La semana pasada Pakistán volvió a ver otro espantoso ataque en nombre de la blasfemia. Las víctimas eran una pareja cristiana: Shehzad y Shama Masih. Ambos trabajaban en una fábrica de ladrillos de Kot Radha Kishan, localidad situada a 60 kilómetros de Lahore. Tenían tres hijos de corta edad y, al parecer, Shama estaba embarazada de su cuarto hijo.

   La mayoría de las informaciones apuntan a que la causa del ataque fue una disputa económica entre la pareja y el propietario de la fábrica de ladrillos, quien los había sometido a una brutal paliza en un cuarto cerrado.

   A continuación, la disputa había dado paso a una acusación de blasfemia: por lo visto, Shama había limpiado sus cuartos y quemado algunos papeles desechados, y empezó a correr el rumor de que eran hojas del Corán.

   Según la Comisión de Derechos Humanos de Pakistán, se utilizaron los altavoces de las mezquitas del vecindario para movilizar a una muchedumbre enfurecida. La turba mató a golpes a la pareja y quemó sus cuerpos en los mismos hornos de ladrillos en los que trabajaban. Los informes recibidos apuntan a que el ataque se perpetró en presencia de cuatro agentes de Policía que no pararon a la muchedumbre.

   Al margen de las verdaderas circunstancias de la acusación de blasfemia --es posible que nunca se sepa con seguridad--, los miembros de esta pareja se han convertido trágicamente en las últimas víctimas de una sucesión de crueles actos parapoliciales cometidos contra personas acusadas de blasfemia.

   Que una simple acusación pueda desembocar en una acción de represalia tan virulenta da una idea precisa de lo perniciosas que son las leyes sobre blasfemia de Pakistán. Es habitual el abuso de estas leyes --profundamente defectuosas y totalmente incompatibles con el derecho de los derechos humanos-- para resolver disputas, por lo que todo el que es acusado de blasfemia corre un grave peligro.

MINORÍA CRISTIANA

   Shehzad y Shama Masih estaban especialmente expuestos ya que pertenecían a una minoría religiosa de Pakistán, la cristiana, cuyos miembros suelen estar entre quienes sufren los peores castigos cuando se los acusa de blasfemia.

   Nadie es inmune a la cruel violencia infligida en nombre de las leyes sobre la blasfemia, ya sea por el Estado o por grupos parapoliciales.

   El año pasado, una turba de 3.000 personas incendió alrededor de 200 viviendas de cristianos en el barrio de Joseph Colony, en Lahore, después de que Savan Masih, un barrendero que vivía allí, fuera acusado de blasfemia. Pero las autoridades, en lugar de obligar a los agresores a rendir cuentas, han condenado a muerte a Savan Masih por blasfemia.

   En octubre, un guardia penitenciario disparó e hirió a Mohamad Asghar, musulmán de 70 años condenado a muerte por blasfemia y que padece esquizofrenia paranoide.

   Ese mismo mes, el Tribunal Superior de Lahore rechazó un recurso de apelación contra la condena a muerte de la cristiana Asia Bibi, condenada por blasfemia tras un juicio gravemente defectuoso. Su presunto delito había sido, al parecer, beber de un recipiente de agua reservado a los musulmanes, lo que desató una trifulca con sus vecinos.

   El primer ministro, Nawaz Sharif, ha condenado enérgicamente los asesinatos de Shehzad y Shama Masih, y el gobierno de Punjab anunció el martes que iba a establecer un comité para agilizar la investigación de estas muertes y ordenó medidas adicionales de protección policial para los barrios cristianos de la provincia. Más de 40 personas han sido detenidas desde entonces.

REACCIÓN POSITIVA DEL GOBIERNO

   Aunque la reacción del gobierno se ve con buenos ojos, aún está por ver el resultado de la investigación, ya que en el pasado han sido muy pobres los de investigaciones parecidas.

   La impunidad en torno a la violencia contra minorías religiosas en Pakistán es generalizada, y no se obliga a rendir cuentas a quienes están detrás de los ataques salvo rarísimas excepciones.

   Nada puede devolver la vida a esta pareja. Pero, terrible e inevitablemente, sus trágicas muertes no serán las últimas mientras no se tomen medidas para llevar a los responsables de esta violencia ante la justicia y para proteger a la población de los incesantes abusos relacionados con las leyes de blasfemia y, en definitiva, abolirlas.