Así se recoge en la citada propuesta de dictamen, a la que ha tenido acceso Europa Press y que ha sido registrada el mismo día que se conoce que la Fiscalía Anticorrupción se ha opuesto a que Chaves y Griñán sean citados en calidad de investigados en la pieza separada de los cursos de formación.

Según se recoge en el apartado de responsabilidades políticas del documento, Chaves y Griñán han sido responsables de los nombramientos de los diferentes titulares de la Consejería competente durante el periodo investigado y han ejercido la superior dirección y coordinación de todas las Consejerías, "y como tales son responsables".

En el caso de Chaves, se precisa que ha sido presidente del Gobierno andaluz desde el traspaso de las competencias en materia de Empleo y Formación para el Empleo hasta abril de 2009, es decir, "el periodo de inicio, planificación, impulso, aplicación y desarrollo de las políticas investigadas por esta comisión".

"Ha sido el que ha nombrado a los titulares de las Consejerías competentes en materia de empleo a lo largo de su presidencia y su responsabilidad es 'in eligendo' e 'in vigilando' a lo largo de todos sus años de Presidencia de la Junta", se apunta en la propuesta de dictamen.

En lo que se refiere a Griñán, se le considera responsable 'in eligendo' por el nombramiento de los titulares de las Consejerías de Empleo durante su periodo de Presidencia de la Junta, "periodo en el que en el año 2012 se publica la última convocatoria de subvenciones de formación para el empleo a consorcios". "Desde 2011 ya no se publicó ninguna para el resto, cuestión ésta también a tener en cuenta", se precisa.

Junto a Chaves y Griñán también figuran como responsables políticos en la propuesta de dictamen de la comisión de investigación todas las personas titulares de la Consejería de Empleo y las personas titulares de la Viceconsejería competente en materia de Formación Profesional para el Empleo, desde 2002 hasta el 4 de mayo de 2012. El primer gobierno de Susana Díaz se constituyó en septiembre de 2013.

De igual modo, se considera responsables de las incidencias e irregularidades detectadas a todas las personas titulares de la Dirección del SAE; a las personas titulares de las Delegaciones territoriales de la Junta de Andalucía con competencias en Formación para el Empleo; y a las personas titulares de las Delegaciones provinciales del Servicio Andaluz de Empleo.

Por último, se determina la responsabilidad en iguales términos a las personas titulares de las Secretarías Generales con competencias en Formación para el Empleo y a las personas titulares de las Direcciones Generales con competencias Formación para el Empleo.

EL INTERVENTOR DE HUELVA HABLÓ DE "MENOSCABO"

De otro lado, aunque en las conclusiones del dictamen no se determina que haya habido menoscabo de fondos sí se destaca que el que fuera interventor general de la Junta en Huelva, Adolfo J. García Hernández, emitió un informe de actuación referido a su provincia en el que apreciaba de circunstancias "que, por su importancia, pudieran ocasionar menoscabo de fondos públicos".

También en el apartado de conclusiones, --compuesto por 48 puntos--, se evidencia la falta de medios materiales y humanos en la gestión de todos los procedimientos en todo el recorrido de esta política pública, "así como, en muchos casos, las carencias de formación y experiencia necesaria". Según se determina, "en todos los casos aunque todo era muy evidente, no se aportaron los elementos y soluciones necesarias para corregirlo".

En este contexto, se añade que la escasez de medios materiales y humanos, llevó a que, "cuestiones que eran excepcionales se convirtieran en generalidad, como ha sido el caso de las resoluciones de exceptuación", y se insiste en que la escasez de personal ha sido puesta de manifiesto en la comparecencia de los Jefes de Servicio y de los responsables políticos, especialmente a partir del año 2010.

FALTA DE CONTROL Y VIGILANCIA

Ello ha supuesto, según se relata, dificultades organizativas; un retraso en la comprobación y justificación de los expedientes de subvenciones, lo que llevó a "exceptuaciones masivas"; el no seguimiento y evaluación de las acciones formativas; falta de control exhaustivo de las ayudas en todas sus fases; ausencia de criterios uniformes en todas las provincias para la concesión, justificación y revisión de las subvenciones; falta de comprobación exhaustiva, en la fiscalización, de la elegibilidad de los gastos; y la no comprobación, en algunos casos, de forma sistemática, en la fiscalización de la elegibilidad de los gastos.

En términos generales, se afirma que no se ha llevado a cabo la debida vigilancia y control que debiera ejercer cualquier responsable político, institucional sobre sus subordinados, "podrían haber sido más diligentes, lo que sumado a que no se hubiesen establecido directrices unitarias y conjuntas, todo perjudicase la gestión de la formación profesional para el empleo en Andalucía".

Asimismo, se señala en el documento que de las distintas manifestaciones vertidas en el seno de las diversas comparecencias de la comisión, se ha podido constatar que "nadie" sabía más allá de sus líneas de actuación sin que, "según distintas declaraciones de los comparecientes, existiera comunicación y coordinación, quizá en un intento equivocado de los responsables con competencias en formación, de justificar ausencia de responsabilidad en las irregularidades".

De igual modo, se hace hincapié en que los informes de la Cámara de Cuentas que fiscalizaron dichas subvenciones a la formación, advirtieron de que las transferencias de financiación no eran el instrumento adecuado para financiar los gastos corrientes, "que deberían destinarse en exclusiva a bienes de inversión, sin embargo, el sistema de financiación de la formación y de las fundaciones públicas, como la Faffe, se llevó a cabo de ese modo".

RECOMENDACIONES

En el capítulo de recomendaciones, --figuran un total de 52--, se exige al Gobierno de la Nación el desarrollo de la nueva ley de formación profesional para el empleo, aprobada en septiembre de 2015 y que está a falta de desarrollo reglamentario, por lo que no ha podido ser aplicada; así como también la aprobación de una Ley Andaluza de Formación profesional para el Empleo, que en la línea de la legislación básica estatal, recoja las singularidades propias de la Comunidad.

También se propone la realización de estudios previos rigurosos de las tendencias y necesidades del mercado laboral, de tal manera que la oferta de los cursos sea producto de dicho estudio, con la consiguiente comprobación y valoración real y efectividad de la empleabilidad; y la puesta en marcha de evaluaciones finales individualizadas, que permitan evaluar el resultado del impacto de la política pública en términos de empleo.

Para poder afrontar con rigor y celeridad la verificación de la documentación justificativa aún pendiente y abordar con plenas garantías las nuevas convocatorias de subvenciones se ve necesario la puesta en marcha inmediata de un plan de choque, con dotación de personal suficiente. También se propone, entre otras cuestiones, publicar en el Registro de Entidades de Formación para el Empleo la información relativa a las entidades que hayan sido objeto de sanción como consecuencia de la comisión de infracciones conforme a la legislación aplicable.