La empresa propietaria de la planta nuclear burgalesa ha enviado un escrito al Ministerio de Industria en el que señala que desconoce cómo le afectaría a la central las nuevas condiciones que podrían establecerse para la actividad de generación nuclear.

   Según las citadas fuentes, en el texto se asegura que, en caso de que se "despejaran las incógnitas en torno a la viabilidad económica de la planta, Nuclenor podría solicitar la renovación". 

  Para Nuclenor, Garoña reúne técnicamente todas las condiciones para continuar operando de una manera "fiable y segura, como reiteradamente han señalado tanto el Consejo de Seguridad Nuclear como la Agencia Internacional de la Energía Atómica".

   En un comunicado, la compañía ha precisado que precisamente es la incertidumbre regulatoria la que pone en duda la viabilidad económica de la planta, en base a los resultados de explotación de los últimos tres años, y las inversiones de alrededor de 120 millones de euros que debería realizar para seguir funcionando, fruto del dictamen del CSN y de los planes de modernización permanente de la planta.

   Asimismo, ha aclarado que en estos últimos días ha remitido un escrito a las consejerías de Hacienda y Economía y Empleo de la Junta de Castilla y León en las que solicita información acerca de las tasas, impuestos, recargos, etcétera de carácter autonómico que pudieran afectar, directa o indirectamente, al funcionamiento de la central y, por lo tanto, a la decisión de solicitar la renovación de su permiso de funcionamiento.

   Nuclenor ha reiterado finalmente su voluntad de solicitar la renovación "en caso de que se despejaran estas incógnitas en torno a la viabilidad económica de la central".

   Frente a la decisión del anterior Gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero de cesar el 6 de julio de 2013 la actividad de la central de Garoña, el pasado 3 de julio, el Ministerio de Industria, liderado por José Manuel Soria, revocó dicha orden por la que se acordaba el cierre de la central nuclear el 6 de julio de 2013, y autorizó su explotación hasta dicha fecha.

    La orden del cierre de Garoña fue dictada por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero tras haber solicitado la central una renovación de la explotación hasta 2019. Previamente, el CSN había emitido un informe favorable a la renovación por diez años.

   Tras el cambio de Gobierno, el pasado mes de enero el nuevo ministro de Industria preguntó al CSN si existía algún impedimento para revocar la orden de cierre. En febrero, el regulador atómico concluyó que no existía impedimento alguno para esa modificación, siempre que se modifiquen los límites y condiciones de la vigente autorización para incluir nuevas condiciones. 

  El pasado mes de mayo, Industria concedió un trámite de audiencia a los interesados.