Van desvelándose los perfiles del "gran cambio" andaluz. Se esperaba con interés la presentación en sociedad del nuevo consejero de Salud y Familias, Jesús Aguirre. Por cierto, la amalgama de los asuntos sanitarios con los familiares y la adición del plural (el PP se había comprometido a la creación de una "consejería de Familia", en singular) ya habían descafeinado considerablemente la inyección ideológica que VOX consiguió introducir en el acuerdo de investidura. El singular "familia" implica que hay un modelo óptimo "la familia estable formada por el padre, la madre y sus hijos biológicos- en el que se consiguen los mejores resultados sociales y educativos: múltiples estudios demuestran que los niños se desarrollan mejor "escolar, emocional y hasta físicamente- cuando se crían con su padre y su madre que cuando lo hacen con cualesquiera otras personas. Usar el singular le compromete a uno a buscar la -ciertamente difícil- vía media que permita promover lo óptimo sin por ello dejar de dispensar la ayuda necesaria a lo subóptimo.

La comparecencia de Aguirre ha terminado de despejar las dudas sobre lo que puede esperarse de un gobierno PP-Ciudadanos: quizás una mejor gestión en algunos aspectos, pero sin sobrepasar en ningún caso las líneas rojas del progresismo.  En lo sanitario, el nuevo consejero anunció una serie de medidas técnicas que posiblemente repercutirán en servicios más eficientes: eliminación de la subasta de medicamentos, libertad de elección de especialista, plan de dignificación de los profesionales de la salud andaluces… No dijo nada, sin embargo, sobre la necesidad de reducir el número de abortos (no puede sorprender, pues el PP exigió el expurgamiento de la expresión "disuadir del aborto" en el documento del acuerdo con VOX). Y hay mucho que se puede hacer sobre ello a nivel autonómico, aunque sea el Estado quien tenga las competencias penales. Por ejemplo, aplicar a rajatabla la Ley de Autonomía del Paciente que obliga a informar sobre los riesgos de la intervención. Hacer ecografías que confirmen la edad gestacional. Introducir ayudas a las embarazadas en apuros, con una finalidad explícitamente disuasoria del aborto. Establecer que, para poder tomar la decisión de abortar, la madre debe antes entrevistarse con un asistente social que le informe sobre las ayudas disponibles o la posibilidad de entregar al hijo en adopción.

En lo relativo a "las familias", el nuevo consejero se mantuvo en el mismo registro tecnócrata e ideológicamente aséptico: "ayudas directas y beneficios fiscales",  "apoyo a las familias que incluyan personas discapacitadas"… Eso no es política familiar, sino política social. La política familiar debe incorporar un marchamo específico de promoción de la formación y estabilidad de las familias: una promoción que ha llegado a ser necesaria porque, cada vez más, las familias o no llegan a formarse, o se rompen.

¿Y por qué es tan vital para la sociedad que se formen familias, y que no se rompan después? Porque es en la familia hombre-mujer donde se engendra y educa a los hijos. Y nuestro país tiene un terrible problema de infranatalidad que pone en peligro su sostenibilidad, como hemos explicado tantas veces desde estas líneas.

No, el nuevo consejero no utilizó siquiera la palabra "natalidad", ni habló de promover los nacimientos: tampoco puede sorprender, ya que el PP rechazó la propuesta inicial de VOX, que era la creación de una consejería "de Familia y Natalidad". Expresiones como "disuasión del aborto" o "fomento de la natalidad" le manchan a uno indeleblemente con el estigma del oscurantismo. El PP y Ciudadanos se quieren progresistas y trendy. La reducción del aborto y la promoción de la natalidad quedan, pues, como monopolio ideológico de VOX. Y, de hecho, fue María José Piñero, diputada por Sevilla del partido "reaccionario", la única que se atrevió ayer a usar las palabras prohibidas.