En un comunicado, la oficina de Clapper afirma que el tribunal habilita a las agencias de Inteligencia estadounidenses a proseguir con la interceptación de estos datos sin ofrecer más detalles del dictamen sobre un programa que ha originado una gran controversia, no solo en Washington sino en todo el mundo, sobre los límites de la Inteligencia de Estados Unidos en aras de su seguridad nacional.  

  No obstante, Clapper afirma que las agencias de Inteligencia de Estados Unidos están "abiertas a modificaciones" en dicho programa que "provea garantías adicionales para la privacidad y las libertades civiles al mismo tiempo que mantenga sus beneficios operacionales".

   Un funcionario estadounidense ha precisado que la captación de estos datos registrados por las compañías telefónicas se ha prorrogado tres meses para todo el programa, es decir, para las operaciones que se realicen en todas las empresas telefónicas incluidas en anteriores autorizaciones del Tribunal de Vigilancia de Inteligencia Extranjera de Estados Unidos, cuyas actividades se desarrollan en el más absoluto secretismo.

   En anteriores ocasiones, según dicho funcionario estadounidense, este tribunal emitió varias órdenes que solo concernían a determinadas compañías telefónicas, algo que no se repite en esta ocasión.  

  Este programa de interceptación de metadatos -aquellos que revelan a quién se llama y cuándo pero no el contenido de la llamada- fue una de las operaciones por la Agencia de Seguridad Nacional (NSA) que el extécnico Edward Snowden destapó con la filtración masiva de documentos confidenciales a los diarios "The Guardian" y "The Washington Post", y la revista alemana "Der Spiegel".

 DÍA DE RECURSOS EN LOS TRIBUNALES  

  Este anuncio se produce el mismo día en el que el Departamento de Justicia ha confirmado que ha recurrido la sentencia del juez de un tribunal federal de Washington, Richard Leon, que estimaba que estos programas de Inteligencia son inconstitucionales, en base a la "indiscriminada" y "arbitraria" invasión de la privacidad de los estadounidenses.  

  La Unión Americana de Libertades Civiles, una organización estadounidense defensora de los Derechos Humanos que presentó la demanda ante el tribunal de Leon, recurrirá a su vez la apelación del Departamento de Justicia, según ha informado la cadena CNN.

   Tal dictamen fue seguido por otro en diciembre, emitido por un juez federal del distrito de Manhattan, que consideró legales dichas prácticas. Previamente, un panel de expertos designados por el presidente Barack Obama ponía en cuestión los resultados de este programa en detrimento de la privacidad de los ciudadanos, abogando por cambios.