Una persona familiarizada con las operaciones del DHS ha asegurado que la empresa dueña de la fábrica, West Fertilizer, no informó a la agencia gubernamental sobre el fertilizante, cosa que está obligada a hacer ya que se trata de una sustancia empleada en la fabricación de bombas, dejando a uno de los principales reguladores de esta sustancia sin ningún tipo de conocimiento sobre el peligro que allí existía.

   Las fábricas y los almacenes de fertilizantes deben informar al DHS cuando acumulan 181,82 kilogramos o más de nitrato de amonio. Los documentos presentados este año ante el Departamento de Servicios Sanitarios del estado de Texas, documentos que no fueron compartidos con el DHS, muestran que el año pasado se almacenaron en la planta 270 toneladas de dicha sustancia.

   El congresista republicano Bennie Thompson, así como varios expertos de seguridad cuestionaron ayer si la paralización de la regulación pudo contribuir al desastre. "Parece que este fabricante estaba fuera del radar", declaró Thompson en un comunicado. "Se sabía que esta instalación alamacenaba una cantidad de productos químicos por encima del umbral fijado por las Normas Antiterroristas para las Instalación de Plantas Químicas (CFATS, por sus siglas en inglés). Sin embargo, entendemos que el DHS no supo de la existencia de la fábrica hasta que ésta explotó", añadió.

   Los miembros de la compañía dueña de la fábrica no han querido hacer ningún comentario al respecto. Ayer, el dueño de la fábrica, Donald Adair, difundió un comunicado en el que expresaba su pena tras el incidente en el que señalaba que West Fertilizer no efectuaría más comentarios mientras cooperaban con los investigadores para averiguar las causas de la explosión. "Está tragedia continuará hiriendo profundamente a la generaciones venideras", se lamentó Adair.   

 El incumplimiento de la obligación de informar sobre cantidades significativas de productos químicos en un determinado lugar puede provocar que el DHS multe o cierre las plantas de fertilizantes, según una persona familiarizada con el sistema de control de la agencia gubernamental. A pesar de que el DHS tiene autoridad para llevar a cabo inspecciones en las instalaciones, cuenta con un presupuesto muy pequeño para ello y sólo un "pequeño número" de auditores sobre el terreno.

   Las empresas son las responsables de comunicar las cantidades de nitrato de amonio y de otras sustancias químicas que almacenan al DHS, que se encarga de ayudar a medir los riesgos en las fábricas y de elaborar los planes de seguridad y protección. Dado que la agencia nunca recibió ningún informe de la compañía West Fertilizer, la fábrica de Texas no estaba siendo controlada por el DHS bajo la ley CFATS, diseñada para evitar el sabotaje de dichas instalaciones y para evitar que los productos químicos caigan en manos criminales.