La relatora especial de la ONU para la libertad de reunión pacífica hasta el mes pasado, Maina Kiai, ha descrito el programa de vigilancia en el país como un estado de "Gran Hermano", y ha asegurado que la sociedad de Reino Unido es un "tesoro nacional" en riesgo a causa de las tácticas policiales, la legislación antiterrorista y las restricciones a organizaciones caritativas y sindicales.

"En general, parece que 'Prevención' está teniendo el efecto opuesto que se esperaba, dividiendo, estigmatizando y alienando segmentos de la población", ha dicho Kiai, quien ha añadido que la aplicación de este programa podría derivar en "un aumento del extremismo en lugar de contrarrestarlo".

"Estudiantes, activistas y miembros de organizaciones religiosas han observado que el programa se aplica atendiendo al perfil racial, ideológico, cultural o religioso, lo que supone una violación del derecho a la libertad de asociación".

En el documento se analizan muchas de las políticas de la primera ministra británica, Theresa May, en su etapa como ministra del Interior y se ha publicado 10 días antes de que se celebren elecciones generales en el país, en las que, según las encuestas, May podría ganar con una estrecha mayoría.

VIOLACIÓN DE LA PRIVACIDAD

En el informe, que se debatirá en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU en junio, Kiai ha dicho que la Policía pudo haber utilizado "Receptores de Identidad de Usuarios Móviles" para recabar información de los manifestantes durante las protestas pacíficas de 2016 en Birmingham, Londres, Leicester y Gales, algo que Kiai considera una violación de la privacidad.

"En muchos casos, estas actuaciones han sido sutiles y graduales, pero son tan inconfundibles como alarmantes", ha denunciado la relatora en el informe.

"La similitud con un 'Gran Hermano' es tan grande que algunas familias tienen miedo de hablar sobre terrorismo en sus propios hogares y temen que sus hijos hablen de ello en la escuela o sean malinterpretados", ha afirmado.

En noviembre de 2016 Reino Unido aprobó una Ley de Poderes de Investigación que, según el informe, tendrá un impacto negativo en las actividades legítimas llevadas a cabo por la sociedad civil y activistas políticos, denunciantes, organizadores y participantes de protestas pacíficas".

El informe insta a Reino Unido a no aprobar un "proyecto de ley contra el extremismo y la seguridad" que Kiai considera "altamente problemático" por tener un vago enfoque de "extremismo no violento". "Los propios funcionarios del Gobierno parecían tener problemas para definir el término, lo cual indica un vasto potencial de interpretación arbitraria y abusiva", ha denunciado Kiai.

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