El pleno del Parlamento Europeo ha dado luz verde al nuevo acuerdo agrícola con Marruecos que permitirá una mayor entrada en el mercado comunitario de tomate marroquí. Los agricultores españoles critican el acuerdo porque creen que Rabat no respeta las reglas de precios y contingentes del convenio en vigor y los eurodiputados españoles de los distintos grupos anunciaron que votarían en contra.  

  Los eurodiputados han aprobado el acuerdo por una mayoría de 369 votos a favor, 225 en contra y 31 abstenciones. Sin embargo, han rechazado una enmienda promovida por la socialista española Josefa Andrés que reclamaba compensaciones para los agricultores europeos.   

Todos los eurodiputados españoles han votado en contra del pacto, aunque por distintos motivos. El PP y el PSOE anunciaron su rechazo porque consideran que perjudica los intereses de los agricultores españoles, mientras que los eurodiputados Willy Meyer (IU), Raül Romeva (ICV), Francisco Sosa Wagner (UPyD) y la gallega del BNG, Ana Miranda, reclamaron que el convenio dejara fuera los recursos del Sáhara occidental y fuera más exigente con Rabat en cuestiones medioambientales y derechos laborales.   

 Su entrada en vigor no se producirá antes del 1º de mayo ya que debe cumplirse un procedimiento formal en el Consejo, según han explicado a Europa Press fuentes comunitarias, que han apuntado que tendrá una duración "de unos diez años", si bien las partes podrían retomar los contactos antes de que expire tal plazo.

   El nuevo régimen comercial para productos agrícolas y pesqueros ofrece una liberalización casi total para la mayoría de mercancías, pero prevé volúmenes más reducidos o contingentes arancelarios para una lista de producciones consideradas "sensibles" para la Unión Europea. Estas condiciones específicas valen para el tomate, el pepino, la fresa, la mandarina, el ajo, el calabacín y el azúcar.

   El sector agrícola en España, en especial los productores de tomate en Andalucía, Canarias y Murcia, ha criticado el nuevo acuerdo porque lo consideran desequilibrado y se quejan de que la parte marroquí incumple los volúmenes y precios pactados en el convenio actual.   

 Ante las críticas, el comisario de Agricultura, Dacia Ciolos, pidió el martes en un debate con la Eurocámara la ratificación del nuevo acuerdo con Rabat porque, según dijo, Marruecos "no es un socio cualquiera" y se trata de un pacto "equilibrado". También defendió que las importaciones marroquíes cumplen las normas europeas y se comprometió a un "seguimiento muy estricto" de los alimentos "más sensibles", entre los que está el tomate.

   Además del visto bueno al nuevo régimen comercial agrícola, los eurodiputados han adoptado una resolución por 398 votos a favor, 175 en contra y 50 abstenciones para marcar los pasos a seguir y señalar posibles mejoras. Se trata de un texto consensuado por el Partido Popular Europeo (PPE), Socialistas y Demócratas (S&D), Liberales (ALDE) y Conservadores y Reformistas (ECR).  

  La resolución reconoce que Marruecos es un socio muy importante para la Unión Europea y considera que reforzar las inversiones y el comercio con este país es parte de los esfuerzos europeos para promover la democracia al sur del Mediterráneo tras la llamada primavera árabe.   

 El acuerdo agrícola ofrecerá un "papel clave en el desarrollo económico del país y su estabilidad política" porque abre nuevas oportunidades de negocio también para el sector europeo, según el texto. La supresión arancelaria en cerca del 70 por ciento de los productos agrícolas y pesqueros permitirá un "ahorro estimado de 100 millones de euros" para la UE, añade.  

  Con todo, la resolución admite "preocupación por las quejas constantes" que denuncian "fraude" en el sistema de precios de entrada y pide "garantías" de que el incremento de los contingentes arancelarios está "debidamente regulado", al tiempo que reclama "medidas de control eficaces".

   Atendiendo a las reclamaciones de una parte del Hemiciclo sobre los derechos de la población saharaui, la resolución pactada por los principales grupos pide a Bruselas "que garantice que el acuerdo es plenamente coherente con el Derecho internacional y beneficia a todos los grupos de población locales afectados".