El informe de Fiscalía se refiere sólo a la competencia del Tribunal Supremo, por lo que no analiza el fondo del procedimiento, según ha informado el Ministerio Público.

Los fiscales de Sala del alto tribunal, que han elaborado su dictamen en colaboración con la Fiscalía Anticorrupción, consideran que el Tribunal debe asumir la investigación de la causa sólo en lo que afecta a los cinco aforados nacionales Manuel Chaves, y los exconsejeros José Antonio Viera y Gaspar Zarrías, en su calidad de diputados del Congreso; y de la también exconsejera de Andalucía Mar Moreno y del expresidente José Antonio Griñán, en su calidad de senadores.

CAUSA PERFECTAMENTE ESCINDIBLE

La Fiscalía reitera así la postura expresada en reiteradas ocasiones por la Fiscalía Anticorrupción a la juez instructora sobre la conveniencia de dividir la causa principal en diversas piezas separadas, ya que las conductas de los aforados pueden ser analizadas de forma separada.

La causa que investiga Alaya reúne ya más de un millón de folios y según fuentes fiscales consultadas por Europa Press resulta "inabarcable" para ser analizada de forma conjunta, existiendo además el peligro de que, a causa del tiempo transcurrido, algunas conductas resulten finalmente impunes al tener que aplicarse la prescripción de los presuntos delito. Además, y dado el contenido de las investigaciones, las pesquisas son "perfectamente escindibles" según el criterio del Ministerio Público.

CUATRO A TSJM

Por ello, los fiscales del Supremo que han analizado esta cuestión consideran que la causa es escindible y que nada impide que en su caso el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) también pueda asumir la investigación en lo referido a los aforados autonómicos.

Esta es la única forma, en opinión del Ministerio Público, de terminar este procedimiento en un plazo razonable de tiempo.

Se trataría de investigar aquí en Madrid a los cinco diputados y senadores "preimputados" por Alaya y en el TSJA a los exconsejeros : Carmen Martínez Aguayo, Francisco Vallejo, Antonio Ávila y Manuel Recio.

Ahora, la Sala de Admisiones del Supremo deberá decidir si acoge el criterio de Fiscalía o adopta uno diferente, como podría ser arrastrar también a los diputados autonómicos o incluso rechazar la asunción de la causa en espera de que Alaya concrete mejor sus indicios contra los exaltos cargos autonómicos.

De acogerse la causa de la forma en la que pide la Fiscalía, algo que todavía debe deliberar el alto tribunal, se nombraría a un magistrado instructor, que será el que practique las diligencias que permitan valorar jurídicamente las conductas de los investigados, según precisa la Fiscalía en una nota.

Este informe estaba pendiente desde que el pasado 4 de septiembre la Sala de lo Penal del Supremo dio traslado a la Fiscalía de la exposición razonada en la que la juez Alaya se refería a la posible implicación en la tramitación de EREs irregulares de nueve ex altos cargos de la Junta entre los que había varios aforados.

El escrito que la juez remitió al Supremo tenía más de 300 folios, al que se sumaban 20 tomos del total que integran el sumario, así como diversa documentación digitalizada y audiovisual.