Así lo ha indicado a preguntas de los medios en relación con la inquietud generada por la posible excarcelación del conocido como el "loco del chándal", Manuel G. G., condenado por varios asesinatos, lesiones y agresiones sexuales, tras atacar a varias mujeres con cuchillos a principios de los noventa en el Baix Llobregat y por la de Miguel Ricart, condenado a 170 años de cárcel por el triple crimen de Alcàsser (Valencia).  

  Torres-Dulce, que ha asistido al acto de toma de posesión del nuevo Fiscal Superior de la Comunidad, Antonio Montabes Córdoba, ha recalcado que entiende la "preocupación y posible alarma social que  puede suscitarse" en estos casos aunque ha hecho hincapié en que estas situaciones "son consecuencia del Estado de Derecho y la aplicación rigurosa de una sentencia que provoca estas consecuencias absolutamente inevitables".

 DISCREPANCIA "RADICAL"

   Al respecto, ha hecho hincapié en que España es un Estado de Derecho, regido por la ley y el respeto y acatamiento a las decisiones de los tribunales internacionales a los que se ha sometido, cuyas resoluciones "debemos cumplir aunque, como en este caso, discrepemos radicalmente de sus argumentos jurídicos y conclusiones".   

 En este sentido, ha recordado que en Barcelona "desde hace muchos años" está "activado y se ha activado ya un protocolo por el que se traslada a la Policía las puestas en libertad de determinadas personas para que, siempre con el más estricto respeto a la legalidad y derechos fundamentales, se supervisen posibles conductas", y ha recalcado que este protocolo está también activado no solo en Cataluña sino también en "toda España donde hay excarcelados".

   Torres-Dulce ha subrayado que Barcelona fue "pionera" en este protocolo y ha precisado que se trata de una "especie de advertencia" a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad para que valoren las circunstancias que existen "siempre con respeto a la libertad y los derechos fundamentales" de la persona excarcelada.

   Preguntado por si esta situación es equirable a la de Ricart, ha puntualizado "todas las Fiscalías de España tienen la indicación de activar estos protocolos y conexión con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad", con el respeto a la libertad, que es un "derecho constitucional" de los ciudadanos.  

  No obstante, ha indicado que la Policía tiene "funciones de prevención de carácter delictivo y de supervisión de situaciones peligrosas" y ha aclarado que no consiste "estrictamente" en una vigilancia. Según ha indicado, supone la puesta "en conexión" de la Policía de los datos que reciben de los centros penitenciarios donde se valoran conductas y posibilidades de reinserción, para que luego a las Fuerzas de Seguridad del Estado les corresponda la decisión de "cómo se lleva a cabo".