La magistrada del Juzgado de Primera Instancia número uno de A Coruña prohíbe a la familia Franco retirar cualquier bien del Pazo de Meirás y ha ordenado realizar un inventario, que comenzará el próximo miércoles.

Así, según ha informado el TSXG, la jueza ha estimado la petición de medida cautelar efectuada este mismo lunes por el Estado y ha acordado la realización de un inventario que abarque la totalidad de los bienes existentes, tanto en el interior como en el exterior del inmueble también conocido como Torres de Meirás.

Mientras que el inventario no esté finalizado y la jueza lo autorice expresamente, la familia Franco no puede trasladar o retirar ningún tipo de bien de la finca.

El inventario, que se elaborará con la colaboración de los técnicos de la Consellería de Cultura de la Xunta, comenzará a realizarse el miércoles, día 11, a las 10,30 horas, bajo supervisión de la comitiva judicial.

IMPEDIR EL TRASLADO

Con la decisión adoptada, la magistrada estima la petición del Estado con el fin de "preservar la integridad" del inmueble antes de que el próximo 10 de diciembre se ejecute provisionalmente la sentencia que declara que es público y la familia Franco proceda a su entrega de forma voluntaria.

Hasta que el documento no esté finalizado y la jueza lo autorice expresamente, la familia Franco "no podrá trasladar y/o retirar ningún tipo de bien del recinto".

Para garantizar el cumplimiento de la resolución, el Juzgado ha requerido a la Guardia Civil que establezca un dispositivo de vigilancia en el inmueble. El mismo ya se dispuso hace unos días tras hacer público los Franco su intención de trasladar bienes del pazo, según confirmaron desde la Delegación del Gobierno.

DECLARACIÓN BIC

La magistrada recuerda que el pazo fue declarado Bien de Interés Cultural (BIC) en el año 2008, por lo que "goza de una protección integral", que, tal y como advierte el Estado, "se extiende a todos sus elementos y componentes".

Además, entiende que es "patente" la urgencia de adoptar la medida cautelar, solicitada por el Estado tras hacerse público que la familia Franco contrató a una empresa de mudanzas para retirar de manera inminente los bienes del pazo.

También subraya en el auto que el Juzgado "ha de velar por la integridad del bien y la efectividad práctica de la sentencia, en el caso de que la ejecución provisional llegue a convertirse en definitiva".

EL ESTADO APELA AL "RIESGO"

El Estado aseguró que la "inmediata" realización de un inventario es "necesaria" debido a la "celeridad con que los demandados pretenden proceder al vaciado del pazo de Meirás" y al "riesgo" de que un edificio "con sus especiales características y nivel de protección, sea vaciado sin ningún tipo de constancia de los bienes que se encuentran en su interior".

Por otra parte, justifica la solicitud de la medida para garantizar que su derecho a la propiedad del inmueble y de todos sus elementos o pertenencias "no se vea comprometido de cara a una eventual ejecución definitiva" de la sentencia.

LA XUNTA, PERSONADA

El Juzgado también ha aceptado la solicitud de la Xunta de personarse en el incidente abierto a raíz de la petición de medida cautelar.

El Gobierno gallego asegura que se ve "en la obligación de instar las medidas necesarias para la adecuada protección del Bien de Interés Cultural, con la finalidad de impedir, hasta ese día, cualquier actuación de los ejecutados que suponga un riesgo para la conservación y mantenimiento del bien en su integridad".