, doctor en Derecho y profesor de la Universitat de Barcelona (UB).

Preguntado por si la Comisión puede pronunciarse sobre Cataluña, Castellà concreta quién está legitimado para dirigirse a este órgano: los Estados miembros, así como los órganos del Consejo de Europa, particularmente la Asamblea Parlamentaria o sus comisiones, el Comité de Ministros o el Congreso de Poderes locales y regionales.

Aunque cada caso presenta sus "singularidades", Castellà señala que hay dos informes de la Comisión relativos a referéndums de secesión, el de Montenegro de 2005 y el de Crimea de 2014, y también se ha pronunciado sobre referéndums constitucionales y ha elaborado un código de buenas prácticas.

LEY DEL REFERÉNDUM

La Generalitat ha enviado esta carta a la Comisión sin especificar el marco legal con el que convocará a los ciudadanos y, preguntado por ello, Castellà señala que la Comisión aborda "reformas constitucionales o leyes relativas a cuestiones constitucionales y de derechos humanos una vez son publicadas".

En estos asuntos, el jurista recuerda que la finalidad de la Comisión es asesorar sobre la adecuación que presentan estas reformas o normas "a los estándares jurídicos europeos".

Según explica Castellà, la función de los juristas como él es debatir los informes que le plantean a la Comisión, además de intervenir en la elaboración de estos informes como ponentes; también participan en foros académicos y en misiones de "supervisión electoral".

Cada Estado miembro de la Comisión, ahora son 61, designa a dos miembros normalmente especialistas en derecho constitucional, éstos no tiene ningún mandato y actúan "libremente", de acuerdo con criterios jurídicos y no representando a los Estados.

Expone que, siendo él miembro de la Comisión, nunca se han votado los informes y todos se han adoptado por consenso; en el caso de España, el encargado de designar a sus dos miembros es a propuesta del Centro de Estudios Políticos y Constitucionales.