Un segundo aspecto –y no menor– a considerar dentro de un programa de acción social y política para la regeneración de España pasa por abordar lo que podríamos denominar la “cuestión nacional” (que no cuestión territorial). No cabe ignorar por más tiempo las dificultades en este orden. Tales dificultades derivan de la creciente influencia política de unos nacionalismos, esencialmente desleales hacia España y hacia el orden constitucional, originada y alimentada por ciertas servidumbres difíciles de justificar, por no pocos complejos de los que aún no nos hemos desprendido, y en buena medida también por un perverso sistema electoral que hace que las mayorías nacionales acaben doblegadas ante las minorías nacionalistas, que se convierten así en árbitros de la situación y actúan condicionando las mayorías en las que se apoya el Gobierno de España.

Esta creciente influencia de los nacionalismos se ha transmutado en una auténtica ofensiva que no puede ocultar el hecho básico de que, el impulso que le anima, es la revisión de la titularidad del poder constituyente; que la pretensión de quienes incitan su puesta en marcha es netamente “soberanista”, acaso independentista, aunque a veces se vea enmascarada bajo alambicadas formulaciones jurídico políticas que no aspiren, por lo menos en apariencia, y en todo caso a corto plazo, a una ruptura total y formal con España.

Pero tan inquietante como la estrategia política seguida por el nacionalismo para la consecución de los objetivos perseguidos, no es ya la falta de firmeza y determinación, sino la actitud de condescendencia y hasta de claudicación desde los sucesivos Gobierno de la Nación y desde las instituciones del Estado, frente a la ofensiva de unas fuerzas nacionalistas instaladas ya en la deslealtad institucional y hasta en la desobediencia civil hacia el Estado. Y también, por qué no decirlo, la actitud mimética desde otras Comunidades Autónomas, gobernadas por distintas fuerza políticas, promoviendo propuestas de nuevos Estatutos, que rebasan notablemente los límites de la Constitución, incidiendo sobre competencias reservadas al Estado, con grave perjuicio para los principios de unidad, igualdad y solidaridad.

Así las cosas, ante el escenario razonablemente previsible de que la ola de reformas estatutaria se consolide, aunque sea con ciertas rebajas, y dado que estos Estatutos no podrán modificarse sin contar con la iniciativa de las propias Comunidades Autónomas afectadas, tenemos el convencimiento de que la única solución, la única vía legal, pacífica y democráticamente viable para restaurar la Nación y también el Estado español, es la de acometer una reforma constitucional “positiva”, esto es:

1 Una reforma que restaure y fortalezca los principios sobre los que debe cimentarse nuestra convivencia política.

2 Una reforma que cierre definitivamente la estructura de organización territorial del Estado, que cierre el camino y ponga fin a la escalada en la que nos encontramos y desactive las pretensiones políticas del nacionalismo.

3 Pero además, una reforma que configure el poder del Estado, respecto a las Comunidades Autónomas, con el peso específico que debe tener y tiene en cualquier sistema comparado.

Dicho en otros términos: en el punto en que nos encontramos, frente a quienes, desde hace ya algunos años, pretenden –lenta y paulatinamente, pero de manera inmisericorde– liquidar la Nación española y con ella toda una historia y un patrimonio cultural y espiritual común; frente a la candidez, la desorientación y el buenismo de unos, la tibieza y la equidistancia de otros, y frente a quienes ahora y siempre aparecen dispuestos a ser cercanos a la sensibilidad nacionalista, creo imprescindible reivindicar que se cumpla la Constitución y, en su caso, acometer la reforma de la misma. Una propuesta que debe a su vez ir acompañada de una tarea, no menos prioritaria, una labor de pedagogía cívica que, de manera sostenida y continuada en el tiempo, contribuya a recuperar y a regenerar una conciencia nacional entre los españoles, y por qué no decirlo también, a un sentimiento de amor y de orgullo de pertenencia a España, como patria común e indivisible de los españoles.

La identificación con este sentimiento que las generaciones de nuestros antepasados fueron construyendo, no sólo no puede ser despreciado, sino que debe ser propuesto y propuesto explícitamente, en términos políticos, sin duda, pero también a través de órdenes de actuación, tales como la educación y de la acción cultural, como base de la indispensable primacía del bien común y la solidaridad frente al egoísmo, el odio, la exclusión, la desigualdad y el individualismo que el nacionalismo exacerbado engendra.

No sabemos por qué todos los factores parecen estar confluyendo en una conjura de circunstancias adversas para favorecer los peores designios y situar a España de nuevo ante una encrucijada histórica que lleva a preguntarnos qué somos, de dónde venimos y hacia dónde vamos. Y de nuevo frente a su determinación, nuestra duda; frente a su unidad, nuestra división; frente a su audacia, nuestra debilidad.

Pues bien, ya hemos demostrado todo lo que teníamos que demostrar desde que nos reconcilió el pacto constitucional de 1978. Hemos procurado abonar todas las facturas de los errores históricos cometidos, y lo hemos cumplido con creces. Hemos hecho todos los ejercicios de generosidad que cabía hacer. Ahora, ha llegado el momento de evitar que una amenaza de desintegración arrebate nuestra alma colectiva y nos sumerja de nuevo en una crisis de identidad.

En este momento de la historia nos toca actuar con firmeza y no ceder un ápice más. Porque si consentimos que la ofensiva nacionalista secuestre la Constitución, España como Nación será historia; pero que nadie se lleva a engaño, el riesgo no sólo será para el futuro de España, sino para la democracia constitucional y para la propia libertad.

Este es el contexto desde el que, a mi modo de ver, debe enfocarse el debate y la reflexión sobre las medidas y las iniciativas que pueden y deben plantearse para hacer frente a una situación tan inquietante para el bien común de España y que puede, objetivamente, constituir la última vuelta de tuerca en el proceso de ruptura y desintegración de España. De ahí que en las próximas tribunas nos propongamos esbozar una serie de propuestas en orden a la restauración de la Nación, la recomposición jurídico-política del Estado, así como al reforzamiento de la conciencia nacional de los españoles.

Alfredo Dagnino, Consejo editorial de Intereconomía.