El texto de condena ha sido respaldado por socialistas, liberales, Izquierda Unitaria y los Verdes y se impuso a otra propuesta promovida por el Partido Popular Europeo que, con el apoyo de los conservadores británicos, aboga por una mayor integración de la comunidad romaní en la sociedad europea, pero evita mencionar las medidas de Sarkozy. El texto de los populares fue rechazado por 328 votos en contra y 287 a favor.

   La resolución aprobada insiste en el derecho a la libertad de movimiento y residencia de "todos" los ciudadanos de la Unión Europea.  

  Los eurodiputados han mostrado su "profunda preocupación" por el uso de una retórica "incendiaria y abiertamente discriminatoria" en los discursos políticos durante la crisis de las deportaciones, ya que temen que dé "credibilidad a las declaraciones racistas" de grupos ultras.   

También condenan "profundamente" las medidas adoptadas "por las autoridades francesas y de otros Estados miembros contra gitanos y nómadas y orientadas a su expulsión" y advierte de que las deportaciones "masivas" están "prohibidas" por la Carta de Derechos Fundamentales --vinculante desde la entrada en vigor del Tratado de Lisboa-- y que "violan las leyes y tratados de la UE".

   París defiende su política de expulsiones amparándose en la defensa del orden público y sostiene que cada caso ha sido estudiado individualmente y que los que han elegido regresar a sus países de origen lo han hecho con una ayuda "humanitaria" de 300 euros, para los adultos, y de 100, para los menores.   

Sin embargo, los eurodiputados ponen en duda que las deportaciones se hayan evaluado y decidido "caso por caso" y advierten de que la "falta de medios económicos no justifica en ningún caso la expulsión automática" de ciudadanos comunitarios.

   Y añaden que las restricciones a la libertad de movimiento en base a la seguridad y salud pública "sólo pueden imponerse por la conducta personal y no por consideraciones preventivas y generales sobre el origen étnico o nacionalidad".

   Además, instan a los responsables políticos a que "rechacen cualquier declaración que vincule a las minorías y los inmigrantes con la delincuencia y cree estereotipos discriminatorios".   

La resolución final incluyó una enmienda para pedir que la situación de los gitanos en Europa no afecte a la entrada de Rumanía y Bulgaria en el espacio Schengen.  

  CRÍTICAS A LA PASIVIDAD DE BRUSELAS

   Los eurodiputados también critican en su resolución la actuación de la Comisión Europea, de la que dicen que ha dado una respuesta "tardía y limitada" pese a su obligación de garantizar que los gobiernos nacionales respetan las normas europeas, especialmente en cuanto al principio de no discriminación y a la libertad de movimiento.   

Instan a los Estados miembros a cumplir todas sus obligaciones con respecto a las leyes comunitarias y pide al Consejo y a la Comisión Europea que "vigilen" la correcta aplicación de las normas de no discriminación y libertad de movimiento por los gobiernos nacionales, especialmente en el caso de los gitanos.   

En este sentido, reclaman a Bruselas que tome "las medidas necesarias en caso de no aplicación (de estas normas), en concreto con procedimientos de infracción". En el futuro será necesaria una coordinación mayor y más fuerte para dar respuestas "a tiempo y efectivas", dice el texto.

   Por ello los eurodiputados exigen al Ejecutivo de Jose Manuel Durao Barroso "firmeza" para defender los valores y principios de la Carta de Derechos Fundamentales y que emita "de inmediato" un análisis completo sobre el caso francés.  

  La Eurocámara esperaba que la vicepresidenta de la Comisión, Viviane Reding, presentara dicho informe el pasado martes en el hemiciclo, quien sin embargo aplazó su juicio argumentando que aún necesita más información de París.   

REACCIONES

   El eurodiputado socialista y presidente de la comisión de Libertades Civiles, Juan Fernando López Aguilar, ha asegurado que el voto "en ningún caso pone en el punto de mira al Gobierno francés, ni busca sin más su reproche". "Expresamos, eso sí, nuestra preocupación ante las medidas tomadas por el Gobierno que dirige Sarkozy", matiza.

   "No es tolerable la expulsión colectiva en base a la pertenencia a una comunidad étnica y rechazamos toda acción de índole populista que, en lugar de dar soluciones, busca chivos expiatorios", ha añadido.   

El eurodiputado del grupo de Los Verdes Raül Romeva (ICV) ha celebrado el mensaje claro que la Eurocámara ha enviado a los gobiernos "que se ven tentados por estas prácticas inaceptables". "Estas expulsiones suponen un test crucial para Europa en cuanto a su capacidad para respetar sus propias normas inscritas en la Carta de Derechos Fundamentales", ha dicho en un comunicado.

   Los eurodiputados también han incidido en que reclaman a los Estados miembros y a la Comisión una estrategia europea efectiva para favorecer la inclusión de la comunidad gitana en la sociedad, especialmente en áreas como la educación, la salud, el empleo y la representación política.  

  Mientras, el Partido Popular Europeo ha criticado a través de la red social Twitter que el debate sobre la comunidad gitana en Europa se haya "explotado políticamente" en la Eurocámara.