En su estrategia de crear estructuras de Estado propias, la Fiscalía señaló en un informe, al que ha tenido acceso Europa Press, incluido en el sumario que instruye el Juzgado de instrucción 13 de Barcelona que el Centro de Seguridad de la Información de Cataluña (CESICAT) funcionaba "en la práctica como un CNI catalán que llevaba a cabo actividades irregulares".

En concreto, señala que el CESICAT se creó para "la ejecución de actividades de censura mediante la eliminación de páginas web, el control de las comunicaciones mediante la interceptación de correos electrónicos y aplicaciones de control en teléfonos móviles utilizando el programa Cerberus o el acceso a base de datos ajenas".

"La creación y el desarrollo de bases de datos personales no sujetas a regulación ni al control de la Agencia Catalana de Protección de Datos, el encargo de informes sobre empresarios y altos cargos de la Generalitat e incluso la creación de bases de datos de ciudadanos para diversos fines, por ejemplo la realización de la consulta alternativa del 9N," son otras de las funciones que la Generalitat atribuyó al CESICAT.

Los indicios fueron reunidos en un decreto firmado por el exfiscal jefe de la Audiencia Nacional Javier Zaragoza con fecha de 17 de marzo de 2016 a partir del cual se abrieron las primeras diligencias de investigación sobre los preparativos del 1-O.

El CESICAT fue creado pensando en que sería un órgano clave, según el fiscal, en el "proceso unilateral de independencia" que ha concluido este viernes con la aprobación por el Parlament de la secesión. El Gobierno ha abortado de inmediato esta declaración con la entrada en vigor de la aplicación del artículo 155 de la Constitución, el cese del Govern en pleno y la convocatoria de elecciones autonómicas el próximo 21 de diciembre.

La Guardia Civil reunió pruebas, asumidas por la Fiscalía, de que el CESICAT nació en 2009 para controlar la seguridad de las telecomunicaciones catalanas, aunque sus verdaderas funciones se concretaron en 2012. Es entonces cuando se convierte en "una especie de Agencia de Seguridad Nacional a modo de un CNI catalán" y se constituye en "una de las estructuras básicas para el funcionamiento de Cataluña como Estado independiente".

Con este fin, la Generalitat comenzó a destinar "recursos humanos, materiales y económicos" a sabiendas de que el CESICAT, que en 2016 pasa a formar parte de la Consejería de Presidencia de la Generalitat, asumía funciones que legalmente no le estaban asignadas por ser competencia del Estado.

El 20 de septiembre, el juez titular del 13 de Barcelona ordenó la detención de 14 altos cargos relacionados con la logística del 1-O. Entre los arrestados figuraba Joan Manel Gómez, vinculado al CESICAT desde 2010. La investigación lo situaba como pieza clave en el desarrollo del voto electrónico y la coordinación del plan de acción de la Generalitat para implementar el voto electrónico de los catalanes residentes en el extranjero, entre otras funciones.