Dama de alta cuna y de baja cama, así es como los poderes fácticos consideran a la justicia, una dama que vende sus encantos al mejor postor, a quién pague sus honorarios. No es de extrañar en una nación en la que durante décadas un órgano político ha prostituido nuestro derecho, hasta llegar a la aberración jurídica de otorgar a nefastas uniones contra la naturaleza la condición de matrimonio.         

 Nada se puede esperar de una justicia, en la que el presidente del tribunal constitucional afirma que resolver sobre la anticonstitucionalidad de la ley del aborto no es urgente, nada se puede esperar de nuestra justicia, pero tampoco de una sociedad envilecida que no se moviliza para pedir la inmediata dimisión del señor Sala,  al final los gobiernos y las  instituciones son el espejo de la sociedad en la que están incardinadas.       

   Hoy, son las nuevas tasas judiciales,  la exposición de motivos de la misma no tiene nada que envidiar al derecho soviético, como las declaraciones y la actitud del señor Sala no difiere en nada de  la conducta de los jueces nazis, los no nacidos tienen menos derechos que los judíos en el Reich de los mil años, claro está al ser una tasa “la determinación de la carga tributaria no  se hace a partir de la capacidad económica del contribuyente, sino del coste del servicio prestado”, y el coste del servicio de los cientos de miles de niños no nacidos es la condenación eterna de una justicia y de una sociedad que lo ha permitido.       

   Sólo los gobiernos totalitarios impiden el acceso de los ciudadanos a los tribunales, sólo los gobiernos dictatoriales que se creen poseedores de la verdad, pueden limitar y penalizar el acceso a la revisión de los actos tanto judiciales como administrativos.       

    Es evidente que todos nos equivocamos, el error es consustancial a nuestra naturaleza, y por supuesto a los tribunales de justicia  también, por lo que cualquier sistema que quiera llegar a ser un reflejo aunque sea muy pálido de la Justicia, tiene que garantizar, facilitar y hacer posible el acceso a la segunda instancia en todo tipo de litigios.    

      No se resuelve el problema de la justicia con tasas judiciales, el mal de la misma tiene raíces mucho más profundas como la inexistencia de un poder judicial independiente  o la recepción por el parlamento español de normas que afectan al derecho de la persona totalmente contrarias a nuestro Derecho, legalizadas , nunca legitimadas por un órgano político como es el llamado tribunal constitucional, ese custodio de la “última” interpretación custodiado por los políticos a los que tiene que custodiar.       

   En definitiva, el problema de España y de nuestra justicia tiene su origen en otra causa;  los poderes innombrables que nos quieren gobernar, esos que no están sujetos a regulación jurídica alguna, han seducido a nuestra élite dirigente  y conducido después a nuestro sistema jurídico por la senda del reconocimiento como derechos el apetito de bienes y placeres prohibidos por la ley eterna, habiendo transgredido nuestro ordenamiento político, jurídico y económico el orden natural de las cosas, en clara violación de la ley eterna e inmutable.      

    Hemos abandonado la ley eterna, en un acto de libertad y de soberbia, hemos dado la oportunidad a nuestra clase dirigente  de “pecar”, y ésta en uso de la libertad que la ley eterna  le ha otorgado ha “pecado”, y una sociedad que actúa contra el orden natural entra en el camino de su disolución, camino que nuestro Régimen ha convertido en autopista directa al desastre en el que nos encontramos.       

   Y, ahora el gobierno lo quiere arreglar con una tasa, al final lo de siempre, la vieja dama a la búsqueda de placeres prohibidos, necesita más dinero para engañar a los jovencitos, y claro está a nosotros nos toca pagar la cama, eso sí con IVA al 21%.

José María Álvarez Cuartas