La presidenta de Peticiones, la popular Dolors Montserrat, ha defendido que el caso debe seguir en las instituciones, puesto que existe una ley vigente en Cataluña que "infringe la directiva de servicios" y "no ha sido modificada, ni derogada".

El caso de la ley catalana del cine que obliga a a alcanzar un 50 por cierto de distribución de películas en catalán en el territorio, incluidas las versiones originales, dobladas o subtituladas, ha llegado a la Eurocámara de la mano de la representante de la Federación de Distribuidores Cinematográficos, Estela Artacho, y el presidente del Gremi de Cinemes de Catalunya, Camilo Tarrazon, que han insistido en que la ley "viola el derecho europeo" y es un "hecho reconocido" por la Comisión Europea.

La ley fue objeto de la apertura de un procedimiento de infracción que, sin embargo se cerró a principios de este año. Según ha dicho el representante de la Comisión Europea, Giussepe Abbamonte, la decisión de finalizar el expediente se debe a que el Ejecutivo europeo no percibió "una amenaza a la diversidad cultural o un impacto en el mercado interior", apuntando a que además no se ha llegado a aplicar la normativa por un acuerdo entre la Generalitat y distribuidoras. "No hay ninguna sentencia que diga que la ley catalana viole la ley europea", ha apuntado.

En ese punto, se ha abierto un cara a cara entre Montserrat y Abbamonte a cuenta de si era pertinente cerrar el expediente de una ley que sigue vigente. "En aras de la buena administración no podemos mantener para siempre el proceso de infracción. Se lleva al Tribunal de Justicia de la UE o se cierra", ha argumentado el funcionario comunitario.

Frente a ello, Montserrat ha cuestionado la decisión de Bruselas, por lo que considera un "caso flagrante". "Llevo dos años de presidenta de la Comisión de Peticiones y no me había encontrado con que, ante una norma que infringe la ley, la Comisión cierre el caso y no ponga sobre la mesa el diálogo con las instituciones", ha asegurado, tras un tenso intercambio de opiniones.

PP, CS Y VOX PIDEN MEDIDAS

Entre los grupos políticos, el PP ha pedido que Europa "no mire a otro lado". "No hablamos de un tema cultural sino de una política que afecta a los ciudadanos. Es la enésima demostración del nacionalismo identitario que invade y contamina todas las esferas de la sociedad con el fin de adoctrinar", ha asegurado la eurodiputada Isabel Benjumea.

Jordi Cañas, de Ciudadanos, ha criticado el papel de Bruselas afeando que no se ha modificado la ley catalana y sigue siendo ilegal por lo que ha defendido que se mantenga abierto el expediente sancionador. "Si fueran los guardianes de otra cosa no les querría, los guardan fatal", ha afeado.

Por parte de Vox, Mazaly Aguilar ha puesto el foco en que a las fuerzas independentistas se les "deja campar a sus anchas" y ha llevado a la Eurocámara la cuestión del indulto a los líderes del procés. "No podemos permitir que el separatismo esté por encima de la ley porque patalee mejor que nadie", ha subrayado.

En contra se ha expresado la eurodiputada de ERC Diana Riba, quien ha defendido la respuesta de Bruselas, asegurando que ha sido "clara".