La Alta Representante de Política Exterior y de Seguridad Común de la UE, Catherine Ashton, ha manifestado su "profunda preocupación" por la aprobación "apresurada" en el Parlamento ucraniano de "varias normativas que restringen los derechos fundamentales de los ciudadanos ucranianos",  como el derecho a manifestación, sin respetar "los procedimientos parlamentarios y los principios democráticos", por lo que ha instado al presidente ucraniano, Viktor Yanukovich, a "garantizar que estas decisiones se revisan y se alinean con los compromisos internacionales de Ucrania".

   "En particular, estoy preocupada por los cambios en el ordenamiento jurídico que imponen preocupantes restricciones a los derechos de reunión y de libertad de expresión y son contrarias a las obligaciones internacionales de Ucrania", ha denunciado Ashton en una nota de prensa.

   La jefa de la diplomacia europea ha dejado claro que "los cambios parecen recortar seriamente las actividades de organizaciones de la sociedad civil en Ucrania" y que "los procedimientos simplificados para la revocación de candidatos de miembros del Parlamento son igualmente de preocupantes".

NO CONTRIBUYEN A RESOLVER LA CRISIS POLÍTICA

   "Estos hechos lamentables llegan en un momento de crisis política y no contribuyen a construir la confianza y a encontrar una solución política, que sólo puede ocurrir a través de un diálogo incluyente con todos los actores", ha avisado.

   Por ello, Ashton ha hecho un llamamiento al presidente ucraniano para "garantizar que estas decisiones se revisan y se alinean con los compromisos internacionales de Ucrania".

   Miles de personas en Ucrania llevan manifestándose en la calle desde finales de noviembre para protestar por la decisión del Ejecutivo de Kiev de paralizar la firma de un acuerdo de asociación y de libre comercio con la UE por presiones de Rusia.

   En este contexto, el Parlamento ucraniano aprobó el jueves una legislación que restringe las protestas en las calles y prohíbe la instalación de tiendas de campaña, escenarios o altavoces en las zonas públicas del país sin autorización previa, estableciendo multas de hasta 640 dólares (470 euros) o 15 días de prisión, en una decisión que ha provocado numerosas críticas por parte de la oposición.

   Además, los manifestantes y organizaciones que proporcionen instalaciones o equipamiento para encuentros sin autorizar podrán ser condenados al pago de una multa de 1.275 dólares (937 euros) o enfrentarse a una pena de diez días en prisión.