En el documento, consultado por Europa Press, presentado este lunes durante la apertura del año judicial se repasa la situación del terrorismo nacional mencionando a ETA y otras organizaciones como el GRAPO o el anarquismo insurreccional, deteniéndose a continuación en las diferentes "actuaciones contra el independentismo violento en Cataluña".

La Fiscalía que dirige Dolores Delgado, exministra de Justicia en el primer Gobierno de Pedro Sánchez, repasa la operación del pasado septiembre con nueve detenidos por su vinculación a los Comités de Defensa de la República (CDR), y más concretamente con el llamado Equipo de Respuesta Táctica (ERT), por los delitos de pertenencia a organización terrorista, tenencia de explosivos con fines terroristas y conspiración para la comisión de estragos.

De ellos dice que "presuntamente estaban en fase de preparar acciones violentas", usando para ello sustancias consideradas precursores para la confección de explosivos. También se menciona los "graves disturbios" derivados por la publicación de la sentencia del Tribunal Supremo en octubre en la que se condenó por sedición y malversación a los líderes del 'procés'.

"Dentro de ciertos sectores del independentismo se fueron incrementando progresivamente las movilizaciones y perfilando las diferentes dinámicas, especialmente a través de la plataforma Tsunami Democràtic, sirviéndose de la inmediatez, alcance y privacidad de los canales de mensajería instantánea (fundamentalmente Telegram)", recoge la Memoria, que recuerda el intento de paralizar el aeropuerto de Barcelona y los ataques a edificios públicos y policiales.

DE LA OPERACIÓN CADERA A JUDASCAT

En concreto, se cita diferentes operaciones contra el independentismo violento en Cataluña como la 'Operación Cadera', centrada en la relación de los CDR con otros "grupos, organismos e instituciones que buscan la independencia de la Comunidad Autónoma de Cataluña fuera de las vías constitucionales".

Se les relaciona con diferentes altercados y la Fiscalía remite al resultado del equipo de análisis coordinado, bajo el Juzgado Central número 6 que dirige Manuel García-Castellón, integrado por la Guardia Civil, Policía Nacional y Mossos d'Esquadra para analizar todas las pesquisas sobre los altercados más relevantes desde 2017, año en el que se llevó a cabo la consulta ilegal.

A continuación se cita la 'Operación Apóstolcat' que, dice la Memoria, "investiga la existencia de una organización clandestina liderada por empleados públicos catalanes, denominada CNI catalán, que estaría dinamizando varias iniciativas tendentes a la desconexión del 'estado catalán' mediante la creación/regeneración de estructuras paralelas de Estado de una república catalana digital".

De este llamado CNI catalán dice la Fiscalía que se encargaría además de "planificar y, llegado el caso, ejecutar ciertas acciones multitudinarias y otras acciones con la finalidad de tomar el control del territorio".

La investigación, también del Juzgado Central número 6, ha permitido según el Ministerio Público "observar y detectar los contactos y reuniones entre distintos sectores del movimiento independentista, de los que se infiere una intensa actividad con el fin de movilizarlos para obtener y mantener el control efectivo del territorio y conseguir la proclamación efectiva de la república de Cataluña".

La Fiscalía continúa citando la 'Operación Judascat', la de los nueve CDR detenidos, de la que dice que "en la actualidad se continúa investigando a varios individuos que se encontraban directamente implicados en las actividades investigadas y cuya participación trascendió de la mera vinculación".

La 'Operación Tadeo', como las otras del Juzgado Central número 6, indaga finalmente la "composición e implicación de un grupo de individuos que habrían sido señalados por la investigación llevaba a cabo a raíz de las detenciones de 'Judascat' como un segundo núcleo productor de la sustancia denominada Termita".

La Memoria de 2020 también destaca el nacimiento en el País Vasco de grupos como "ANC de Euskalerría y los CDR de Gasteiz y Gipuzkoa", de los que dicen que son "principales dinamizadores de actos en apoyo al proceso secesionista catalán y a sus presos"