La juez María Núñez Bolaños ha relevado a los peritos de la Intervención General del Estado del auxilio judicial en la causa abierta por las presuntas irregularidades en cursos de formación y ha encomendado dicha labor a la Intervención General de la Junta, a la que ha ordenado entre otros aspectos que cuantifique las cantidades "fraudulentamente" facturadas por empresas del grupo del exconsejero de Hacienda Ángel Ojeda "que hayan sido objeto de justificación en cada expediente".

   En una providencia fechada el 26 de abril, a la que ha tenido acceso Europa Press, la magistrada toma esta decisión después de que los peritos de la Intervención del Estado presentaran un escrito en el que exponían que debían concluir una serie de informes encargados en el ámbito del caso de los ERE fraudulentos antes de poder iniciar el informe encargado sobre el análisis de los expedientes de subvenciones investigados en la causa de la formación.

   De este modo, la instructora comunica a los interventores de la Administración del Estado que "quedan relevados" para la elaboración del informe solicitado el pasado 25 de febrero y encomienda a la Junta "cuantificar de manera individualizada en cada expediente de aquellas cantidades defraudadas mediante la simulación de facturación de los profesores y formadores a través de la mercantil Serpro S.L.'".

   Asimismo, pide a la Intervención de la Junta que cuantifique las cantidades "fraudulentamente" facturadas por empresas del grupo del exconsejero Ángel Ojeda --citado a declarar como investigado el próximo día 24 de mayo-- "que hayan sido objeto de justificación en cada expediente".

   La juez requiere a la Intervención de la Junta que designe peritos "en número suficiente" a fin de realizar el informe requerido.

   En un escrito elevado al Juzgado el pasado 14 de abril, consultado por Europa Press, el coordinador del equipo en auxilio judicial designado por la Intervención del Estado para la causa de la formación, Ángel Turrión Macías, expone que los miembros de este equipo "son los mismos" que los designados en el caso ERE.

   En este sentido, precisa que, en la causa de los ERE, este equipo ha emitido "por encargo" del Juzgado distintos informes de tipo general sobre el asunto (ejecutivo, específicos y complementarios), así como informes individuales sobre unos 190 beneficiarios de subvenciones "de los aproximadamente 270 existentes" en el documento denominado 'desplegable de ayudas sociolaborales' elaborado por IFA/IDEA.

   Al hilo, informa de que, en la actualidad, el equipo de peritos designado se encuentra "completando" una serie de trabajos "ordenados" por el Juzgado, entre ellos un informe sobre "si las conclusiones obtenidas en los nueve informes de fiscalización" emitidos por la Cámara de Cuentas de Andalucía en los que se analiza la legalidad en el uso de las transferencias de financiación por otras tantas entidades públicas andaluzas, "modifican o no las conclusiones obtenidas en la materia" por el equipo pericial.

   "Este trabajo está en fase de finalización", asevera, relatando que también están haciendo un informe sobre "los diferentes extremos" en los que el dictamen pericial de parte aportado por la defensa de la exconsejera de Economía Magdalena Álvarez "contradice los informes elaborados" por el equipo pericial, así como cuatro informes individuales sobre otras tantas empresas beneficiarias de subvenciones.

   Igualmente, expone que están trabajando en 80 informes individuales sobre otras subvenciones de las que "sólo se disponía de la documentación relativa a los pagos realizados por el IFA-IDEA y que, en la mayoría de los casos, ha sido completada con el envío de documentación por parte de la dirección general de Trabajo y Seguridad Social de la Junta". Estos 80 informes, unidos a los 190 ya entregados, completarán los 270 que tienen que realizar sobre las subvenciones.

   "Al objeto de finalizar los citados informes y salvo que su señoría disponga lo contrario, dicho equipo pericial debe continuar trabajando en su conclusión, procediendo a continuación a dar cumplimiento al mandato contenido en el oficio" remitido por la juez Núñez el pasado 25 de febrero,