El clima de Derechos Humanos en el país supone un motivo de preocupación para la celebración de los juegos en China, tal y como ha detallado la organización en un comunicado, que ha señalado la falta de libertad de los medios de comunicación y de Internet, el encarcelamiento de más de un millón de musulmanes en campos de "educación política" y la falta de transparencia.

Asimismo, ha señalado la situación en Hong Kong y el aumento de las restricciones a la libertad de expresión.

Ante estas violaciones y represión, "el COI debe llevar a cabo inmediatamente una sólida diligencia en materia de Derechos Humanos en torno a los preparativos de los Juegos Olímpicos de Beijing de 2022 y explicar sus esfuerzos para gestionar los riesgos para los Derechos Humanos relacionados con los Juegos antes de febrero de 2021".

HRW ha señalado el deterioro "considerable" que ha tenido el país asiático en materia de Derechos Humanos desde la celebración de los Juegos Olímpicos de Pekín, en 2008, aunque ya en ese entonces se cometieron atropellos como desalojos forzosos y el silenciamiento de activistas de la sociedad civil.

Nadie consiguió obtener un permiso para protestar en las zonas que el Gobierno acordó establecer para los juegos, y al menos una persona que lo intentó, Ji Sizun, fue encarcelada por intentar conseguir un permiso.

No obstante, el Gobierno del presidente Xi Jinping "ha reforzado significativamente los controles sociales y la supremacía del Partido Comunista Chino", imponiendo mayores restricciones a la religión, la sociedad civil, Internet, los medios de comunicación y las universidades.

Además, ha procesado a numerosos activistas y periodistas con cargos infundados, ha perseguido a los musulmanes turcos en Xinjiang y a otras minorías étnicas y ha desmantelado drásticamente las libertades en Hong Kong.

La organización también ha denunciado que las autoridades chinas utilizaron los juegos de 2008 para justificar una importante expansión del aparato de seguridad nacional y la inversión y promoción de tecnologías de vigilancia como el reconocimiento facial, lo que "permitió una mayor represión durante la siguiente década".

En ese entonces, "el COI guardó silencio", ha asegurado la directora de China de HRW, Sophie Richardson, y ha asegurado que la adopción de nuevas normas requiere una acción significativa y decisiones difíciles, o de lo contrario es sólo un insulto a todos los que sufren las violaciones masivas de derechos de Pekín", en referencia a la publicación a principios de año de un decálogo del COI en materia de Derechos Humanos.