Así lo señala el Gobierno en respuesta al portavoz adjunto de Economía del PSOE en el Congreso, Antonio Hurtado, quien preguntó por escrito al Ejecutivo por las condiciones y objetivos perseguidos con la decisión de formar parte del grupo de 20 países no regionales fundadores del BAII.

   En su respuesta, a la que ha tenido acceso Europa Press, el Gobierno explica que con la firma del convenio constitutivo de la entidad el pasado mes de junio, España se "posiciona de manera favorable" para participar en los órganos del banco y, por tanto, en sus decisiones, además de beneficiarse en término de número de votos y de participación en la definición de las principales características del banco durante el periodo transitorio.

   Pero, además, la presencia española en los órganos de dirección del BAII "facilitará que las empresas españolas que operan en el área tengan posibilidad de disponer de una fuente de financiación suplementaria", dad la "importancia de las obras y licitaciones sobre infraestructuras en Asia" en la que están presentes compañías de nuestro país y su "previsible aumento en un futuro próximo".

EL 1,76% DE PARTICIPACIÓN

   Tal y como se informó el pasado mes de julio, España suscribirá 1.761,53 millones de dólares del capital social de la institución, equivalente al 1,76%. Y es que de los 100.000 millones de dólares americanos de capital total autorizado (91.952,34 millones de euros), los países no regionales copan un 25%, quedando el 75% restante en manos de países de Asia y Oceanía.

   El nuevo banco promoverá el desarrollo sostenible de Asia, concentrándose en la financiación de infraestructuras de energía, transporte y telecomunicaciones, así como en la financiación de proyectos para el desarrollo urbano y rural y la conservación del medio ambiente en la región.

   La institución proporcionará apoyo financiero a proyectos en los países asiáticos mediante la concesión de préstamos, inversiones en capital o concesiones de garantías o avales. Funcionará en estrecha colaboración con otros bancos de desarrollo multilaterales existentes, como el Banco Asiático de Desarrollo o el Banco Mundial.

    Aunque el convenio constitutivo para participar en la institución se firmó el pasado mes de junio, el Parlamento debe aún ratificar el acuerdo, lo que posiblemente no ocurrirá hasta final de 2015 o principios de 2016. Después, se empezará a pagar el capital suscrito, aunque sólo se hará efectivo el 20% --unos 350 millones de dólares-- mientras el resto será capital exigible. El Gobierno tendrá 5 años para financiar estos 350 millones, por lo que habrá cinco partidas presupuestarias de 75 millones desde 2016.

   Una vez que el banco empiece a funcionar, el Ejecutivo espera que España cuente con un alta cuota de adjudicación de licitaciones, que debería superar el 4% que suele conseguir al año en las del Banco Asiático de Desarrollo dada la fuerza española en materia de infraestructuras. Esto equivaldría a unos 400-500 millones de euros en proyectos cada año.

EMPEZARÁ A FUNCIONAR EL AÑO QUE VIENE

   En cualquier caso, el objetivo es que el banco empiece a funcionar el año que viene, aunque no empezará a tomar grandes decisiones hasta que todos los parlamentos hayan ratificado su participación.

   Situará su sede en Pekín y contará con una plantilla de unas 700 personas elegidas por méritos, sin cuotas por países. La plantilla será considerablemente más pequeña que otros bancos de desarrollo porque pretenden reducir la burocracia y aumentar la eficiencia en la gestión. Además, contará con un presidente y un comité de dirección.

   Lo más probable es que el actual secretario general del departamento encargado del establecimiento del banco, Jin Liqun, sea elegido presidente en funciones de la institución.

   Una vez constituido, el banco celebrará una asamblea anual de accionistas donde se decidirán las inversiones y licitaciones, aunque también se convocarán consejos de no residentes periódicamente formados por doce sillas, nueve de países asiáticos y tres de países no regionales, entre los que figura España. El reparto de las sillas es uno de los asuntos a tratar en las próximas reuniones.

   A esta iniciativa se han sumado ya más de 50 países entre los que figuran muchos de la Unión Europea y otros no europeos como Brasil, Sudáfrica y Egipto. Muchos otros han pedido formar parte de la iniciativa, aunque ya no podrán hacerlo como países fundadores. Entre ellos resaltan Estados Unidos y Japón, para los que se podría estudiar una ampliación de capital selectiva del total del banco hasta los 130.000 millones, por ejemplo.