Viernes, 29 de marzo de 2024

La Eurocámara avala el paso a la segunda fase del Brexit pero avisa de que faltan flecos del divorcio por cerrar

La falta de un acuerdo entre la UE y Reino Unido puede ser "catastrófico" para la industria alimentaria

En este sentido, varios organismos comerciales y representantes de grandes empresas del sector de la alimentación han mostrado a la autoridad parlamentaria su preocupación por la posibilidad de que el acuerdo comercial finalmente no llegue, lo que podría repercutir en los consumidores al aplicarse mayores tarifas aduaneras o que se tenga que utilizar otras rutas de transporte más largas.

El director general de la Federación de Alimentos y Bebidas, Ian Wright, ha indicado que sin acuerdo comercial, aunque los británicos no se van a quedar sin comida, las diferentes opciones de bienes y servicios ofrecidas se verían reducidas, así como su disponibilidad y rentabilidad, que se verían considerablemente afectadas", por lo que sería bastante "catastrófico".

De su lado, el director general de la Federación de Comercio de Provisión, Andrew Kuyk, ha asegurado que unos mayores procedimientos aduaneros, como un incremento de los controles fronterizos o alzas en las tarifas, podrían llevar a que los precios experimenten una subida "muy marcada", fundamentalmente en el corto plazo.

Según estimaciones del organismo presidido por Kuyk, el impacto sobre los precios podría ser de un incremento de hasta 10 puntos porcentuales respecto al precio de los productos que se intercambian dentro del mercado único actualmente.

Asimismo, el director de asuntos corporativos de Nestlé, Ian Rayson, ha advertido de que si no se logra el acuerdo y Reino Unido recurre a los términos de intercambio de bienes y servicios de la Organización Mundial del Comercio (OMS), los costes de las empresas, sobre todo de las materias primas, "aumentarían sustancialmente".

De igual forma, el director de relaciones corporativas de la destilería Diageo, Dan Mobley, ha indicado que el grupo ha estimado que el cruce de la frontera de sus 18.000 traslados en camiones desde Irlanda a Reino Unido, o viceversa, podría suponer un coste de alrededor de 1,3 millones de libras esterlinas (1,5 millones de euros) adicionales.

"El grupo cuenta con unas ventas globales de 18.000 millones de libras esterlinas (20.463 millones de euros), por lo que el coste sería asumible, pero nos preocupa este escenario para algunos de nuestros proveedores", ha añadido Mobley.

"No va a aumentar el precio de Baileys, pero preocupa el coste en la cadena de suministro, como con los productos lácteos o las trabas administrativas, que podrían dar lugar a dificultades para las empresas pequeñas", ha aseverado.

La Eurocámara avala el paso a la segunda

fase del Brexit pero avisa de que faltan

flecos del divorcio por cerrar

El pleno del Parlamento Europeo ha avalado este miércoles el paso a la segunda fase de la negociación del Brexit, la que permitirá acordar un periodo de transición y apuntar el marco de las relaciones futuras, si bien ha avisado de que este visto bueno está condicionado a que se cierren los asuntos que quedan abiertos en el acuerdo de salida y a que Londres respete sus compromisos.

"Recomendamos que las negociaciones del Brexit pasen a la siguiente fase. Avances suficientes no quiere decir que todos los asuntos están resueltos", ha señalado el presidente de la Eurocámara, Antonio Tajani, tras el voto favorable del pleno en Estrasburgo (Francia).

La posición de los eurodiputados ha salido adelante con el apoyo mayoritario de la Cámara (556 votos a favor, 62 en contra y 68 abstenciones), después de que el texto fuera pactado por las principales fuerzas políticas --Partido Popular Europeo (PPE), Socialistas y Demócratas (S&D), Izquierda Unitaria (GUE), Verdes-- y respaldado por la comisión europarlamentaria de Asuntos Constitucionales,

El texto ha incorporado dos enmiendas de último momento para avisar a Londres de que los compromisos que la 'premier' Theresa May cerró la pasada semana en Bruselas son vinculantes y debe respetarlos plenamente, después de que el negociador británico, David Davis, rebajara el valor del pacto.

"Declaraciones como las realizadas por Davis, que calificó los resultados de la primera fase de las negociaciones de mera declaración de intenciones, corren el riesgo de comprometer la relación de buena fe que se ha establecido en el curso de las negociaciones", dice el texto adoptado por la Eurocámara.

Con todo, el portavoz de la Eurocámara para el Brexit, el liberal Guy Verhofstadt, ha asegurado poco antes del voto que conversó la víspera por teléfono con Davis y que éste le aseguró que "en absoluto (Reino Unido) tiene intención de dar marcha atrás en sus compromisos".

Verhofstadt ha aprovechado su intervención para recalcar la importancia de que las bases pactadas para la primera fase (derechos ciudadanos, factura de salida y frontera irlandesa) sean trasladadas "en semanas, no en meses", a un texto legal y vinculante.

El negociador europeo, Michel Barnier, ha recogido el guante y se ha comprometido a llevar ante la Eurocámara el borrador del texto legal que recoja todos los compromisos del acuerdo de salida "antes de finales de enero".

Los eurodiputados han insistido, así, en que su apoyo y el progreso en la segunda fase solo será posible "si el Gobierno de Reino Unido respeta plenamente" lo acordado y si estos compromisos se reflejan plenamente en el texto del acuerdo.

"No aceptaremos ningún paso atrás con respecto al informe conjunto (que resume el acuerdo sobre las tres prioridades). Esos avances constan en acta, deberán ser traducidos rápidamente en un acuerdo de salida jurídicamente vinculante", ha zanjado Barnier al respecto.

Entre los asuntos pendientes que a juicio de la Eurocámara necesitan más precisión que lo reflejado hasta ahora figura que se amplíen los derechos de los ciudadanos comunitarios en Reino Unido a sus futuros cónyuges, que se asegure una tramitación ágil de la residencia permanente y que las decisiones del Tribunal de Justicia de la UE sobre ciudadanos sean vinculantes.

También piden que la libre circulación de los ciudadanos británicos que residen actualmente en otro Estado miembro se mantengan cuando se ejecute el Brexit y que se desarrolle el modo de aplicar en la práctica el objetivo común de evitar la vuelta a una frontera estricta en el Úlster.


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