Hay que recordar que, en esta causa, la juez de Instrucción número 8 de Sevilla ya ha tomado declaración como imputados al concejal de Presidencia, Eloy Carmona; a la vigente edil de Cultura y exconcejal de Medio Ambiente, Mercedes Fuentes, y al propio Juan Campos, todo ello a cuenta de la denuncia promovida en su contra por la Fiscalía, a la que la oposición del Ayuntamiento de Tomares había elevado los hechos.

   Fuentes del caso han informado a Europa Press de que, de este modo, la juez ha accedido a la petición realizada por la defensa de los imputados, que, "ante el olvido de la Fiscalía", había solicitado dichas testificales con el objetivo de que tanto el secretario como el interventor "certifiquen" lo que ha venido manteniendo el Ayuntamiento desde un principio, como es que todos los expedientes se tramitaron de forma "correcta".

   Asimismo, la defensa de los concejales populares imputados solicitó estas declaraciones a fin de certificar que dichos expedientes "contaban con el visto bueno y la rúbrica de los habilitados nacionales, tal y como marca la Ley", en referencia, entre otros, al secretario y al interventor.

   El pasado día 9 de enero, y en el marco de estas actuaciones, la Policía Judicial requisó dos ordenadores del Ayuntamiento de Tomares, uno de Juan Campos y el otro del contratado de Medio Ambiente Juan David Bretones, así como originales de documentos que ya "se les había facilitado con anterioridad".

 LA DENUNCIA DE LA OPOSICIÓN

   Tras esta operación, el Ayuntamiento, gobernado por José Luis Sanz (PP), emitió un comunicado de prensa en el que aseguró que, de haberlos solicitado el Juzgado que investiga los hechos, "se les habría facilitado con la misma rapidez que los documentos anteriores, ya que este equipo de gobierno no tiene nada que ocultar y actúa siempre con absoluta transparencia".  

  Según las fuerzas de oposición, los informes en cuestión constaban de apenas dos o tres líneas y habrían sido elaborados "a posteriori" para justificar el dinero abonado a Campos con cargo a las arcas municipales, así como una supuesta vulneración de las normativas de contratación del sector público, señalando que el contrato firmado entre el Ayuntamiento y Juan Campos fue formalizado en octubre de 2007 por un año "improrrogable", pero los trabajos y pagos se habrían prolongado hasta 2009.

   El Ayuntamiento de Tomares celebró una comisión informativa al respecto en el marco de la cual la quinta teniente de alcalde, Lola Vallejo (PP), defendió que los tres concejales populares imputados por el Juzgado "no han cometido ninguna ilegalidad" y que las diligencias en cuestión parten de "una denuncia política falsa".